Nació como respuesta a la aplicación de una política de terrorismo de Estado que vulneraba gravemente cada uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal.

Carlos Margotta T.

Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos

17/12/018. Hoy, 10 de Diciembre, se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Y también, 40 años de existencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Tanto la Declaración Universal como nuestra Institución, surgieron como una reacción a la barbarie y el exterminio.

En efecto, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la naciente Organización de Naciones Unidas se abocó a crear un instrumento en que se estableciera un mínimun ético civilizatorio obligatorio para los Estados, que impidiera la repetición del flagelo nazi fascista.

Y en Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos nació como respuesta a la aplicación de una política de terrorismo de Estado que vulneraba gravemente cada uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal.

Los chilenos y chilenas se encontraban en un total estado de indefensión. Las Iglesias, especialmente la Iglesia Católica, a través del Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, eran los únicos lugares de encuentro y de amparo de los perseguidos y sus familiares.

No existía una organización laica que asumiera la voz y defensa de los miles de chilenos y chilenas violentados en sus derechos más elementales.

Es por ello que, el 10 de Diciembre de 1978, se crea la Comisión Chilena de Derechos Humanos bajo el liderazgo indiscutido de don Jaime Castillo Velasco, quién convocó a representantes de las más diversas sensibilidades culturales y políticas de nuestro país, los que en su acto fundacional, se comprometieron a “trabajar en nuestro país, como organismo no gubernamental, en forma pluralista, libre y autónoma, por la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro.”

Siguiendo esos principios, la Comisión Chilena pasó a ser una de las principales organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Chile y se convirtió en un referente de oposición al régimen militar promoviendo la recuperación de la democracia en nuestro país.

A 40 años de su creación, es necesario recordar a sus fundadores: a Jaime Castillo Velasco, jurista y filósofo, a Mila Oyarzún, Poetisa, a Jorge Millas, escritor, a Juvencio Valle, poeta, a Clotario Blest, Sindicalista, a Joaquín Luco Valenzuela, médico fisiólogo, y a los abogados Máximo Pacheco Gómez, José Quezada Meléndez, Germán Molina Valdivieso  y Gonzalo Taborga Molina.

Se puede constatar que desde su fundación, la Comisión Chilena de Derechos Humanos tuvo una fuerte relación con el mundo de la Cultura y las Artes.

A todos ellos, nuestro recuerdo y reconocimiento.

También es necesario recordar a quienes ya no están con nosotros, que fueron parte de nuestra Institución y entregaron un inestimable aporte: Hoy recordamos a nuestros compañeros Jaime Castillo Velasco, Máximo Pacheco Gómez, Leopoldo Ortega, Jorge Barudi, Adolfo Veloso, Silvia Pinilla Olguín, Elena Fuquet, Oscar Montealegre, Marta Pérez, Rosa Rubilar, Borina Cortés, Pedro Castillo Yáñez, Sergio Edwards, Rosa Pineda (Arica), Luis Alberto García  (Talca), y recientemente, Monique Marcowicz, José Ormeño y María González de Bravo.

A todos ellos, nuestra gratitud, cariño, recuerdo y debido reconocimiento.

AMIGOS Y AMIGAS:

Desde su fundación, la Comisión Chilena de Derechos Humanos se desplegó a nivel nacional a través de sus Sedes Regionales, recogiendo las denuncias de los casos de violación de los derechos humanos que ocurrían en cada rincón de Chile, las que eran sistematizadas por el Departamento de Estudios, para luego ser informadas debidamente a Naciones Unidas y sus órganos especializados, a través de su Departamento Internacional. Nuestra Institución también tuvo una presencia activa en los sectores más reprimidos de la ciudad, a través del Departamento de Comités de Base, los que a través de una acción coordinada con el Departamento Jurídico y el Departamento de Educación, promovieron la formación en Derechos Humanos otorgándoles las herramientas jurídicas necesarias que permitieran denunciar la violación de los derechos fundamentales y crear al mismo tiempo, conciencia acerca de la necesidad de exigir su respeto irrestricto. Además, acompañamos a los pobladores en cada Protesta Nacional para colaborar en la denuncia de la represión desatada en su contra.

