Ese mecanismo de apropiación privada del capital social constituido por décadas, a través de las cotizaciones previsionales de millones de trabajadores.

Pedro Aravena Rivera

Abogado

15/11/018. De no mediar algún hecho extraordinario, pareciera que la discusión sobre la reforma previsional se dará dentro los límites habituales en que se ha venido planteando esta materia y con una clara orientación de orden individualista, como si se tratara de un tema entre particulares o entre clientes y proveedores (léase imponentes y AFP). Así, ya lo anuncian los primeros intercambios que se han venido dando, centrados en sí el aumento del aporte patronal será de un 4% o un 5% y si irá todo o solo una parte a la cuenta de ahorro individual, o si la administración de este será solo para las AFP o se incluirá a otras entidades privadas, en suma, modificaciones orientadas a perfeccionar el actual sistema de financiamiento de las pensiones.

Lo complejo de esta forma de abordar la situación previsional, es que permite soslayar la cuestión principal referida al carácter que tiene el actual sistema, sobre su origen y sus consecuencias, habiendo ya transcurridos casi cuatro décadas desde de su implantación, tiempo más que suficiente como para evaluarlo de manera más completa. Porqué por más que hayan pasado más de 38 años desde que se dictó al Decreto Ley Nº 3.500 del 04 de noviembre de 1980, que “establece un nuevo sistema de pensiones” y que vino a sustituir el sistema de solidario,  vigente hasta esa fecha, en lo esencial, ese decreto ley dio forma legal a  una expropiación de los fondos previsionales que se cotizaban con cargo a las remuneraciones y que financiaban el sistema de reparto, dando paso a su apropiación privada por parte de los principales grupos económicos vigentes a esa fecha.

Ese mecanismo de apropiación privada del capital social constituido por décadas, a través de las cotizaciones previsionales de millones de trabajadores, es un ejemplo de lo que Carlos Marx describe en el Tomo I de El Capital, como apropiación originaria, esto es, un incremento del capital que no derivada del proceso productivo, sino del despojo mediante el empleo de la violencia, como ocurriera  con la expropiación de la propiedad privada del campesinado europeo por parte de los capitalistas industriales en el siglo XVI. ¡Quien podría haberse imaginado que cinco siglos después se volvería a presentar un fenómeno de esa especie!.

En el libro “El Saqueo de los grupos económicos del Estado chileno”, su autora, María Olivia Mönckeberg relata el diálogo de un integrante de la comisión legislativa de la dictadura con el ex Ministro José Piñera, uno de los autores de este sistema de ahorro forzoso individual, en que el primero interrogaba acerca de si se tenía conciencia del significado del traspaso de esa inmensa cantidad de  fondos con los que habían contado todos los gobiernos anteriores, a lo que Piñera respondió “ está consciente y ahí reside el valor del proyecto que entrega a los ciudadanos una cuota de poder y libertad necesaria para el pleno desarrollo dentro de la sociedad libre que el gobierno está bosquejando”.  A estas alturas, esta está más que claro a cual libertad se estaba refiriendo Piñera, sobre todo a la del gran capital financiero nacional y transnacional, los que han tenido la más amplia libertad para usufructuar del ahorro forzado de los trabajadores y de paso obtener pingües utilidades, a diferencia de los ahorrantes, quienes son rehenes en una suerte de prisión financiero-institucional que les priva de optar por un sistema de efectiva seguridad social y que somete su vida futura a los vaivenes y caprichos de la especulación financiera mundial.

A partir de ese instante fundacional de la institucionalidad económica nacional, quienes se han visto obligatoriamente adscritos a una AFP, producto de esa apropiación forzada de las cotizaciones que le son descontadas de sus remuneraciones, no les ha sido permitido proveerse de los medios para subsistir cuando ya han ido dejando de ser parte de la población activa, es decir, es una demostración inequívoca del carácter salvaje del capitalismo neoliberal, que ya no solo se apropia del mayor valor producido por la fuerza de trabajo en las condiciones de abierta inequidad respecto del empresariado, sino que, además, se apodera de aquella parte de la producción que debe destinarse para la reproducción de la fuerza de trabajo, en otras palabras para sustentar la vida de los trabajadores.

En consecuencia, en la base el sistema actual de capitalización individual se contienen profundas contradicciones de intereses entre quienes lo administran y usufructúan de éste y quienes son supuestamente sus beneficiarios, ya que estos últimos deben aportar un porcentaje importante de sus remuneraciones durante toda su vida activa laboral, en circunstancias que gran parte de esos aportes van directamente al capital, mediante los altísimos montos que significan las  comisiones y primas netas que perciben las AFP y las compañías de seguros,  como lo indica Manuel Riesco en su libro “Nueva Previsión” que de los 44,2 billones de pesos acumulados por el fondo entre los años 1982 y 2012,  “las AFP y compañías de seguros se han apropiado de comisiones y primas netas por un valor de 19,7 billones de pesos en el mismo período periodo,”, es decir, un 44,57%, del total de lo aportado por los imponentes fue directamente a los gestores del sistema en ese mismo período.

