Comenzaron las sesiones de la Comisión que revisa la medida. En la instancia,  académicos coincidieron en que la acusación no vulnera el Estado de Derecho.

Valparaíso. Con la presencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -que entregó una carta firmada por más de 200 figuras públicas en apoyo a la acusación constitucional-, se inició la primera sesión de la Vomisión que revisa los antecedentes que promovieron la acción en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema.

En la sesión expusieron los abogados Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, que desde distintas visiones alcanzaron ciertos puntos en común, principalmente referentes en que la acción de los diputados de oposición no vulnera el Estado de Derecho, tal como han sostenido desde la Corte Suprema.

El abogado y académico Claudio Nash, del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, sostuvo que si bien hay varios puntos que debe revisar el Parlamento en torno a la acusación, el que tiene que ver con la supuesta vulneración de Estado de Derecho está despejado.

“Me parece que hay un cierto acuerdo en que aquí se está ejerciendo un mandato constitucional y por tanto no está en riesgo el Estado de Derecho”, indicó.

El académico agregó que el punto fundamental a resolver es por lo tanto si hay una infracción de cierta gravedad que haría procedente esta acusación constitucional. “Lo que va  a tener que hacer la comisión y luego el pleno de la Cámara y posteriormente el Senado, es evaluar si esa infracción -donde me parece que no hay mucho espacio para un desacuerdo de que ha habido una infracción por parte de los jueces de la Suprema-, es la entidad o gravedad de la misma. Ahí la clave va a estar en cómo se interpretan los alcances de la impunidad en materia de Derechos Humanos  y si la Corte Suprema ha incurrido en una interpretación que abre una grieta relevante para la impunidad de violaciones gravísimas de Derechos Humanos”, sostuvo.

El profesor Nash concluyó señalando tras su exposición, que “el Parlamento tiene un desafío muy relevante para la historia de la transición en Chile en materia de Derechos Humanos”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, coincidió en que un aspecto fundamental de esta primera sesión, fue el haber despejado el manto de dudas en torno a la eventual vulneración del Estado de Derecho.

“Agradecemos algo que quedó claro en esta primera sesión y que creo que eran argumentos bastante apocalípticos solo para desacreditar una instancia como la posibilidad de una acusación constitucional. Los tres expositores señalan que acá no se pone en cuestión el Estado de Derecho y lo quiero señalar porque esas posiciones apocalípticas y poco honestas no sirven para la construcción de una democracia”, señaló Lorena Pizarro.

“Nos vamos convencidas de que aquello que solicitamos a los diputados y diputadas de oposición, cuando conocimos estos fallos, solicitando que se iniciara una acusación por notable abandono de deberes, aquí ha quedado demostrado de la contundencia del derecho internacional. Si nos ceñimos a la norma internacional, la destitución de los ministros debiese ser algo real y evidente”, agregó la presidenta de la AFDD.