Las revelaciones sobre la historia de corrupción que cercanos del opositor venezolano ejecutaron en la ciudad fronteriza.

Randy Alonso Falcón. Periodista. 18/06/2019. Las revelaciones este fin de semana de la publicación Panam Post sobre la trama de corrupción que familiares y allegados de Juan Guaidó han ejecutado en la ciudad colombiana de Cúcuta y otros elementos inmorales que van saliendo a la luz, han estremecido a la sociedad venezolana y muestran la cara enlodada de la oposición golpista en Venezuela, que ha pretendido erigirse en “salvadora” de esa nación.

El making off del 23 de febrero

La investigación publicada el pasado viernes bajo la firma de Orlando Avendaño, editor jefe de esa publicación, confirma en primer lugar la podredumbre que rodeó el frustrado show político en la frontera colombo-venezolana el pasado 23 de febrero. Un siniestro y publicitado montaje de «ayuda humanitaria» bajo la coautoría del golpismo venezolano y de personajes como Iván Duque, Sebastián Piñera, Mike Pence, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio y Luis Almagro.

También certifica el hálito de fracaso que rodeó a esa operación: “Fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Son muchas las razones. Improvisación, manejo de información desacertada, mediocridad o simple ingenuidad. El 23 de febrero ningún camión cargado con ayuda humanitaria pudo entrar a Venezuela”, afirma el reportero.

Piezas claves en el armado del 23 de febrero fueron los diputados opositores José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes llevaban meses viviendo en Colombia y tenían cercanía con el Gobierno de aquel país. Ellos dirigieron el operativo en la frontera que terminó en un chasco y fueron blanco de las críticas de sus propias filas. El 24 de febrero fueron desplazados de importantes y jugosas misiones.

Pero en medio de la clara derrota, los alabarderos del golpismo levantaron como la gran conquista de ese día las escasas decenas de militares que traicionaron a su ejército y cruzaron la frontera. Según el reportaje, la cifra de ese 23 de febrero fue de más de cuarenta. A los tres días ya iban más de 270 militares y policías. Una escasa fuga a cuentagotas en una fuerza militar de más de 200 mil efectivos.

Detrás de los “héroes” desertores para medios como NTN24, Caracol y otros voceros de la oligarquía colombiana, había historia que contar. “Las reseñas sobre quienes engrosan la lista de desertores son terribles. ´Se cuentan con los dedos los militares decentes que están allí´, me dice alguien de Cúcuta. Y, para mayor indignación, no todos los que son tratados como grandes institucionalistas y corajudos llegaron a Cúcuta luego de huir del régimen de Nicolás Maduro”, escribe Avendaño.

“Ante la jugosa oferta de amparo financiero, militares que habían emigrado a Perú o a Ecuador, antiguos funcionarios, civiles con documentos falsificados, se presentaron en Cúcuta a vociferar su supuesto respaldo al nuevo Gobierno de la oposición venezolana”.

[…] “Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. La cifra oficial que había reportado el Gobierno de Juan Guaidó, ya para abril, era de 1 285 funcionarios. El pequeño ejército con el que contaba el presidente, pero que hasta ahora daba muy mala impresión en Cúcuta. Prostitutas, alcohol y violencia. Exigían y exigían. Pero poco podían hacer los hoteles. Al final, aquello no era de gratis”.

Es decir, ni tantos, ni tan buenos, ni tan nuevos.

Y la famosa “ayuda humanitaria” que era la cobertura del show político del 23 de febrero y que apenas cubriría las necesidades de unos miles de venezolanos, se ha podrido en los galpones, a pesar de que allí mismo en Cúcuta hay miles de colombianos pasando hambre.

Cuenta Avendaño en su trabajo: “Según me confirmaron tres fuentes, que pidieron, me ratificaron en todo momento que guardara su condición de anonimato por lo delicado de la denuncia, al menos el 60 % de todos los alimentos donados por aliados del Gobierno de Juan Guaidó se dañó. Me mostraron fotos sin compartírmelas”.