Se creó también un Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya misión era monitorear y denunciar a través de los Informes Institucionales, la grave violación de esos derechos fundamentales y que afectaban seriamente la calidad de vida de los chilenos y chilenas. También este Departamento se abocó a estudiar los derechos de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche y su grave afectación por las políticas implementadas por el régimen imperante.

Los Derechos de la Mujer y los del Niño, fueron preocupación también de nuestra Institución, creándose sendos Departamentos para relevar visionariamente a estos sectores con políticas que contribuyeran a terminar con las graves vulneraciones y discriminaciones a sus derechos.

También nuestra Institución acogió en su casa, a organizaciones de familiares de víctimas de la represión, como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Comité Pro Retorno así como la Agrupación de Familiares de Ex Presos Políticos y la Agrupación de Familiares de Relegados, además de CODEJU, desde su formación.

Posteriormente, participamos también de una instancia de coordinación con otras instituciones de derechos humanos, como la Vicaría de la Solidaridad, FASIC, CODEPU y PIDEE, que se conoció como Plenario de Derechos Humanos.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos también dedicó esfuerzos significativos a propiciar iniciativas tendientes a buscar la más amplia unidad de las organizaciones sociales y políticas en pos de un ideal común: recuperar la Democracia y construir entre todos, un nuevo sistema político, económico y social que tuviera como eje central el respeto y garantía de los derechos humanos.

Por toda su labor desplegada, la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue reconocida nacional e internacionalmente, y su opinión, una voz autorizada y legitimada en el mundo social y por cierto, entre los perseguidos, humillados y postergados.

Sin embargo, con el término de la Dictadura, la Comisión Chilena de Derechos Humanos corrió la misma suerte que los demás organismos de Derechos Humanos: quedamos sin financiamiento internacional por una errónea posición de las autoridades nacionales emergentes quienes informaron a los órganos de cooperación internacional que ya no éramos necesarios porque el gobierno democrático se haría cargo de enfrentar debidamente los temas de Derechos Humanos en nuestro país.

Los trabajadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos tuvieron que enfrentar su cesantía emigrando al campo público y privado.

A pesar de su orfandad y nulo apoyo económico, la Comisión subsistió durante estos años, gracias a la firme decisión de no cerrar sus cortinas y al compromiso de algunos colaboradores voluntarios que durante todos estos años de transición, la mantuvieron viva, aunque sin posibilidades de gravitar en el debate público. Marta Cruz Coke y Carlos López Dawson tuvieron la responsabilidad de dirigir la Institución en estos duros años.

La situación cambió cuando, frente al nuevo escenario político, con un Gobierno marcadamente conservador y renuente a respetar las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, permisivo a las organizaciones neofascistas emergentes y la persistencia de grandes deudas derivadas de la Justicia Transicional así como los deficitarios avances en pos de una Cultura de los Derechos Humanos en nuestro país, la actual Directiva asumida hace seis meses atrás, se impuso el deber de intentar aportar con nuestra voz y nuestra historia y trayectoria, para enfrentar resueltamente los actuales desafíos en materia de Derechos Humanos.

En efecto, a pesar de no contar con recursos, hoy hacemos esfuerzos para contribuir al cumplimiento de nuestros fines institucionales a través de la defensa y patrocinio de 115 víctimas de la Dictadura, exigiendo a los tribunales verdad y justicia; aportamos a la Memoria poniendo a disposición nuestro Centro de Archivo y Documentación a estudiantes y tesistas y al público en general, para que conozcan una parte importante de nuestra historia reciente atesorada en nuestros anaqueles; formamos en Derechos Humanos especialmente a profesores; promovemos una Nueva Constitución a través de iniciativas formativas en el mundo social e incidentes en el mundo político a la vez que tratamos que comunicacionalmente nuestra voz sea escuchada en la hora presente para influir en el debate público.

