En estos días los pueblos originarios rechazaron plan del gobierno de “actualizar” la Ley Indígena. Se denuncia alteración a derechos de las comunidades indígenas.

Equipo ES. 26/05/2019. El gobierno propone 11 medidas (información disponible en http://consultaindigena2019.gob.cl/medidas) que buscan promover la venta de las tierras, la permuta, aumentar los plazos de arriendo, subdividir las tierras en pequeñas parcelas de media hectárea, individualizar los títulos de propiedad.

Adicionalmente, se propone complejizar la constitución de comunidades indígenas, facilitar la creación de asociaciones indígenas (con 2 miembros), propone mecanismos alternativos de reparación distintos a la tierra, y limitar la autoidentificación como indígena.

Transcurridas las cuatro primeras fechas y 21 reuniones en diferentes localidades del país es claro el rechazo de los pueblos indígenas a esta consulta.

Entre las principales razones de este rechazo está el hecho de que los pueblos originarios no estaban pidiendo una modificación de la Ley Indígena para vender y arrendar sus tierras. Por el contrario, están demandando al Estado hace largo tiempo reconocimiento constitucional, participación política, una nueva institucionalidad indígena, y el respeto de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT: autodeterminación, derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, y muy especialmente el derecho al agua, plurinacionalidad. Todo esto, reflejado en la Consulta Constituyente Indígena realizada entre 2016 y 2018.

Entre pueblos originarios se considera que el gobierno de Sebastián Piñera le pasa por encima a los compromisos asumidos por el Estado e ignora sus propias declaraciones, cuando da inicio a esta consulta sin respuestas ni acciones en relación a los temas pendientes.

No se han enviado al Congreso los proyectos de ley de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos Indígenas. A pesar de haberlo anunciado y comprometido en el denominado Plan Araucanía.

No se ha enviado al Congreso el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos originarios. A pesar de haberlo anunciado varias veces.

No se ha avanzado en la cuestión de la participación política de los pueblos indígenas, a través de escaños reservados o cuotas parlamentarias. Habiéndolo comprometido.

Con todas estas deudas del gobierno hacia los pueblos originarios, se inicia una consulta que, según dirigentes indígenas, pretende menoscabar los derechos logrados por los pueblos, resultado de la lucha de varias generaciones, y lo alcanzado en los históricos acuerdos de Nueva imperial en 1989 con Patricio Aylwin y en el marco de la transición a la democracia.

Retroceder y alterar derechos indígenas

Se recuerda que la Ley Indígena 19.253 es el resultado de ese proceso histórico y del trabajo de varias generaciones de líderes y lideresas indígenas. Eso es lo que ahora se quiere modificar, desde la administración de derecha, con la excusa de su “actualización”.

En estos días, representantes indígenas, parlamentarios y analistas señalaron que lo que busca el gobierno de Piñera con esta consulta es retroceder en materia de derechos, romper con la lógica comunitaria de los pueblos, aprovechar las tierras indígenas con fines comerciales de empresas forestales, agrícolas y ganaderas, en perjuicio de la naturaleza y de las tradiciones ancestrales.

Además, las restricciones propuestas en esta consulta para las comunidades y para la obtención de la calidad indígena buscan disminuir la población indígena en vez de promover su protección. Con menos comunidades y menos personas autoidentificadas como indígenas disminuirá la población indígena del país que viene en aumento. El último censo de 2017 indica que más de 2 millones de personas se reconocen parte de un pueblo indígena.

Como contrapartida, el incentivo que se pretende hacer a las asociaciones con fines comerciales busca instalar una lógica de negocios ajena a las comunidades. Lo que evidencia el interés ideológico de fondo de homogeneizar a los pueblos irrespetando su diversidad cultural y cosmovisión, para disminuirlos y hacerlos desaparecer imponiendo la cultura hegemónica.

Es así que desde varios sectores se expresó que insistir con este proceso de consulta es una provocación a los pueblos originarios que ya han manifestado claramente su rechazo tanto al proceso de consulta como a las medidas, en el sur, en el norte y en el centro del país. Algunos parlamentarios y dirigentes de colectividades políticas están demandando que la Consulta Indígena sea suspendida.

Por lo demás, se afirma que todo es una muestra de la enorme prepotencia que orienta las acciones del gobierno. Se estima que continuar con esta consulta da muestra de la inexistente voluntad de diálogo, de la nula flexibilidad y la mala fe del Gobierno en su relación con los pueblos indígenas.