En una operación digita en Buenos Aires se levantó la postura de quitarle jurisprudencia y valor a la acción del CIDH.

El Editorial. El Siglo. 05/2019. En una operación digitada en Buenos Aires y replicada y consumada en Santiago, Asunción, Bogotá y Brasilia,  gobiernos de derecha y ultraderecha propinaron otro golpe a la democracia, el multilateralismo, el derecho internacional, la cooperación e integración regional y la defensa de la paz, la verdad, la justicia y los derechos humanos (DDHH) en América Latina.

Los gobiernos de Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Iván Duque y Mario Abdodieron un zarpazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableciendo en concreto, a través de una carta, el no respetar sus recomendaciones y resoluciones. Quieren limitar las competencias de dicho organismo, apelando a una falaz tesis de respeto a las resoluciones judiciales y normativas internas de cada país.

Esos mandatarios invocan una falsa defensa de jurisprudencia nacional que permite la impunidad, no respetar el derecho internacional y hacer caso omiso de la labor y resolución de la CIDH en algunos países. Con ello se limitaría gravemente la concurrencia a la CIDH para casos de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, amnistías irregulares, fallos cuestionables del Poder Judicial de acuerdo a la normativa y tratados internacionales y envío de procesos que requerirían de un análisis y resolución del organismo regional.

La crítica al documento de esos gobiernos fue transversal dada la gravedad de sus consecuencias.

Esto puede debilitar o golpear demandas y procesos por violaciones a DDHH contra indígenas, estudiantes, activistas, militantes demócratas, pobladores, y las agresiones y crímenes en el marco de la diversidad sexual y la manifestación social.

Además, pone en peligro la aplicación del derecho internacional y la fortaleza de organismos regionales.

Por cierto, fallos y actuaciones de la CIDH han sido cuestionados por diversos sectores políticos y sociales, pero de ahí a pretender restarle jurisprudencia y capacidad para la atención de episodios de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, hay un paso negativo.