Como la labor es inmensa, y la tarea de construir una sociedad democrática fundada en los derechos humanos no es sólo responsabilidad del mundo de los Derechos Humanos, hemos procurado generar las más amplias alianzas con las organizaciones más representativas de los distintos sectores de la sociedad civil, como los estudiantes, los trabajadores, los profesionales y muy especialmente, con el mundo de la Cultura y las Artes.

En efecto, los desafíos son grandes y por tanto se requiere el esfuerzo mancomunado de todas las expresiones del pueblo organizado.

Y es que a los insuficientes avances en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, se suma ahora la seria amenaza del Negacionismo y del Neofascismo en nuestro país, que nos obligan moralmente a levantar nuestra voz y a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra Patria. Al mismo tiempo, estamos convencidos que las serias amenazas a los Derechos Humanos y al actual régimen político, se deben enfrentar promoviendo un sistema democrático que garantice y respete integralmente los Derechos Humanos.

El incumplimiento en materia de Verdad y Justicia se refleja de manera dramática en que aún hay 1124 personas detenidas desaparecidas sin que hasta la fecha se haya acogido por parte del Estado la creación de un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, tal como fue propuesto en las Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas del año 2013. Cómo es posible que se haya naturalizado y normalizado en nuestro país la existencia de más de mil compatriotas víctimas de la desaparición forzada? A nosotros esta actitud de indolencia nos parece no sólo inmoral sino que además, expresa un grave incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado de Chile que debe terminar a la vez que constituye un nefasto ejemplo para las generaciones futuras.

En cuanto a la seria amenaza del neofascismo y sus ya declaradas expresiones de Negacionismo, el Relator Especial de Naciones Unidas, Pablo Greiffen ha señalado que Chile está en medio de “el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas”, y lo atribuye a los incumplimientos del Estado Chileno en materia de verdad y justicia junto con las injustificadas ausencias de políticas de prevención. Al respecto, como sociedad civil debemos, al menos, seguir exigiendo del Gobierno ponga urgencia al Proyecto de Ley que sanciona el Negacionismo, que duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Últimamente el negacionismo, como expresión larvada del neofascismo no sólo se ha limitado a reivindicar los crímenes de la Dictadura y exigir la libertad de los responsables de los crímenes contra la Humanidad, junto con vilipendiar la Memoria y los Museos y Sitios de Memoria que recuerdan la barbarie, sino que además, se ha expresado en amenazas de muerte a connotados representantes del mundo de la Cultura y las Artes. Los cultores del Negacionismo saben, que en la historia de los pueblos, los artistas e intelectuales siempre han representado la conciencia crítica de la sociedad y los más sentidos anhelos de los ciudadanos, especialmente de los postergados y humillados. Es por ello que nuestro país debe valorar el papel que hoy están cumpliendo sus artistas y reconocerlos debidamente, como lo hará humildemente nuestra Institución en este significativo Acto.

No olvidamos a todos nuestros artistas que simbolizados en Víctor Jara, les fueron cegaron sus vidas por ser fieles en su quehacer artístico, y a los más sentidos anhelos e intereses del pueblo chileno.

Cabe recordar que históricamente, para el fascismo, pensar es una forma de castración y siguiendo las directrices del jerarca nazi, Goebbels, quien señalaba “cuando oigo la palabra “cultura” echo mano a la pistola”, los fascistas siempre han visto a los artistas e intelectuales como una seria amenaza que hay que acallar.

Estimados amigos y estimadas amigas:

No hay que olvidar que el fascismo tiene muchas caras pero un solo objetivo. Hay que tener presente a este respecto lo señalado por Umberto Eco, quien en una Conferencia dictada ante estudiantes de la Universidad de Columbia, en el año 1995, afirmaba que el fascismo triunfa y avanza cuando hay capas medias frustradas por alguna crisis económica ó están desencantadas del sistema político. En nuestra época, en que los antiguos proletarios están convirtiéndose en pequeña burguesía, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Por eso es que esta seria amenaza debe prestársele la debida atención.