“La comida está podrida, me dice. ´Todo lo que envió el presidente Piñera ya no sirve. Está ahí. No saben qué hacer con ello para que no se arme un escándalo. Lo quemarán, imagino´”.

El concierto de la provocación y la opacidad

El día antes del frustrado intento de manipular el paso de “ayuda humanitaria” de Colombia a Venezuela, se había efectuado el famoso concierto en Cúcuta para el que se contrataron a varias figuras internacionales, con el “generoso” aporte del multimillonario británico Richard Branson.

El objetivo del show musical cerca de la frontera era tener concentrado a miles, listos para avanzar al otro día hacia territorio venezolano.

Más los cálculos de los organizadores fueron errados. Apenas 30 mil espectadores tuvo el concierto, para el que se pronosticaban no menos de 300 mil asistentes.

Mucha nebulosa quedó alrededor de aquel concierto que todavía sigue planteando interrogantes. Otro artículo del Panam Post publicado este lunes deja caer varias preguntas claves sobre ese acontecimiento:

¿Cuánto dinero se recolectó en el concierto a beneficio de Venezuela realizado en Cúcuta?

¿Dónde está el dinero recolectado en el concierto en Cúcuta?

¿Qué rol cumplió el primo hermano del presidente interino Juan Guaidó en dicho concierto y en razón de qué se le dieron responsabilidades en el mismo, si las tuvo?

En el sitio http://venezuelaaidlive.com se refleja el monto exacto recaudado tras el concierto: 2.351.812 dólares estadounidenses. Se informa también sobre la creación de la fundación Aid Live Foundation para “garantizar la continuidad de los esfuerzos para la atención de la emergencia humanitaria”.

El sitio web señala que atenderán “el desarrollo integral para la infancia, el acompañamiento nutricional en la niñez, salud y acceso a servicios básicos para los niños y la promoción de bienestar de las familias migrantes radicadas en Colombia”.

Afirma también que los proyectos serán auditados y que “las organizaciones con las que trabajen de cerca deberán cumplir con los criterios para recibir fondos de agencias internacionales de financiamiento”. Hasta la fecha, no figura ningún reporte sobre el destino actual del dinero.

La pareja del derroche

El 24 de febrero, Gaby Arellano y Juan Miguel Olivares, sufrieron otro de los Golpes de Guaidó. Ambos fueron desplazados del control de importantes recursos.

Juan Guaidó firmó ese día una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio», revela la investigación de Panam Post.

Kevin y Rossana serían por tanto los designados para manejar el dinero que pagaría la estancia de parte de los militares desertores en territorio colombiano.

De los siete hoteles donde estaban los exmilitares, el Gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A Guaidó y sus fuerzas golpistas le correspondía el pago de dos hoteles: el Ácora y el Vasconia.

Cuenta el Panam Post: “Sin embargo, a principios de mayo, se empezó a tensar la realidad de los desertores. El Gobierno de Juan Guaidó no les respondía. El hotel Ácora, administrado por Venezuela, no había recibido el pago y, para el 6 de mayo, guardaba una deuda de 60 millones de pesos (unos US$ 20 mil).”

[…] “Finalmente, ante la incapacidad de sostener esa realidad, el hotel Ácora decidió desalojar a los 65 militares y sus familiares”.

¿Y qué pasó con el dinero que fluía desde Caracas y otros lugares para asegurar la estancia de los exmilitares? Panam Post se topó con revelaciones de escándalo como estas sobre la actuación de los potentados de Guaidó en Cúcuta: «Estos nombres son claves; sin embargo, las miradas se deben posar sobre la mujer, Rossana Barrera, quien es la cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero fuera secuestrado por el régimen de Maduro. Esto fue confirmado por un miembro del equipo de la presidencia.

«Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran.

«Me entregaron todas las pruebas. Facturas que demuestran excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata.

[…] «Barrera, designada por Guaidó, empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos; sin embargo, a Venezuela, subrayo, solo le correspondían dos hoteles.

«Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionada con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.»

El entorno Guaidó

Al escandaloso desfalco de los enviados de Guaidó a Cúcuta hay que añadir una buena lista de familiares y amigos que se están mojando con los millones que maneja la oposición golpista.

