“Hay una diferencia generacional entre el Ejército pinochetista, y las nuevas generaciones. Eso ha tenido avances y retrocesos”, dijo el exministro Francisco Vidal.

Víctor Vargas. Periodista. 26/12/018. Cuando ya nada parecía ser peor en cuanto a la crisis de confianza en las instituciones armadas, un nuevo flanco fue abierto por las palabras del propio Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, filtradas desde el corazón de su institución. En un audio grabado en una reunión “privada” sostenida por el jefe castrense ante 900 de sus subordinados en el Aula Magna de la Escuela Militar, aseguró que contaba con información de que había “oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos”.

La declaración, que fue registrada por un asistente a la reunión y luego entregada a un periodista del medio electrónico The Clinic, desató una nueva y seria crisis que se sumó a otras vinculadas al desvío de fondos y enriquecimiento ilícito al interior del Ejército.

Las reacciones del mundo político y de analistas se han centrado en la coyuntura, pero también abrió un debate de fondo respecto de la institución, un Ejército que desde el regreso a la democracia ha tenido que validarse a sí mismo en su rol tras el fin de la dictadura, en su legitimidad y, más claro ahora que nunca, en su probidad.

Esta validación colisionó con un comportamiento de defensa corporativa. El cientista político de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Orellana, plantea que el Ejército tuvo “durante 17 años, más la transición, tiempo y espacio para organizar críptica y sistemáticamente los arreglos institucionales que no permitieran dificultades internas ni tampoco intromisiones externas del mundo civil”, y que las coaliciones políticas de la época “siempre buscaron tender puentes, en ‘la medida de lo posible’ con los institutos armados para cultivar una buena relación que permitiera un ‘mejor administrar’ información referida a la vulneración de los derechos humanos y las políticas de defensa y seguridad”.

Orellana plantea que durante el segundo Gobierno de la transición se buscó una fórmula de modernización de estas relaciones y hacia la interna de la entidad castrense, pero que “pareciera ser que sólo quedó en el material bélico y otros, es decir, en la función de Defensa, pero no en la modernización de los procedimientos internos, en cuanto manejo de los recursos públicos y otros. Las cuentas públicas y acceso de Contraloría o fueron inexistentes, o muy acotadas”.

Así, el académico sentencia que los partidos políticos fueron incapaces “de incorporar estos temas en sus agendas y de entender la función de los institutos armados en un sistema democrático genuino”.

Ejército pinochetista y las nuevas generaciones

La opinión del ex ministro de Defensa del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Vidal, también sitúa el análisis profundo de esta coyuntura en las características de la transición a la democracia tras el fin de la dictadura cívico-militar.

“Este proceso tuvo tres obstáculos enormes desde el 11 de marzo del ‘90. El primero fue la derecha y su diseño político institucional, los candados de Jaime Guzmán como el binominal, los senadores designados o los quórums. La otra muralla fueron los grupos económicos, que se fueron ablandando con el tiempo cuando el país creció, cuando la política fiscal fue responsable, y porque ganaron más plata que nunca en la historia. El tercer nudo era qué hacías con un poder militar, orgánica y legislativamente autónomo, dirigido por Pinochet por los próximos 8 años”, señala el también ex vocero de Bachelet.

En este proceso, que califica como de “largo aliento”, Vidal vislumbra también que existe “una diferencia generacional entre el Ejército pinochetista, y las nuevas generaciones. Eso ha tenido avances y retrocesos, influenciado también por la familia militar en retiro”.

En este contexto, el ex ministro señala que el detonante de la actual crisis y el momento interno en el Ejército puede explicarse tras la polémica por “la sanción inmediata que recibieron Krassnoff hijo, y Germán Villarroel (ex director de la Escuela Militar), por el homenaje a (Miguel) Krassnoff padre (condenado por crímenes de lesa humnidad) en la Escuela Militar. No es el único quiebre, pero sí un elemento de tensión”.

“Yo no recuerdo, desde el 90 a la fecha, ver a un director de la Escuela Militar dado de baja, (que) haya tenido una entrevista de una página en El Mercurio, sosteniendo que él se había ido, que no lo habían echado, lo que motivó la respuesta del general Martínez, diciendo que sí le había pedido la renuncia”, dice Vidal como evidencia del conflicto interno.

Para reforzar esta tesis, el hoy comentarista político lanza un ejemplo categórico: “Cuando el general (Juan Emilio) Cheyre -el primer general que pidió perdón por los actos del Ejército en dictadura- fue condenado en primera instancia, habían dos grupos satisfechos. Primero, y con todo derecho, los familiares de los asesinados, pero simultáneamente también aplaudían en Punta Peuco”. Otra muestra de conflictos internos.

El rol del poder civil en democracia

Mucho se habla de la forma en que las autoridades deben abordar este problema. De hecho, uno de los más golpeados por las declaraciones del general Martínez fue el titular del Ministerio de Defensa, Alberto Espina, quien se enteró “por la prensa” de la denuncia de venta de armas a delincuentes narcos desde la institución castrense.

José Orellana dice que la coyuntura “parece favorable” para iniciar un proceso en el que se puedan “implementar mecanismos que profundicen en transparencia y control sobre el gasto público en defensa en su integralidad y así concretar modernización y reforma donde sólo hay opacidad”.

