Tras el encuentro de SP con Cieplan Foxley planteó la necesidad de alcanzar  consenso en la reforma de pensiones  y en la propuesta de “flexibilidad” laboral.

Hugo Fazio. Economista. 22/05/2019. Al informar de la reunión celebrada entre Sebastián Piñera con Cieplan, encabezada por su director Alejandro Foxley, el Diario Financiero destacó que “en la oportunidad, los partícipes rememoraron la política de los acuerdos (…)” (10/05/19). En la cita también estuvo presente como “invitado especial” Genaro Arriagada, que está actuando como asesor de la directiva de la Democracia Cristiana. El consenso fue la idea central destacada por Alejandro Foxley una vez finalizada la reunión. “El año noventa, antes de llegar al gobierno con el presidente Aylwin, -señaló- pudimos estar conversando con gente de todos los sectores (…). El partido que estaba con una mirada más abierta era RN (Renovación Nacional) y la persona con la que como ministro de Hacienda me tocó negociar y conversar –recordó- fue el actual presidente Piñera. Y ese reconocimiento hay que hacerlo, porque el gesto que hizo hoy (9 de mayo) –subrayó- muestra una actitud similar (…)” (10/09/19). Foxley visualizó este camino desde antes que asumiera Piñera su segunda administración. En una consulta realizada por El Mercurio a cuatro centros de estudios en febrero de 2018 sobre “¿cuál debería ser el sello del futuro gobierno? contestó: “Tiene la oportunidad (Sebastián Piñera) de liderar un proceso para que salgamos de la política de la confrontación y pasemos a la cooperación” (25/02/18).

Si se hace historia Sebastián Piñera y Alejandro Foxley fueron protagonistas centrales de la política de los “consensos” que se expresó repetidamente durante los gobiernos de la Concertación. El inicio de los acuerdos cupulares, como se manifestó esta  política, se produjo con la reforma tributaria del año 1990, “cuyo proyecto de ley –recordamos en El Programa Abandonado[1]– fue elaborado de conjunto con Renovación Nacional”. Y ahora nos precisa Alejandro Foxley fue  “negociado y conversado” con Sebastián Piñera.

¿Cuál fue la línea central del acuerdo? El Programa de gobierno establecía claramente la necesidad de mejorar la progresividad de la estructura tributaria, aumentándose “la contribución relativa de los impuestos directos”, elevando el gravamen de utilidades a las empresas a 15% o 20%, lo cual lógicamente fue impugnado por RN y Sebastián Piñera, por lo cual se redujo en 2010 a solo un 10%, aumentándolo al año siguiente a 15%. Como ello reducía los ingresos previstos en el Programa de Gobierno, la solución fue incrementar el IVA, el impuesto más regresivo, ya que es pagado en un porcentaje mayor sobre sus ingresos por las capas de la población que destinan sus entradas prioritariamente al consumo, gravamen que se aumentó de 16% a 18%.

José Pablo Arellano, en ese entonces director de Presupuestos y partícipe en el encuentro ahora con Sebastián Piñera, ¿cómo explicó esta regresión en un artículo publicado en 1995 de balance social del gobierno Aylwin? “La reforma tributaria –escribió- tenía como meta principal elevar la recaudación. Los objetivos de mejorar la progresividad y los efectos del sistema tributario sobre la asignación de recursos eran relativamente menos importantes, aunque también estuvieron presentes”[2]. El consenso es propio de los acuerdos concertados con la derecha.

En la coyuntura actual con los consensos se trata de reducir en algún grado la regresividad de las propuestas del gobierno Piñera, pero posibilitando en lo fundamental que sus proyectos salgan adelante, en temas que incluyen fuertes regresiones. Una demostración concreta de ello se produjo al aprobarse en general la idea de legislar en la iniciativa de reforma tributaria[3]. Un nuevo ejemplo se dio en el proyecto de reforma a las pensiones. En las versiones de la reunión Piñera-Cieplan se insistió, aunque es imposible creerlo, que “no se habló de la agenda legislativa contingente”. “La invitación –como recordó El Mercurio- ocurrió en los días previos a que se someta a votación la idea de legislar del proyecto de pensión y en medio de la discusión de la reforma laboral” (10/05/19).