Pero, qué proponemos para enfrentar estas serias amenazas?

En primer lugar, creemos que el pueblo chileno debe recuperar el principal derecho colectivo violado y arrebatado el 11 de septiembre de 1973, esto es, el derecho de libre determinación. Necesitamos ejercer plenamente nuestra soberanía popular elaborando entre todos una Nueva Constitución a través de un mecanismo democrático como la Asamblea Constituyente, donde establezcamos entre todos las reglas del juego, recuperando el viejo anhelo del Contrato Social de Rousseau, donde las instituciones creadas respondan en el ejercicio de sus atribuciones al único soberano: el pueblo de Chile.

Esta Constitución debe no sólo reconocer sino que garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, contraídas por la suscripción de los pactos y convenciones sobre la materia. Ello pasa por terminar definitivamente con el principio de subsidiariedad del Estado, por constituir un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos por parte del Estado, particularmente los derechos sociales.

El actual modelo neoliberal privilegia el mercado por sobre las obligaciones internacionales del Estado, impidiendo no sólo el debido resguardo y protección de los derechos humanos sino anulando el Contrato Social en sus cimientos, al negar al pueblo de chile su condición de sujeto colectivo con ideales y propósitos comunes, promoviendo en cambio, una relación directa entre el individuo y el mercado.

Esta concepción nefasta que violenta los fundamentos de los Derechos Humanos en cuanto desconoce el rol del Estado y sus obligaciones, desconoce al mismo tiempo los valores de la solidaridad y la colaboración, pilares en la consecución de grandes conquistas y transformaciones sociales en nuestra Historia patria.

Por lo tanto, hay que elaborar un nuevo pacto constitucional y terminar con todos los denominados enclaves autoritarios, como el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una tercera instancia parlamentaria, a la que recurren los sectores conservadores cuando se aprueba una ley contraria a sus mezquinos intereses. Los derechos sexuales y  reproductivos no pueden ser ejercidos por las mujeres porque se recurre al Tribunal Constitucional para impedir todo avance en al materia. De la misma forma, más de 50 causas han sido paralizadas por la interposición de recursos ante dicha instancia por criminales de lesa Humanidad para evitar la dictación de sentencias en su contra. Tanto las atribuciones y su integración deben ser adecuados a los estándares de Derechos Humanos. No puede ser burlada la voluntad popular con estos mecanismos cuya única finalidad es impedir todo avance democratizador.

A su vez, una sociedad democrática debe contar con Fuerzas Armadas y de Orden comprometidas con el proyecto de desarrollo que refleje los anhelos mayoritarios del pueblo chileno. Ello supone que las instituciones castrenses estén subordinadas plenamente al poder civil democrático, pero por sobre todo, formadas en el compromiso con los valores democráticos y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Por lo tanto, la incorporación de la Doctrina Schneider y la Doctrina Prats en la formación de los futuros oficiales, es una necesidad de primer orden y una obligación ineludible que debe ser exigida a las autoridades competentes.

A lo anterior, promovemos que una democracia verdadera se mide si es capaz o no de garantizar plenamente la libertad de expresión. El Relator sobre Libertad de Expresión para Chile, señaló en su último Informe del año 2015, que la actual concentración de la propiedad de los medios de comunicación impedía el pluralismo informativo, por lo que la Libertad de Expresión no se encontraba garantizada debidamente.

Los grandes grupos económicos son dueños de los principales medios de comunicación porque saben que la forma de mantener este sistema de abusos institucionalizado, es generando climas de opinión que no cuestionen el actual estado de cosas, el que impide a la gran mayoría de lo chilenos ejercer los derechos humanos más elementales.

