Familiares de prisioneros asesinados en Frontón, Lurigancho y Callao,  denuncian negativa para entrega de restos. Memorial en cementerio fue destruido.

Daniela Pizarro A. Periodista. 26/06/2019. Representantes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG) y del Instituto de Asesoría e Investigación Jurídica Ratio Iuris del Perú, estuvieron la semana recién pasada en la capital chilena realizando una serie de actividades para denunciar la persecución política que viven sus familiares aun después de muertos, asimismo, para encontrar la solidaridad de sus pares chilenos. En ese marco se reunieron con agrupaciones de derechos humanos y rindieron homenaje en el memorial de los detenidos desaparecidos del Cementerio General. También proyectaron el documental “Héroes de hoy Pregoneros del mañana” en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y en esa misma cita fueron parte del foro “En defensa de la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos”.

En conversación con ElSiglo.cl María González de AFADEVIG y el abogado Alex Puente del Instituto Ratio Iuris, reivindicaron la lucha de los prisioneros políticos y acusaron al Estado peruano de persistir con el acoso hacia los familiares y las víctimas, ya que demolieron el memorial y las tumbas.

Se trata de los senderistas apresados en los penales del Frontón, Lurigancho y Callao, quienes fueron asesinados por las fuerzas policiales y militares los días 18 y 19 de junio de 1986 bajo el primer gobierno de Alan García. La versión oficial señala que los prisioneros realizaron un motín en medio de una reunión de la Internacional Socialista en Lima. Finalmente los restos de los más de 250 jóvenes asesinados fueron dejados en diferentes lugares de la nación inca.

González y Puente recalcaron que el Estado peruano nunca reconoció que en el país hubo un conflicto armado interno y solo aplicó una política genocida contrasubversiva que arrasó con pueblos enteros sobre todo en las zonas rurales donde hay miles de desaparecidos.

“Mientras a nuestros familiares los asesinaban a nosotros nos reprimían en las afueras del penal. Se llevaron detenidos a mujeres y niños y los torturaron en las comisarías. Después cuando supimos que habían asesinado finalmente a nuestros familiares fuimos a reclamar los cuerpos a la morgue, pero no los quisieron entregar”, sostuvo María González.

Después de 33 años los familiares siguen demandando a la justicia la entrega de las víctimas para poder sepultarlos. Hasta el momento el Estado entregó 23 cuerpos. Los dirigentes dicen que las autoridades se niegan a entregar información sobre los cuerpos, sin embargo, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se obligó al Estado a entregar los restos de dos exprisioneros, los cuales extrajeron de diferentes cementerios y a través de pericias antropológicas fueron identificados para su entrega final. También las organizaciones saben que hay un grupo de asesinados en El Frontón que fueron dinamitados y prácticamente solo quedó polvo, por lo tanto, es imposible de determinar quiénes son y por ende no se entregarían.

Hace dos años las familias lograron rescatar los restos de ocho cuerpos, entre ellos, el hermano de María González, los cuales fueron sepultados en el Cementerio de Comas, al interior de Lima. “Hemos buscado un lugar que está prácticamente abandonado al interior del cementerio, es un monte, donde los sepultamos a todos juntos, ya que en vida lucharon juntos y de la misma manera murieron. Pero al poco tiempo el gobierno comenzó a decir que se había edificado un ‘mausoleo del terror’, donde están los senderistas. Pero para nosotros solo fue darle sepultura a nuestros familiares”, explicó la representante de AFADEVIG.

Tras ello el gobierno modificó la ley de cementerios, específicamente un artículo que otorgaba exclusivamente a los familiares el poder de trasladar los féretros, y abrió la jurisprudencia también para el municipio. Organismo que finalmente envió funcionarios para retirar los cuerpos y demoler el mausoleo, sin previo aviso.

“Cuando se retiró la policía y toda la maquinaria pudimos entrar y efectivamente vimos ocho nuevas sepulturas en tierra, pero sin sus nombres. Sin embargo, a mi no me consta que esté mi hermano ahí, porque también pudieron devolverlos a las fosas comunes. Esta demolición también es parte de la persecución política. Cuando los asesinaron nos detuvieron, cuando reclamamos sus cuerpos nos reprimieron y ahora que pudimos enterrar a algunos nos destruyen todo”, expuso María.

Ensañamiento jurídico

El abogado Alex Puente apuntó que la lucha de los prisioneros políticos que fueron asesinados en el Frontón, Lurigancho y Callao es parte de proceso histórico de la emancipación de los pueblos de América Latina, por eso indicó que el 19 de junio es conmemorado por las fuerzas de izquierda peruanas como el Día de la Heroicidad.

Respecto a las decenas de prisioneros políticos que dejó el desbaratamiento del Sendero Luminoso el profesional dijo que la justicia aplicó la ley contrasubversiva y se les negó todo tipo de beneficios carcelarios, no obstante, los abogados apelaron a la inconstitucionalidad de los procesos, lo que fue refrendado por el Tribunal Constitucional, producto de lo cual quedaron varios prisioneros en libertad.

“La persecución política se ensañó con los presos que quedaron y les dio penas altísimas, de 25 a 30 años, hasta cadenas perpetuas, pero desde el termino del conflicto-27años- esas penas altas ya se cumplieron y varios pudieron salir. Pero se busca constantemente alargar las penas de los que van quedando a través de las requisas, ya que si encuentran alguna revista, que dé cuenta de que están al tanto de la política nacional, eso ya es base para abrir nuevos juicios”, dijo Puente.

Según el jurista al término de cualquier conflicto armado los Tratados de Ginebra señalan que hay que dar una amnistía lo más amplia posible, pero como el Estado se niega a reconocer que se trató de un conflicto y lo tilda de terrorismo, se cierra la posibilidad de amnistía y se mantienen los casos abiertos.

Otro punto que Puente resalta como parte de la persecución es una nueva modificación legal que quita la patria potestad de los hijos a quienes son condenados por terrorismo. “Esto es aberrante, no tiene razón de ser, es un ensañamiento que no tiene justificación, ya que en el Perú no hay conflicto armado hace 27 años”, aseveró.

Esas y otras medidas persecutorias se extienden a abogados, familiares y todos aquellos que levanten un discurso marxista, leninista o maoísta, a quienes se les tilda de sospechosos. “Hay mucho miedo en la ciudadanía de expresar algún pensamiento crítico”, aseveró.

Y en la misma línea el profesional indicó que “esto hay que resolverlo políticamente, porque es un conflicto que tiene motivaciones y fines políticos. Nuestro país necesita cerrar las heridas, pasar la página y avanzar históricamente, sabemos que el camino es complejo, pero el pueblo avanza y poco a poco se abre paso a democratizar la sociedad peruana”.