“Casualmente” en su relato luego de la reunión Foxley recalcó que es “fundamental” aprobar la idea de legislar en la reforma previsional. “Seria inentendible para la gente común –sostuvo- que haya parlamentarios que se nieguen a abrir la discusión y buscar un acuerdo. Hay que aprobar la idea de legislar –explicitó- y después ver cómo mejorar lo que hay” (10/05/19). Exactamente la misma táctica seguida por el Ejecutivo, y que lograron con votos DC sacar adelante en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Al aprobarse la idea de legislar el Ejecutivo queda en el proyecto previsional  con toda la iniciativa, además de mantener vigente el sistema de AFP, incrementando mes a mes los ingresos que percibe, y que actualmente únicamente en un porcentaje inferior a la mitad se destina a fines previsionales. De otra parte, al subir la cotización obligatoria en un 4,2% establece un nuevo gravamen en la práctica a los salarios reales de los trabajadores, aunque lo presenta falsamente como un aporte de los “empleadores”.

Pero, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, a pesar de las múltiples presiones recibidas, el presidente de la instancia, el democratacristiano Raúl Soto, votó en contra, rechazándose la idea de legislar por siete votos contra seis. “(…) hoy no estamos en condiciones de cerrar –declaró- un acuerdo en los términos genéricos y ambiguos en los cuales se han planteado (los ministros Larraín, Blumel y Monckeberg) a la respuesta de los diez pisos mínimos de la oposición”. La presión entonces se trasladó a la sala de la Cámara, donde el Ejecutivo contó con el apoyo de parlamentarios radicales, la mayor parte de la bancada DC,  votaron solo en contra Raúl Soto y Víctor Torres, absteniéndose Manuel Antonio Matta, y los independientes Pepe Auth y René Alinco, lo cual le permite continuar adelante con su regresivo proyecto de reforma. Para mantener el máximo de presión el gobierno  se negó reiteradamente a dividir el proyecto.  De haberse aceptado la petición el incremento, por ejemplo, de la Pensión Básica Solidaria se habría ya producido.

El presidente de la DC, Fuad Chaín, con relación a la votación de la Comisión, estuvo por aprobar la idea de legislar, en lo cual no tuvo éxito. Previo a la decisión de la sala reiteró “nuestra disposición es aprobar, queremos legislar pero necesitamos una respuesta más contundente del gobierno. Hay –agregó- tiempo para eso” (15/05/19). Por su parte, el presidente del PR, Carlos Maldonado, comunicó que para aprobar la idea de legislar se requeriría que el Ejecutivo garantizase que no habría “ni un solo peso” adicional para la AFP, junto con la creación de un órgano independiente que administre el 4,2% en que se incrementarían las cotizaciones –aumento como ya hemos señalado que en la situación actual una parte sustancial de lo que reciben mensualmente queda en poder de las AFP y de las compañías aseguradoras- planteando además que se aumente el monto adicional con cargo al empleador, que en definitiva en un alto porcentaje repercutirá negativamente en los salarios líquidos.

Estos pronunciamientos adelantaban la disposición de aprobar la idea de legislar.  El día anterior a la votación se efectuó una reunión entre el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio y los diputados Gabriel Silbar y Matías Walker con los ministros Gonzalo Blumel y Nicolás Monckeberg.  Este último ya había adelantado: “Estamos absolutamente disponibles para que a través de indicaciones el 4% de la cotización adicional esté a cargo de una entidad pública nueva, creada para este efecto” (16/05/19). En la citada reunión, además se le planteó al Ejecutivo adelantar el aumento de la Pensión Básica Solidaria.