El Panam Post ha hecho otras preguntas interesantes:

¿Qué rol cumplen en Cúcuta en la operación del 23 de febrero Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo, hermano y primo hermano del presidente interino, respectivamente?

¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Federico Pérez, mano derecha del presidente interino y amigo de la infancia de él y de su hermano?

¿Qué rol cumple en las actividades del 23 de febrero Demóstenes Quijada, hombre de confianza del presidente interino y al mando de quién?

¿Es cierto que el dinero que se le hacía llegar a Rosana Barrera era girado por Gustavo Guaidó y Juan Victor Salcedo?

Tomando en consideración lo enviado por Lester Toledo a través de grupos de Whatsapp de activistas de Voluntad Popular, ¿quiénes son los financistas privados que hicieron llegar dinero al gobierno interino «para costear actividades no previstas por la ACNUR y otros entes»? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿A través de quién se hizo llegar?

Y hay más…

El Ministro de Comunicación del Gobierno venezolano Jorge Rodríguez dijo este lunes que los desvíos de fondos cometidos por Barrera y Rojas, designados por el partido Voluntad Popular para ayudar a los militares desertores, y «ladrones de confianza de Guaidó» eran conocidos desde hace tres meses por él y por Leopoldo López.

«El dinero lo estaba gastando no solamente Rosana y Kevin. También Freddy Superlano, Gaby Arellano, Lorent Saleh, etc. por miles y miles de dólares en hoteles de lujo, en alcohol y en prostitutas», denunció.

Puso como ejemplo el caso del diputado Freddy Superlano y su asistente el pasado 23 de febrero en Cúcuta. Presentó las fotografías de las dos mujeres implicadas en la intoxicación del diputado y la muerte de su asistente; las mujeres son señaladas además del robo de 750.000 dólares. Jorge Rodríguez mostró extrañeza por la falta de investigación por parte de las autoridades colombianas.

Durante una noche de tragos y excesos, previo al falleció el primo y asistente del diputado Freddy Superlano, quien fungía como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Aunque el legislador se recuperó tras ser hallado en grave estado de salud, su primo no corrió con la misma suerte. Perdió la vida en el bochornoso incidente luego de que dos prostitutas les “hurtaran a él y su primo sus pertenencias”.

La policía colombiana confirmaría que estaban en el motel Penélope intoxicados por escopolamina por unas “prepago”, justo antes del concierto “Venezuela Aid Live” en la frontera, donde se supone gestionarían el ingreso de la ayuda humanitaria para la nación sudamericana. (Fuente: Globovisión)

El también Vicepresidente del gobierno venezolano sostuvo que el representante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, de quien dijo «pagó con un cheque sin fondo» en los hoteles donde estaban los militares en Cúcuta es «cómplice» de los hechos. «Para tapar el escándalo fue a pagar con un supuesto cheque personal y comete otro delito porque pagó con un cheque sin fondos a los hoteles donde estaban estos militares, un supuesto embajador, o sea que, sí sabía, o sea que era cómplice», afirmó.

Durante su intervención, también acusó a Guaidó de robarse el dinero recaudado en el concierto Venezuela Aid Live realizado en Colombia en beneficio de los migrantes venezolanos, y de nombrar una supuesta junta directiva de Citgo, principal filial de la estatal Pdvsa, «para robarse 7 mil millones de dólares».

«Tenemos información que los intereses de los 7 mil millones de dólares depositados en bancos norteamericanos o de otros continentes que pertenecen a Citgo están desplazándose a cuentas personales», aseguró Rodríguez.

El ministro venezolano también denunció el financiamiento de la oposición golpista a actos terroristas contra Venezuela. Las pruebas presentadas por Jorge Rodríguez, son las capturas de pantalla de las conversaciones entre Roberto Marrero y una persona a quién denominan «Rossana de Cúcuta» (Rosana BArreras) en el que le dice a Marrero que no le alcanza el dinero para contratar los sicarios provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, a lo que Marrero se compromete a pagar entre 500.000 y 700.000 dólares para la cancelación de estos.