Aumento de despedidos, precarización y flexibilización, salarios congelados, instancias de diálogo vulneradas. Se requiere de una corrección en este camino.

Editorial. El Siglo. 06/12/018. Ya van dos grandes movilizaciones de los funcionarios del sector público, convocadas por la ANEF, y cientos de miles de trabajadores fueron parte del Paro Nacional de noviembre convocado por la CUT y el Movimiento No+AFP. Decenas de protestas, manifestaciones y paros se produjeron en empresas de todo tipo por violaciones a derechos laborales y demandas de mejores condiciones de trabajo.

Y es que en materia laboral el panorama es oscuro. El desempleo subió a más del 7%, con cifras como 4 mil empleados del sector estatal despedidos, y -en cifras conservadoras- unos tres mil trabajadores del sector privado echados a la calle. Los planes del Gobierno apuntan a flexibilizar y precarizar el trabajo, sobre todo en el segmento de jóvenes y adultos mayores. Se anunció que se piensa eliminar las indemnizaciones y “corregir” la reforma laboral implementada en la administración de Michelle Bachelet que implicó progresos en el mundo del trabajo. Los sueldos en términos reales no suben más del 1% y persisten altas tasas de ocupación informal y empleos que no cumplen con normativas no siendo dignos, ni de calidad.

Con esas tendencias, la situación de los asalariados, en distintas áreas, se muestra negativa y puede empeorar.

Todo esto va a afectar el funcionamiento de la economía y la conflictividad social.

Más si, como lo denunciaron desde la CUT, el Gobierno de derecha y específicamente el  Ministerio del Trabajo, se saltan las instancias formales de diálogo y acuerdos.

Van mal las cosas. La salida es reforzar los salarios, terminar con despidos masivos, priorizar por el diálogo para encontrar soluciones, legislar acorde con intereses y derechos de los asalariados, cuidar las progresistas reformas realizadas e ir en el camino de tener empleos dignos y decentes, con sueldos que, por ejemplo, permitan sacar de la línea de la pobreza a miles de personas.

Ese es un empeño tripartita: Estado, trabajadores y empresarios. En el propósito de no dejar en retórica aquello de avanzar hacia un país más justo y menos desigual. En esa perspectiva, el próximo año será decisivo en estas materias, donde si el Gobierno mantiene iniciativas restrictivas y precarizadoras, se apuntará a una más extendida movilización social y de las y los trabajadores.