El orden político debe ser medido por su grado de participación no sólo a través del ritual electoral, sino en la presencia de demandas y el nivel de organización.

Fernando Bahamonde 

Profesor

Punta Arenas. 02/2019. “Las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible”. Thomas S. Kuhn

El acople del tejido político-institucional es una construcción compleja y difícil, toma tiempo levantar la casa y en el mejor de los casos el edificio que contendrá la sociedad por largo tiempo. Las bases, las vigas y la piedra angular es construcción del Estado. El Estado adquiere forma histórica, entendiendo con ello que es una forma transitoria según el tiempo y el espacio donde se erige, como toda edificación humana está destinado a ser transformado y superado por un nuevo orden. Este es un proceso siempre incompleto porque desde su origen el Estado está determinado por los niveles de participación e inclusión y, luego, por la actualización que de tiempo en tiempo requiere. Ambas situaciones, la de los orígenes y la actualización, suponen conflictos internos. El primero de legitimidad histórica recubierta de legalidad jurídica y el segundo de pugna política que puede ser contingente por ganar espacios en el marco de la representación como un mero concurso electoral por ocupar el poder ejecutivo y legislativo donde el ejercicio del poder se convierte en crear legislación; por una parte, y por otra controlar la fuerza. Esas son épocas de “ciencia” normal. Pero la lucha política puede adquirir un sentido trascendental sobre todo en épocas de crisis “paradigmáticas” que de prolongarse en el tiempo puede adquirir ciertas características que nos indica que la lucha por el poder se convierte mantener o reemplazar a ese Estado esa es una fase superior de la política en tanto existe solidez de principios en la pugna ideológica.

Jurídicamente el Estado, independiente al lugar o territorio donde se sitúa, ha sido construido por unos pocos y sus pilares o bases se fundan ideológicamente en lo que se ha denominado como el Estado de derecho, sus vigas emanan del principio liberal constitucionalista y las ramas del poder se manifiestan en la separación de sus poderes. Existe lucha por el poder en todo momento, en los orígenes porque la disputa se basa en determinar quiénes serán los agentes constructores y, con posterioridad, en el seno de la sociedad civil que es el mundo de los intereses particulares, para alcanzar el poder del Estado para transformar esos intereses particulares en los intereses de toda la sociedad. ¿Puede existir la lucha política sin Estado? Sí, pero carece de sentido sino es para crear o transformar un Estado. La lucha política, posee reglas en lo que se ha denominado democracia representativa, nuevamente, con un marco jurídico institucional que regula las relaciones de poder.

La institucionalidad juega un papel regulador de las condiciones para acceder y sostener, aunque sea temporalmente, el poder en el entendido de los conceptos de república y democracia. Sin embargo, la sociedad camina en diferentes direcciones y difícilmente la institucionalidad da cuenta de las necesidades o intereses diversos de la población la que en el mejor de los casos se constituye en una la sociedad civil. Un sistema político no debe medirse por la estabilidad o la permanencia en el tiempo porque puede ser que su fundamento sea la despolitización y la apatía. Hecho que produce que la política sea reducida a unos pocos, lo que han denominado hoy como “clase política”, marca registrada del agravamiento de la división de clases sociales entre unos pocos en el poder y sus regalías y los que están afuera voluntaria o involuntariamente. Esta supuesta estabilidad se sustentará en la capacidad de contención que posee esa “clase política” para mantener el poder preservando la institucionalidad jurídico-económica que la beneficia. Y cuando el desacople entre el movimiento dinámico de la sociedad e institucionalidad protegida se agudiza no es de extrañar la aparición de alternativas autoritarias que buscaran en nombre del orden, modificar la institucionalidad como un manto legitimador que termina por ser un trapo hecho a su medida para preservar sus intereses y no trepidará en demoler el Estado de derecho que dicen defender.

El orden político debe ser medido por su grado de participación no sólo a través del ritual electoral, sino en la presencia de demandas y el nivel de organización que estas presenten y la retroalimentación con actividad y vida de los partidos políticos. El sistema político debe evaluarse en el alto grado de politización que lo legitima y su capacidad de permear y transformar la institucionalidad, por ello la esfera económica no debe ser independiente de la política, sino que debe estar supeditada a la política y al mandato de las necesidades de las mayorías. Por el contrario, entonces, lo que debiera primar es el amplio espectro de los derechos humanos fundamentales de la población sobre la tecnocracia economicista que se disfraza de ciencia absoluta de los equilibrios.

Hay que repasar la situación en la cual se encuentra Chile y su forma del Estado. Examinar el sangriento origen constructor, que pueden ser múltiples con énfasis en el último periodo fundacional 1973-1980 iniciado con violencia, que dio paso a la instalación de la institucionalidad dictatorial con una Constitución 1980-1990. La preservación de la institucionalidad desde 1990 con carácter de aparente lucha política que resguardó y enmascaró el modelo económico vigente. Cabe preguntarse si el escenario político se ha convertido en un elemental acto electoral cuyo centro es el presidencialismo de nombres sin ideas para resguardar los intereses propios y donde esa “clase política” sólo utiliza los medios de comunicación y redes sociales para existir; o parte de los partidos articulados en bloques fuertes que pretendieron y pretenden permear la institucionalidad para transformarla, porque su vida y acciones se apoyan en principios ideológicos nítidos. Y desde el seno de la sociedad civil han emergido poderosas organizaciones que son correa trasmisora hacia los partidos y la institucionalidad. Y sí nuestra “democracia” representativa se soporta en un alto o bajo grado de participación o de mayor o menor grado de politización.  Si todas las respuestas fueran negativas, seria necesario pensar que tan cerca o lejos estamos de una salida autoritaria incluso con el apoyo del voto y movilización de minorías asustadas por la pérdida del supuesto orden y estabilidad. Si fuera así los tiempos se acortan para este tipo de democracia, pero principalmente para los derechos humanos. Pero el pensar implica el actuar para superar este tipo de Estado y sus cada vez más grotescas anomalías neoliberales. El Estado es y será el sujeto en permanente disputa, para lo cual rápidamente hay que identificar quiénes están por preservar y contener, y quienes están por transformarlo para lo cual hay que saber cuáles son sus objetivos.