Andrés Solimano en su texto “Pensiones a la Chilena”, advierte que según un estudio de la Subsecretaría de Previsión Social del año 2014, “en un período de dos a tres décadas un afiliado puede ver disminuida entre 20% a 30% su pensión solo por concepto de la comisión implícita”, con motivo de los gastos derivados de las inversiones en el exterior y en fondos mutuos nacionales.

De allí que diversos estudios hayan señalado que las utilidades de las AFP duplican o triplican las que obtienen otras ramas del mundo financiero.

Ahora bien, al mes de marzo de 2018, aquella parte de los ahorros previsionales que constituyen los fondos de pensiones y que las AFP invierten en diversos instrumentos de renta fija y renta variable, alcanzan nada menos que a la cantidad de US $ 221.016 millones, que ya a fines del 2016 representaba nada menos que un 70% del PIB del país y que, de acuerdo con proyecciones efectuadas por la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones,  al año 2039 podrían llegar a representar un 110% del PIB nacional. De aquellos totales, la inversión en el extranjero ha ido creciendo progresivamente desde un 5,73, en el año 1998, hasta alcanzar un 43,88% a finales del 2017 y, en contraste con esa tendencia, la inversión en el sector estatal nacional ha disminuido desde un 40,96%, en el mismo año 1998, a un 19,10% también a fines de 2017, de acuerdo con información publicada por la edición del 06 de enero de 2018, del cuerpo B de El Mercurio.

El escenario privatizador del fondo de pensiones se agrava si se tiene en consideración que el resto de los fondos de pensiones se reparten exclusivamente entre actores particulares del sector financiero (un 20,12%) y de empresas (un 16,52), conforme a la misma publicación.

Esta total dependencia de instrumentos y transacciones financieras, ha significado que las crisis de esos mercados han provocado y seguirán provocando pérdidas que afectan directamente a los cautivos de las AFP, como lo informa Manuel Riesco en su libro ya citado, mencionando, entre otras, la de los mercados emergentes del año 1977 que afectó negativamente el año 1998 los fondos previsionales y la del año 2007 hizo caer la cuota promedio del sistema de AFP en casi un 30% y su crecimiento hasta el año 2014 fue prácticamente inexistente, en especial, el fondo A, que hasta ese año tuvo una pérdida a una décima parte de los recursos que re`presentaba. El ex senador Ricardo Hormazábal puntualizaba en su trabajo “El gran engaño 30 del sistema de AFP” que “las cifras oficiales muestran que entre abril del 2008 y diciembre de ese año, los Fondos de Pensiones chilenos perdieron cerca de 50 mil millones de dólares, bajando de 120 mil millones a cerca de 70 mil millones de dólares.”, agregando que entre abril y septiembre del año 2011 los fondos de AFP perdieron 25 mil millones de dólares de acuerdo a cifras que la Superintendencia de Pensiones.

Si alguien cree que lo anterior es algo circunstancial, baste con señalar que la Superintendencia de Pensiones ha señalado que los  fondos de pensiones han caído en octubre de 2018, castigados por las pérdidas en inversiones de renta variable extranjera y nacional.

Los anteriores son solo algunos ejemplos que desmiente el mito de la alta rentabilidad del sistema de AFP y que evidencian que si no se produce el término del dominio absoluto de los fondos previsionales por parte de las AFP, continuarán el deterioro de los ahorros a que se encuentran obligados los imponentes y las posibilidades de un cambio sustancial en las pensiones continuará diluyéndose en el tiempo y dado el aumento de la longevidad de la población, se irá incrementando el número de las personas condenadas a una subsistencia en medio de la miseria, salvo que tengan la suerte de la ayuda de sus familias o de la caridad privada, como fuera en el siglo XIX, antes de surgiera la seguridad como una conquista de la Humanidad a consecuencias de la lucha del movimiento sindical.

Esa incertidumbre que acosa a 3,1 millones de adultos mayores, tiene un costo humano mucho más relevante que lo que indican las cifras y los porcentajes, con una dolorosa repercusión social afectando su salud psíquica y física y las de sus familiares, viéndose muchos obligados a continuar trabajando indefinidamente, realidad que, además, explica en gran medida el aumento de las patologías psiquiátricas, de suicidios, de crisis familiares y el desamparo de muchos.

Resulta imprescindible que esa inmensa cantidad de recursos que acumulan los fondos previsionales vuelvan al control social, terminando con su apropiación privada, de modo de destinarlos íntegramente al pago de pensiones, sin la intermediación de las AFP, ya que los costos y  pérdidas que implican deterioran los ahorros previsionales de la población, garantizando su rentabilidad y contribuyendo con una parte que se determine técnicamente, al crecimiento económico del país, de los ingresos de los trabajadores y, como lo indicara un dirigente del Movimiento No ­+ AFP: “Señalamos que es un mito que nuestra propuesta acabe con el ahorro interno. Tenemos más de 216 mil millones de dólares, cerca del 90 por ciento del PIB chileno, una cantidad gigantesca. Menos del 1 por ciento del ahorro total que tenemos (2.116 millones de dólares) es más que lo que costó toda la línea 6 del metro (1.350 millones de dólares). La línea 3 cuesta 1.670 millones de dólares. Con el 1 por ciento podríamos construir una línea y media del metro. Son cantidades siderales. Podríamos resolver el problema hospitalario de este país a nivel del estándar que tienen países como Alemania, Suiza…