En la sesión en que finalmente se aprobó la idea de legislar, por 84 votos a favor y 64 en contra, el ministro de Hacienda reiteró que “con respecto al 4% adicional (…) presentaremos indicaciones para que un ente nuevo y único se haga cargo de ese 4%”.  Fue una formulación absolutamente general, “las nociones para darle forma –concluyó La Tercera- aún están en el plano de la discusión” (17/05/19). “Nosotros llegamos  a un acuerdo con parte de la oposición  -constató María José Zaldívar, subsecretaria de Previsión Social- (…) y llegamos a una entidad única y pública, que se va a hacer cargo de este 4%, pero estamos todavía en un titular” (19/05/19).Y en cuanto al lapso de vigencia y aprobación del proyecto de ley para la Pensión Básica Solidaria la redujo entre seis y siete meses a noventa días.  Esos fueron los nuevos compromisos adoptados en lo que la diputada Karol Cariola denominó “una cocina, no puedo calificarlo de otra forma”, con diputados del PR y el PDC. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Raúl Soto, reiteraba: “yo no estoy disponible (para apoyar el proyecto).  El problema de fondo es que el sistema de ahorro individual está fracasado.  Hemos perdido –agregó- la primera batalla, pero sin duda que vamos a ganar la guerra.  Eso significa que de aquí en adelante el presidente Piñera tiene que entender que si queremos construir cambios previsionales sobre roca, tiene que ser sobre un nuevo pacto político y social” (17/05/19).

Al día siguiente de la votación, Felipe Larraín en entrevista con T13 Radio ya empezó a modificar el planteamiento efectuado en la sala sobre el manejo de los recursos del 4% adicional.  “(…) al estar en un ente público –señaló- eso puede permitir en el tiempo la opción de los trabajadores (de elegir entidad administradora).  (…) los fondos –agregó- van a ser destinados por este consejo, pero dentro de este consejo nosotros vamos a ver que en el tiempo exista la opción de las personas”.  Dando así la razón, a la afirmación efectuada por el diputado Raúl Soto en el sentido de que “el gobierno no cedió un ápice en la negociación, esa es la realidad” (08/05/19).

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, ante las inquietudes planteadas por diputados DC frente a la nueva formulación de Larraín, se vio obligado a insistir en que los fondos irán exclusivamente al nuevo organismo público, poniendo como ejemplo el manejo de los fondos soberanos del país, donde un comité financiero fija las reglas, pero luego la administración la hacen fondos privados.  Ahora bien, una entidad pública puede expresarse a través de múltiples alternativas, incluso con elevados grados de autonomía.

La bancada de diputados DC, dio a conocer su presidente Gabriel Ascencio, decidió remover a Raúl Soto de la Comisión de Trabajo, donde se entra a discutir en particular el proyecto de reforma previsional del Ejecutivo.  Soto rechazó la decisión afirmando que un jefe de bancada no tiene atribuciones para remover al presidente de una comisión.  Formulación que fue respaldada a través de una declaración pública por todos los miembros de la comisión que lo eligieron presidente: Karol Cariola (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Maite Orsini (RD), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Gael Yeomans (Convergencia Social) y Gastón Saavedra (PS).  Recordando que fueron quienes lo “eligieron democráticamente” y que “su mandato se extenderá mientras cuente con la confianza de esta Comisión o mientras no presente su renuncia al cargo” (18/05/19).

De esta manera, se avanza regresivamente a reducir la mayoría de los salarios líquidos de los trabajadores que cotizan, con la excepción de los trabajadores del sector público.  Los nuevos ingresos que se percibirán de aprobarse definitivamente son ellos quienes los hacen.  Es de esperar que los trabajadores afectados hagan oír su protesta. No existe ningún aporte de las capas de la población de mayores ingresos, subsistiendo la situación de que las AFP seguirán apoderándose de más de la mitad de los recursos que perciben, lo cual constituye un escándalo inaceptable.  El monto percibido por las AFP seguirá creciendo mes a mes como hasta ahora. “(…) nuestro proyecto, ni el acuerdo en ningún parte –recalcó la subsecretaria de Previsión Social- está diciendo ‘No + AFP’, (…) el 10 % sigue siendo administrado por las AFP, por lo tanto, aquí no hay cambio” (19/05/19).

