Académicos de todos los sectores validaron la presentación entre ellos 4 profesionales vinculados a la DC.   

Equipo ES. Este jueves fue un día particular en el Congreso Nacional. Por una parte estuvo la intentona de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por inhabilitar para la votación de la Acusación Constitucional, contra los tres jueces de la Corte Suprema, a la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, por un eventual conflicto de interés.

La situación generó un rechazo generalizado de la iniciativa derechista y significó un apoyo transversal de todas las bancadas de oposición. El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, calificó la acción gremialista como “deleznable”.

Además, el diputado DC subrayó la posición de su bancada en torno a la acusación constitucional: junto con manifestar su defensa a los derechos humanos evaluarían la acusación en su mérito y tomarían una definición una vez analizada las causales.

Pese a que el diputado DC Raúl Soto ya ha anunciado abierta y públicamente su apoyo a la acusación, de la que incluso es firmante, aún existe un intenso debate interno respecto de un eventual apoyo final.

Los argumentos jurídicos

Durante este jueves 6 se difundió una carta firmada por 7 destacados académicos de distintos sectores como Claudio Nash Rojas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile; Francisco Fernández Fredes, exministro del Tribunal Constitucional y militante socialista; y Jaime Gajardo Falcón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y militante PC.

Sin embargo, lo que llama la atención es que del total de firmantes, cuatro sean vinculados a la Democracia Cristiana: Humberto Nogueira Alcalá, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca; Jorge Precht Pizarro, Profesor de Derecho Público de la Universidad Católica; Rodrigo Poblete Reyes, Profesor de Derecho Constitucional; y Christian Suárez Crothers, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Talca.

Dentro de los argumentos expuestos por los docentes, señalan “que existen poderosas razones jurídicas para afirmar que los ministros que hoy se acusan han incurrido en notable abandono de deberes”.

Sostienen en la misiva que la causal por la cual son acusados los magistrados,  no se configura solo por el “incumplimiento de obligaciones administrativas de los jueces, sino también por la infracción de sus obligaciones constitucionales sustantivas”.

Entre aquellas obligaciones sustantivas se encuentran el “respetar y promover los derechos humanos asegurados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, conforme al artículo 5° inciso 2° y 54 n°1 inciso quinto de la Carta Fundamental, sin perjuicio de que el artículo 5° inciso 2°, reenvía a los derechos y sus garantías asegurados por tratados internacionales, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debiendo el tribunal cumplir las obligaciones generales convencionales de sus artículos 1° y 2°, además del derecho a la jurisdicción como regla imperativa de derecho internacional (Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del PIDCyP de Naciones Unidas), que incluye el cumplimiento de la pena; además de respetar el estándar sobre beneficios carcelarios determinado por la Corte IDH en sentencia de supervisión de los fallos La Cantuta y Barrios Altos de fecha de mayo de 2018, como asimismo, cumplir la regla favor persona de interpretación en materia de derechos humanos del artículo 29 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Una posición clara que debería ser parte importante de los elementos debatidos al interior de la DC, toda vez que incluso el propio Patricio Zapata, otro reconocido abogado constitucionalista de la DC, ha descartado que el libelo vulnere el Estado de Derecho, quizás la principal crítica que se la hecho a la acusación.

Para Zapata las consideraciones respecto de la acusación van en otro sentido, que rescata el “historial” de los ministros en materia de Derechos Humanos, pero no necesariamente son argumentaciones jurídicas, tal como reconoció en la sesión del pasado jueves 30 de agosto de la comisión ad hoc sobre la acusación.

Otra consideración no menor a la hora de tomar una definición interna, es la propia ofensiva que ha realizado el joven diputado decé, Raúl Soto, uno de los férreos defensores de la acusación y que a su vez ha estado a la cabeza en la bancada democratacristiana en la campaña de justicia para el ex Presidente Frei Montalva.

Soto ha interpelado al resto de diputados y diputadas de su bancada a ser “coherentes” con la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Un llamado, que junto con los argumentos jurídicos, debería marcar una posición al interior de la DC de cara a la votación en Sala de la Acusación Constitucional, que probablemente se realice hacia el término de la próxima semana.