El gobierno de Trump ha parado prácticamente el proceso del asilo, con la intención de impedir la entrada de los migrantes centroamericanos al país.

Eva Golinger

Abogada y Escritora

28/06/2019. La imagen de una pequeña niña —que aún no había cumplido ni dos añitos— y su padre, abrazados y muertos a orillas del Río Grande, justo en la frontera estadounidense, ha indignado al mundo. Él era Óscar Martínez Ramírez y ella, su hija, Valeria Martínez, ambos de El Salvador. Venían, junto con la mamá de la niña, huyendo de la violencia y miseria en su país de origen, buscando una vida digna en Estados Unidos. Intentaron llegar por la vía correcta, por el camino legal. Querían pedir asilo y trataron de hacerlo desde México. Pero los obstáculos que ha puesto el gobierno de Trump a las solicitudes de asilo impulsaron a Óscar a llegar por otra vía. Y fue un final trágico.

El gobierno de Trump ha parado prácticamente el proceso del asilo, con la intención de impedir la entrada de los migrantes centroamericanos al país. Usando un sistema de ‘metering’, o limitando el número de solicitantes y colocándolos en una larga lista de espera, el Ejecutivo estadounidense ha frenado el número de refugiados y asilados que llegan a EE.UU.

La política de limitar el asilo comenzó en el 2017, como parte de las medidas anti-migrantes de Trump. Antes, los migrantes que solicitaban ese beneficio en la frontera entraban con un estatus de ‘parole’ o ‘condicional’, mientras se procesaban sus peticiones. Incluso, recibían documentos legales para trabajar en EE.UU. durante la espera por el resultado de su trámite migratorio. No había una lista para los asilados, hasta que Trump llegó a la Casa Blanca.

El gobierno de Trump no solo pone a los migrantes a esperar, sino que les impide la entrada a Estados Unidos. Tienen que quedarse en México por cuenta propia y tiempo indeterminado. No hay ninguna garantía de poder entrar en el futuro, ni una manera de asegurarse un puesto o averiguar su fecha de cita. Esa es la manera que tiene la actual Administración de decirle a los migrantes que no los quiere; que si intentan entrar por la vía legal, no hay cupo; y que tienen que esperar indefinidamente al otro lado de la frontera.

Si entran por la vía ilegal, corren el riesgo de ser aprehendidos y puestos en campamentos de detención, donde sufrirán abusos y maltratos, y en algunos casos, tortura. Donde podrían ser separados de sus niños sin ninguna garantía de juntarse de nuevo. Donde luego los pueden deportar sin ninguna posibilidad de ingresar de manera regular.

Entonces, el desespero ante esta realidad y el conocimiento de que la puerta estaba más que cerrada por la vía legal, llevaron a Óscar a arriesgar sus vidas. Optaron por cruzar el Río Grande, del lado mexicano al lado estadounidense, contra la fuerte corriente, en lugar de esperar por tiempo indefinido, sin ninguna ayuda ni perspectiva cierta de poder entrar regularmente a Estados Unidos. Óscar se lanzó al río con su hija Valeria sobre sus hombros. Llegaron al lado estadounidense, peleando contra la corriente. El padre dejó a la niña en la orilla y regresó a buscar su esposa, quien esperaba aún en el lado mexicano. Pero la pequeña Valeria, de solo 23 meses de edad, hizo lo que hacen muchos niños asustados. Siguió a su padre, no se quería quedar solita, y se lanzó al río. La corriente se la llevó y Óscar corrió nadando a rescatarla. La abrazó a ella y ella a él, y colocó su camisa sobre los dos, para atarse juntos y asegurarse de que el poderoso río no los podría separar. Y así se ahogaron, juntos, abrazados, envueltos en la camisa de Óscar. El pequeño brazo de Valeria sobre los hombros de su papá. Más doloroso aún, la esposa de Óscar, mamá de Valeria, fue testigo de la trágica muerte de sus amados. Ella, del otro lado del río, sin poder hacer nada sino gritar y llorar del desespero y del dolor.