En su intervención después de la reunión en La Moneda, Foxley destacó el apoyo dado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y los economistas José de Gregorio, Andrea Repetto y Eduardo Engel al proyecto la flexibilización de los periodos de trabajo propuesto por el gobierno. “Su punto es válido –manifestó- y debe considerarse”. En la mañana del mismo día, Sebastián Piñera, en un encuentro con empresarios de la construcción, expresó igualmente su “aprecio” con la “clara posición” de dicha declaración, recalcando que “dieron un claro y categórico apoyo a esta modernización laboral, que es absolutamente necesaria” (10/05/19).

La formulación efectuada, valorada por Piñera y Foxley, pone el acento en la “flexibilización” de las jornadas de trabajo, tema sobre el cual existe en general amplio consenso. La diferencia se produce en función de los intereses de quién se efectúa y quiénes establecen el acuerdo. En Chile, desde 2016  existen mecanismos de flexibilidad en la jornada laboral siempre que en la empresa existiese una afiliación sindical igual o superior al 30%. Por tanto, ello exigía que  se produjese fruto de una negociación entre la empresa  y una organización adecuadamente representativa de los trabajadores. La gran diferencia es que  en la iniciativa del gobierno se plantea poder efectuarlo por la empresa y contrapartes individuales, es decir en un mecanismo que coloca a la parte empresarial en una situación de abierta ventajas.

“Lo que el gobierno está tratando de hacer –cuestionó con razón el senador socialista Alfonso de Urresti- es cambiar un paradigma: terminar con el rol del sindicalismo, favoreciendo la individualidad, dejando el control de la relación entre el capital y el trabajo al empresario. Existe -concluyó- una asimetría evidente (…)” (11/05/19). Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, al comentar sobre este pronunciamiento recordó el papel desempeñado por Rodrigo Valdés cuando era ministro, donde repetidamente “actuaba como oposición al gobierno. (…) a quienes nos tocó compartir directamente con él, y estar en reuniones privadas con Rodrigo Valdés –agregó- tenemos absolutamente clara la postura que él tenía con los pactos de adaptabilidad, en donde no quería que hubiese quórum del sindicato” (09/05/19).

El tema de la flexibilidad y la jornada laboral puso nuevamente de actualidad la propuesta efectuada por la diputada comunista Camila Vallejos de reducir la jornada laboral a cuarenta horas semanales. Haciendo suya esta formulación el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció que por resolución municipal se reduciría a partir del primero de junio a cuarenta horas la jornada para los 751 funcionarios que se rigen por el Código del Trabajo, lamentándose no poder hacerlo para los aproximadamente 1.200 trabajadores con otros tipos de contratos. “No podemos esperar –explicó- a que un gobierno quiera aclarar este paso, ni una discusión legislativa que siempre algunos quieren torpedear” (14/05/19).

Desde luego, en la posibilidad de concordar una flexibilización participativa influye la estructura de la economía chilena como los niveles de sindicalización existentes. En Chile predominan numéricamente la micro y pequeña empresa, pero los niveles de sindicalización se producen en un nivel muy superior en las grandes empresas, las cuales de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, tenían en 2018 una tasa de sindicalización del 35,3%, mientras en la pequeña empresa era de 4,5% y en las microempresas de 5,7%.

Tasas de Sindicalización por tamaño de empresas 2018

(Fuente: Dirección del Trabajo. En números y porcentajes)

Tamaño Afiliados Asalariados Tasa
Microempresa   59.438 1.041.981  5,7%
Pequeña   43.771    975.616  4,5%
Mediana 118.855    944.721 12,6%
Gran Empresa 639.808 1.813.135 35,3%

 

[1] El Programa Abandonado. Balance económico social del gobierno de Aylwin. Cenda, Lom, Arcis, 1986, pág. 41.

[2] El Programa Abandonado. Balance económico social del gobierno de Aylwin. Cenda, Lom, Arcis, 1985, págs. 42. El subrayado es de José Pablo Arellano.

[3] Véase  en Resumen Económico Trimestral enero-marzo 2019, págs. 31-35 ¿Quiénes se apoderaron de los recursos de los imponentes?