Como “un portazo a la justicia educativa” tildaron el proyecto del gobierno, entre otras ex autoridades, Carmen Castillo, Adriana Delpiano, Jeannette Jara y Alejandra Krauss.

Santiago. 14/05/2019. A través de una declaración conjunta titulada “Admisión Justa. Un portazo a la justicia educativa” las exministras y exsubsecretarias del Gobierno de Michelle Bachelet, rechazaron el proyecto del Gobierno y criticaron la manera en que la actual titular de Educación, Marcela Cubillos, denostó los principios de la ley de inclusión escolar.

Texto completo de la declaración:

Admisión Justa. Un portazo a la justicia educativa

Desde hace meses la Ministra de Educación ha estado dedicada a recorrer el país y a emitir declaraciones destinadas a horadar los principios de la Ley de Inclusión Escolar y obstaculizar su cumplimiento. La última iniciativa de esta campaña es el envío, a casi 400 mil familias, de un correo electrónico, difundiendo su posición en relación con el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En este correo se distorsionan los contenidos y alcances del SAE y se falta a la verdad y engaña a las familias sobre los derechos que tienen los padres, madres y apoderados.

  1. Es falso que la ley de Inclusión Escolar aprobada por amplia mayoría en el Congreso y vigente desde el 2015 no considere el mérito de los estudiantes. Dicha Ley incorpora el mérito como criterio de admisión a partir de séptimo básico en los establecimientos que demuestren ser de alta exigencia y trayectoria a nivel nacional y regional. En las 14 regiones en que ya rige el SAE hay establecimientos que han sido autorizados para seleccionar estudiantes, considerando su rendimiento en los cursos previos.

 

  1. El gobierno del presidente Sebastián Piñera quiere volver a la selección discriminadora que hacían los establecimientos educacionales años atrás, mediante un proceso a cargo de los sostenedores de los establecimientos, mecanismo que, junto al copago, nos ha posicionado como uno de los países más segregados en el mundo. La Ley de Inclusión Escolar, a través de un sistema altamente confiable que se implementa exitosamente en muchos países desarrollados, ya ha dado resultados positivos que han sido reconocidos por expertos nacionales y organismos internacionales. Lo hace a través de priorizar las preferencias de las familias y no la de los establecimientos. El gobierno no valora el esfuerzo de estudiantes que han crecido en contextos difíciles y que, por diversos motivos ajenos a su motivación, no logran los mismos resultados que estudiantes favorecidos con mejores contextos. Así, un estudiante del 20% de mejores notas de una escuela vulnerable o de bajo desempeño no tendrá las mismas oportunidades que uno proveniente de un establecimiento de alto rendimiento y de un medio no vulnerable. Convirtiendo al sistema educativo en una máquina para consolidar las diferencias en vez de una para reducirlas. El “mérito”, en los términos que lo plantea el gobierno, no es más que una manera de segregar por niveles socioeconómicos a las y los estudiantes.

 

  1. En los próximos meses la Región Metropolitana debe incorporarse al SAE que ya se implementa en el resto del país y que está regulado por una Ley que el gobierno no quiere cumplir, a pesar de ser su obligación.

Sin lugar a dudas, el diseño de las políticas públicas es perfectible y este caso no es la excepción. Nuestra disposición siempre será la de contribuir, y nuestra expectativa es que las propuestas de cambio sean sobre la evidencia para avanzar en el objetivo de tener igualdad de oportunidades con un sistema de calidad. Los datos que entregó el Ministerio de Educación y las recientes investigaciones, deberían constituir la base del análisis sobre la evidencia en la materia.

Ampliar derechos y oportunidades en educación es uno de los desafíos más relevantes para un país que busca crecer de manera inclusiva, democrática y sostenible. Mejorar la calidad y el acceso de la educación es, sin duda alguna, la mayor expresión de preocupación por el presente y el futuro de nuestros niños y niñas. Las reformas y cambios en el marco regulatorio requieren no sólo un debate amplio y riguroso en el Congreso sino también mucha dedicación de parte de las instituciones y autoridades encargadas de su implementación. Los cambios, a menudo, producen incertidumbre es tarea de las autoridades liderar el proceso y dar seguridad y apoyo a quienes están directamente involucrados en su puesta en práctica. Todo lo contrario de lo que observamos en la actitud de las actuales autoridades del Ministerio de Educación que están empeñadas en destruir lo que se había avanzado en equidad, inclusión y calidad en el gobierno anterior.

Firman las ex ministras y ex subsecretarias del Gobierno de la Presidenta Bachelet:

Gisela Alarcón

Heidi Berner

Carmen Castillo

Adriana Delpiano

María Isabel Díaz

Jimena Jara

Jeannette Jara

Alejandra Krauss

Helia Molina

Javiera Montes

Nivia Palma

Claudia Pascual

Bernarda Pérez

Natalia Piergentili

Valentina Quiroga

Paulina Saball

Nicole Sáez

Ana Tironi

Paulina Vodanovic