A su vez, creemos de una vez por todas debe enfrentarse debidamente el conflicto de la Araucanía. El efecto, de una vez por todas, el Estado chileno debe dialogar con el pueblo mapuche sobre autonomía y territorio, avanzando hacia un Estado Plurinacional dejando de lado toda mirada asistencialista y paternalista. Las demandas legítimas del pueblo mapuche deben ser escuchadas y acogidas, teniendo a la vista el fiel cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos suscritos y ratificados por el Estado de Chile. No queremos más Camilo Catrillanca, Alex Lemún ó Matías Catrileo. No más sangre mapuche ni pérdida de vidas inocentes.

Al mismo tiempo, creemos firmemente en la importancia y rol de los Partidos Políticos en Democracia. Sin embargo, para cumplir debidamente su papel en la hora presente y recuperar el prestigio y credibilidad perdida, es indispensable enfrentar las prácticas corruptas al interior de sus filas, aplicando sanciones reales a los responsables, no sólo por constituir una práctica deleznable desde el punto de vista ético, sino que además porque este flagelo vulnera seriamente los Derechos Humanos de los pueblos, tal como lo han señalado reiteradamente los órganos especializados de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, los partidos políticos deben, a nuestro entender, elaborar propuestas concretas sobre materias sensibles para la ciudadanía como las pensiones, la seguridad pública junto con la educación y el acceso a la salud.

El neofascismo, disfrazado de populismo de derecha, al decir de Steve Bannon, asesor de Trump y de Jair Bolsonaro, avanzará si los sectores políticos democráticos siguen sin ofrecer soluciones efectivas y reales a estos problemas acuciantes de la gran mayoría de la población.

Y es por ello que nos permitimos sugerir, para los efectos de neutralizar esta amenaza, y sólo a título ejemplar, que no habrá pensiones dignas si no se termina con el monopolio del actual sistema de capitalización individual. Y no se entregará tranquilidad a la población, si no se  deja de caracterizar a la delincuencia como un fenómeno que se explica producto de las desigualdades estructurales de la sociedad. Y mientras no se terminan esas desigualdades, qué hacemos para llevar tranquilidad a los hogares de miles de chilenos, especialmente a los más pobres?

La doctrina y la normativa sobre Derechos Humanos regulan estas materias bajo estándares de derechos humanos, que nos permitimos sugerir sean conocidas debidamente ya que pensamos servirían para enfrentar estos acuciantes problemas.

Por último, reiteramos la necesidad de avanzar en Verdad y Justicia. Hablar y ocuparnos de estas tareas pendientes no es parte del pasado. Es presente y futuro, Es un pasado que no pasa. Y la forma de enfrentar los flagelos de la Dictadura determina el país que tendremos. Así lo demuestra el caso de Brasil, en que la falta de verdad y de justicia, la aplicación de una Amnistía total post dictadura, facilitó el resurgimiento del militarismo y la irrupción de un líder negacionista, xenófobo, misógino, homofóbico y favorecedor de las torturas y asesinatos de opositores políticos. Queremos eso para Chile? Vamos a permitir que un sector de la Derecha chilena imponga ese modelo de sociedad para Chile?

A pesar que la respuesta es obvia, debemos tomar iniciativas concretas como las sugeridas que nos permitan poner freno al avance del neofascismo. La única forma es propiciar una Cultura por los Derechos Humanos, que tenga como eje central consolidar una institucionalidad constitucional y legal que reconozca y garantice los derechos humanos, en que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales contraídas al suscribir los pactos y convenciones sobre la materia. No es posible ni aceptable que el Estado de Chile siga incumpliendo sus obligaciones desconociendo los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados.

Esta actitud permanente del Estado chileno se ve agravado con la decisión de este Gobierno de no suscribir el Pacto de Naciones Unidas sobre Migración, argumentando que la migración no es un derecho humano, siguiendo la línea de conducta de Estados Unidos que también se negó a suscribirlo y que confirma el peso de la ultraderecha xenófoba en el actual Gobierno. Es vergonzoso que después de haber participado en las negociaciones previas, el Gobierno desista adherir al Pacto dos días antes de la ceremonia de su suscripción. Esta conducta constituye una afrenta a los avances civilizatorios en materia de migración, que pone al margen al Estado de Chile en el concierto internacional.