«La muerte de Óscar y Valeria representa una falla de atención hacia la violencia y el desespero que impulsa a la gente a embarcarse en viajes peligrosos con la perspectiva de una vida segura y digna», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

En el mes de mayo de 2019, más de 130.000 personas fueron detenidas al entrar a Estados Unidos por la frontera con México. La mayoría son centroamericanos, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Países con una larga historia de conflictos e intervencionismo de Washington. De hecho, EE.UU. ha promovido y financiado —y armado— guerras civiles y golpes de Estado en todas esos naciones, lo cual lo hace responsable por la sistemática inestabilidad, violencia, inseguridad y corrupción que ha persistido durante décadas en la región. Por eso, miles de centroamericanos ven el norte como un lugar de refugio, donde pueden escapar de la violencia y miseria que Washington dejó atrás, y donde es su derecho recibir esa protección.

Antes de Trump, Estados Unidos tenía una crisis migratoria. Su sistema estaba roto, hacía falta una reforma legislativa desde principios del siglo XXI, pero la guerra contra el terrorismo, que comenzó después de los ataques del 11 septiembre de 2001, impidió que el tema fuese tratado por el Congreso. Obama prometió una reforma migratoria durante su primera campaña presidencial, en 2008, y nunca lo logró. Ni siquiera lo intentó. De hecho, las deportaciones de inmigrantes sin estatus legal en el país aumentaron durante el gobierno de Barack Obama, hasta el punto de ganarse el mote de ‘jefe de las deportaciones’.

A diferencia de Obama, Trump ha inyectado crueldad en sus políticas migratorias. No solamente detienen y deportan a los migrantes, o impiden su entrada usando la fuerza: están separando familias, secuestrando niños, abusando y torturando a menores de edad. Recientemente, todos los principales medios de comunicación en Estados Unidos publicaron reportajes sobre las condiciones inhumanas en que el gobierno de Trump ha detenido a cientos de niños migrantes. Jóvenes de siete años llevando ropa sucia, enfermos, que están cuidando a infantes —bebés a los que apenas conocieron en el centro de detención— porque no hay adultos que lo hagan. No hay pañales para los niños chiquitos, andan sucios. Muchos tienen gripe u otras enfermedades. No tienen acceso a jabón, pasta de dientes o cepillos. «Huele feo», han comentado los abogados que visitaron uno de esos centros. «La mayoría de los niños no se ha podido bañar desde que cruzaron la frontera», relató Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Al menos seis niños han muerto desde principios del 2018 bajo custodia de las autoridades migratorias. Todos por enfermedades tratables. O sea, muertes innecesarias y evitables.

Los niños duermen en pisos de cemento en los centros de detención, no tienen camas ni colchones. Solo les dan una cobija aluminizada, supuestamente para el frío. Muchos han estado en esos lugares durante semanas o meses, en condiciones que se pueden considerar comparables a la tortura. Una abogada del Departamento de Justicia de Trump argumentaba, ante un Tribunal que en San Francisco, California, cuestionaba las condiciones de sanidad donde tienen a los niños migrantes, que el gobierno no estaba obligado a darles jabón o pasta de dientes, o camas, a los niños detenidos. Según ella, ya estaban cumpliendo con la obligación de asegurar una condición ‘segura y sana’ para los niños. Ni los prisioneros de guerra son tratados así.

El derecho al asilo es justamente eso, un derecho inalienable. Bajo sus propias leyes, y también las del derecho internacional al cual está obligado, Estados Unidos está comprometido a proteger a los solicitantes de asilo y los refugiados. No puede rechazarlos sin antes investigar y procesar sus casos. No obstante, el gobierno de Trump está desafiando las leyes y los principios básicos del asilo. En su lugar, está promoviendo una política xenófoba y racista, que discrimina explícitamente a la gente pobre y no blanca.

«Solo queremos a los mejores inmigrantes aquí», ha declarado Trump. Su propuesta migratoria está fundamentada en los ‘méritos’ de los inmigrantes. Solo la gente educada, con dinero e influencia es bienvenida en los Estados Unidos de Donald Trump. Los demás pueden terminar como Óscar y Valeria, muertos en una orilla del Río Grande, del lado estadounidense. La indignación por su muerte debería ser un grito mundial para actuar contra tanta crueldad.