En este sentido, explica el cientista, “el sistema de partidos se encuentra conminado a reaccionar, y en esa clave, los partidos de izquierda tienen una responsabilidad mayor, en cuanto y tanto, fueron, son y serán siempre, según doctrina, críticos a la institucionalidad estatal en cuanto mejoramiento democrático de la misma”, aunque cuestiona la capacidad técnica de sus representantes: “Si no es ninguna, son muy escasas”.

Para Orellana el desafío es grande y es la hora en que el actual ministro de Defensa, demuestre sus dotes políticos: “La lejanía o la no voluntad del sistema político por preocuparse de estos temas, no permite abordar la complejidad de estas instituciones altamente jerarquizadas, complejas y aún muy autónomas. El Gobierno tiene que reaccionar. No hacerlo es un error político, más cuando en la agenda tiene al caso (Camilo) Catrillanca, el cual tiene un sinnúmero de otras complejidades y que políticamente lo ha desfondado”.

Francisco Vidal también evalúa el momento como una oportunidad, y explica que un Gobierno de derecha se ve además comprometido a ejercer su poder frente a las Fuerzas Armadas. “La derecha tiene un problema que es de siquiatra, que es la culpa, porque fueron cómplices pasivos de la dictadura, en lenguaje de (Sebastián) Piñera, y activos en el de la historia. Entonces, tienen un fuerte deseo de desmarcarse de esa mochila, que fue su colaboración con los militares. No olvidemos que en esta lógica, durante su primer Gobierno Piñera cerró el penal Cordillera” donde estaban detenidos represores de la dictadura.

Todos los días se agrega un nuevo elemento a este estado de crisis al interior del Ejército y de otras instituciones, un proceso en marcha que lleva cada vez más el ojo ciudadano a vigilar el buen uso de los recursos públicos y la probidad en las FFAA, más cuando se suman episodios de irregularidades o excesos, como la ceremonia de cambio de mando en la Fuerza Aérea de Chile.

La nube del Milicogate

El “Milicogate”, revelado en 2014, destapó los fraudes en que importantes autoridades del Ejército se apropiaban de dineros públicos mediante la compra de material bélico con facturas falsas, recursos que provenían de la largamente cuestionada Ley Reservada del Cobre, la que impide la realización de fiscalizaciones por parte del poder civil.

La ministra en visita de la Corte Suprema a cargo del caso, Rommy Rutherford, estableció la malversación de más de 6 mil millones de pesos, y recién en octubre de 2018 se dictaron las primeras dos condenas en el caso, una de ellas contra el cabo (R) Juan Carlos Cruz, quien habría sido el emisor de facturas falsas a proveedores del Ejército. Doce años de cárcel y una multa por más de 138 millones de pesos fue el veredicto que recibió el ex miembro del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), a quien se le descubrieron gastos exorbitantes como los más de 2 mil millones de pesos. Pero también fueron investigados oficiales de mayor rango y civiles.

La trama que se fue desentrañando incluye bolsas de dinero en efectivo entregadas en estacionamientos, falsificación de firmas, sociedades que justificaban millonarias sumas por compras de carros militares que nunca llegaron al Ejército, facturas fraudulentas, acusaciones cruzadas y adulteración de timbres institucionales, dejando al descubierto la fórmula para el millonario desfalco del dinero de todos los chilenos.

Caso Pasajes

Como una “práctica habitual” fue denominada la apropiación de dineros destinados al pago de pasajes y viáticos para miembros del Ejército, que comprometió a altos oficiales de la entidad y mostró, en efecto, una forma de hacerse de manera corrupta de recursos fiscales.

El caso involucra más de 1.500 viajes realizados entre 2009 y 2015 que presentan irregularidades y triangulaciones entre agencias de turismo, donde laboraban de esposas de oficiales, cuentas bancarias y facturas truchas.

El truco incluía cambiar el destino de pasajes y estadías de las comisiones de servicio para visitar parajes vacacionales, o bien abultar el valor de los pasajes y manejar el dinero “sobrante”, en conjunto con las agencias, el que era depositado en las cuentas personales de los implicados o inclusive entregado en efectivo.

El asunto escaló y produjo la caída del segundo hombre al mando de la institución uniformada y jefe del Estado Mayor General del Ejército, John Griffiths, quien entre 2009 y 2015 habría recibido al menos 45 millones de pesos por concepto de estas devoluciones. La lista de generales, coroneles y otros oficiales es larga y muchos ya están procesados.

Casos bochornosos

  • Milicogate, con defraudación millonaria el Fisco
  • Venta de pasajes y alteraciones de viajes por parte de general y coroneles
  • Indagaciones por corrupción a ex Comandante en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba
  • Condena por violaciones a derechos humanos del ex jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
  • Montaje de Carabineros en Operación Huracán
  • Pacogate, con el robo de más de 27 mil millones de pesos
  • Mentiras, destrucción de evidencias y montaje en caso del asesinato de Camilo Catrillanca.
  • Permanentes denuncias a Carabineros por abusos y represión a mujeres, estudiantes e indígenas.