Para enfrentar esta actitud de desconocimiento y desprecio por la normativa internacional de Derechos Humanos, nuestra Institución quiere proponer en cambio,  al mundo social y político, una nueva convivencia democrática en que los Derechos Humanos no sean vistos sólo como una referencia moral ineludible, ni tampoco sólo como una obligación de carácter normativa. Proponemos que los Derechos Humanos y su debido resguardo y garantía, constituyan un proyecto de sociedad en sí mismo, que comprometa al sistema político y los partidos políticos que lo integran, a que en sus programas de gobierno tengan como eje central un compromiso real y efectivo con los derechos fundamentales, a través de propuestas que tengan como objetivo el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de Chile de los Pactos y Convenciones suscritas y ratificadas.

Los Derechos Humanos debieran constituirse en un nuevo paradigma, en el nuevo relato, que convoque unitariamente a los distintos sectores sociales y políticos que quieren legar a las futuras generaciones un horizonte ético y político que se puede definir en que simplemente todos los seres humanos somos libres e iguales y que aspirar a la plena realización de su dignidad debe ser un mandato que nos movilice y convoque como aspiración colectiva y mayoritaria.

Esperamos que el Seminario al que hemos convocado a los Partidos Políticos de Oposición para enero próximo, en el que sus representantes discutirán reflexivamente sus aproximaciones a los Derechos Humanos, permita acercarnos a este noble y anhelado objetivo.

Estimados amigos y amigas:

La conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal y nuestros 40 años de existencia como Institución, nos recuerda que la historia de los pueblos es la lucha por el respeto de sus derechos humanos permanentemente vulnerados. Y que todo avance conquistado en derechos humanos,  ha sido producto de la lucha unitaria del pueblo y sus organizaciones.

Hoy, igual que ayer, esa lucha se expresa en detener al Neofascismo y en la exigencia por Verdad y Justicia frenando el Negacionismo; por el debido respeto y protección de los niños, niñas y adolescentes; por la demanda de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad; por la igualdad de género, exigencia encabezada por el movimiento feminista: por los derechos de la diversidad sexual y por enfrentar decididamente las demandas históricas con los pueblos originarios, así como por el derecho de nuestros adultos mayores a una pensión digna junto con la demanda de inclusión de las personas con capacidades diferentes, así como por los migrantes y sus derechos fuertemente vulnerados, y por cierto, por los diezmados derechos de los trabajadores, amenazados hoy por los permanentes anuncios de contrarreformas laborales. También la lucha por un ambiente libre de contaminación que libran en Quintero y Puchuncaví, y la exigencia por el derecho humano al agua desplegada por los habitantes de Petorca y Cabildo, entre otras localidades. Todas ellas  son luchas sectoriales con un denominador común: la lucha por los Derechos Humanos y la exigencia al Estado de su debido respeto y garantía.

Ciertamente, falta mucho por avanzar. Pero los logros llegarán más temprano que tarde si las organizaciones sociales comprenden que las luchas sectoriales, forman parte de una lucha que tiene como común denominador, la bandera de los Derechos Humanos.

Los convocamos pues, a unir nuestros esfuerzos, a abandonar por las exigencias del momento nuestras legítimas diferencias y a entender que la seria amenaza debe ser enfrentada del mismo modo que en el pasado reciente: con unidad y generosidad. Será ésta la única posibilidad de victoria frente al neofascismo emergente y un camino seguro para avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el pleno resguardo y garantía de los derechos humanos.

Ése es nuestro desafío institucional para los próximos tiempos y también nuestro llamado y nuestra convocatoria la que extendemos a todos los sectores de la sociedad chilena porque, tal como lo señalaba nuestro fundador, Jaime Castillo Velasco, los Derechos Humanos serán respetados, cuando unidos, los exijamos.