Se apropiaron ilícitamente de los recursos de miles de familias modestas a través de ese mecanismo que les aseguraba vender a más altos precios esos productos avícolas.

Pedro Aravena Rivera. Abogado. 12/03/019. Días atrás se dio a conocer la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), por la que se  condenó, en primera instancia, a los supermercados de las cadenas Cencosud, SMU y Walmartal pago de una multa de $8.000 millones, por coludirse, esto es, por haber pactado entre ellas maniobras ilegales para perjudicar a los consumidores de sus productos, nada menos que a la gran mayoría de la población, dado que la carne de ave por diversos motivos es un producto de altísimo consumo, especialmente por los sectores de menores ingresos, inversamente a lo que ocurre en los grupos privilegiados.

En suma se apropiaron ilícitamente de los recursos de miles de familias modestas a través de ese mecanismo que les aseguraba vender a más altos precios esos productos avícolas, cuyo consumo es casi obligado, dados los mayores costos que implica el adquirir otros tipos de carnes

Concretamente, hubo acuerdo clandestino destinado a establecer un precio mínimo común para la carne de pollo fresca en los supermercados, asegurando de esa forma cuantiosas ganancias e impidiendo la venta al público de ese producto en precios inferiores y recibiendo, después de un lato proceso, una sanción que sólo será económica y por supuesto mucho más baja comparada con los ingresos mal habidos mediante esa figura delictual.

Aún más, las empresas sancionadas, asesoradas por estudios jurídicos altamente especializados podrán interponer nuevos recursos y optar por rebajar el monto de las multas y mientras tanto seguirán ejerciendo el comercio de esos mismos productos como si nada hubiera pasado.

Que distinto al trato que reciben otros comerciantes, me refiero a aquellos que recurren a vender distintos mercaderías en la vía pública y que ante la falta de alternativas intentan, de esa manera, obtener los medios para su subsistencia y las de sus familias.

Sobre ellos cae todo el peso de la ley, sus mercaderías y equipos lesson ipso facto “requisados”, pierden su libertad al ser detenidos sin orden judicial alguna, muchas veces son golpeados y maltratados y sin asistencia mínima legal son rematados en los tribunales competentes.

¡Que desigualdad ante la vulneración de bienes sociales de muy distinta connotación!los integrantes del cartel de la carne de ave, han infringido una daño durante años a la economía de millones de personas de este país, causando un menoscabo a un porcentaje importante de sus ingresos, en cambio, los vendedores que trabajan en las calles, a lo más afectan a la recaudación tributaria en un grado ínfimo por el bajo monto de sus transacciones y entorpecen, a veces, el libre tránsito, hechos que pueden explicar alguna forma de control, pero no la violencia institucionalizada con que se les trata hoy en día.

Los integrantes del cartel del pollo, a los más, verán disminuir en unas décimas sus utilidades, las que pronto recuperarán por otras vías que, por supuesto, nada les cuesta.Los propietarios de las cadenas de supermercados ni se han despeinado ni movido de sus escritorios, situados en ostentosas oficinas recubiertas de vidrio y metal, los otros, en cambio, perderán todo su escaso capital y serán maltratados física y verbalmente, permanecerán detenidos en calabozos malolientes, mientras sus familiares angustiados los esperan en las afueras de los cuarteles policiales y sin saber si habrá pan para mañana.

La diferencia de tratamiento de la institucionalidad estatal se explica, en parte, en que la cuestión de la fijación de precios de la carne de ave sólo es una alteración de las reglas financieras, en cambio el comercio ambulante es un problema social, frente a los cuales el orden neoliberal solo responde con represión.

El gran jurista y profesor de derecho don Eduardo Novoa Monreal hace casi 50 años caracterizó muy apropiadamente este tipo de tratamientos diferenciados en que incurre el aparato estatal, en un trabajo publicado en la Revista Mensaje, número 187, Santiago, marzo-abril de 1970, que tituló “Justicia de Clase”, denunció este mismo tipo de hechos, expresando: “Hacer justicia es, antes que nada, procurar igualdad de trato para todos y proteger solícitamente a los más débiles. Para ello es preciso empinarse por sobre diversidades ideológicas, por sobre simpatías o antipatías personales o de grupo, por sobre los intereses propios o de los que están más próximos en la relación social, y mirar a todos los ciudadanos que la soliciten o que la necesiten, sin prevención, con gran amplitud de criterio, no enturbiada por ningún prejuicio o animadversión. Sólo podremos hablar, por eso, de una verdadera Justicia, en cuanto los encargados de aplicarla sean capaces de imponer una auténtica justicia social, que es la más excelsa expresión de la juridicidad de una sociedad humana.”

Una última cuestión, algunos de buena fe creen que se hace justicia, al menos en parte, repartiendo escasos montos entre todos los que han sido afectados, como se hiciera con el tema del papel higiénico. Pero todo indica que el daño no es solo personal, sino que tiene un carácter eminentemente social, lo que debiera motivar un cambio sustancial en la normativa que sanciona las conductas monopólicas, estableciéndose sanciones realmente ejemplarizadoras, dada la sofisticada premeditación, la intencionalidad notoria de perjudicar a la inmensa mayoría de las personas y el afán de lucro inescrupuloso, lo que amerita una reparación social efectiva, mediante la obligación de los concertados en el ilícito, en privarlos de la totalidad de las ganancias ilegítimas para ser destinadas a la construcción e implementación de hospitales, consultorios, escuelas, casas de estadía para la tercera edad y otros bienes sociales similares.

Solo de esa forma se repararía el daño efectivamente causado y no repartiendo sumasridículas que no hacen más que festinar la gravedad de las conductas sancionadas.