Concentración mediática, despidos masivos, precariedad laboral y una comunicación ética, son algunos de los desafíos de cara a las elecciones del Colegio de Periodistas.

Daniela Pizarro A.

Periodista

No es un secreto que Chile posee uno de los más altos índices de concentración de medios de Latinoamérica. Según un estudio que encargó el Consejo Nacional de Televisión a fines de 2015, los cuatro principales operadores en cada sector de medios de Chile concentran más del 90% del mercado, cuando en América Latina el promedio es de 80%.

La falta de regulación en materia de concentración de medios, no solo afecta al pluralismo, sino también empobrece los contenidos, muchas veces pasa por alto la ética y precariza el trabajo de las comunicaciones.

Este último punto desgraciadamente se está acentuando cada vez más en el país, donde los y las periodistas, sobre todo jóvenes, deben convivir con extensos horarios de trabajo, con sueldos muy bajos y a veces ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para ejercer la profesión.

Este 2018 ha sido especialmente duro para las comunicaciones, en marzo con el cambio de Gobierno se registraron despidos masivos en el sector público. El Consorcio Periodístico S.A. (Copesa), liderado por el empresario Álvaro Saieh –una de las principales empresas periodísticas- hizo una desvinculación brutal de profesionales producto de una serie de cierres y de fusiones de medios.

La empresa terminó con las versiones impresas de las revistas Paula y Qué Pasa, fusionó el medio especialista en negocio y economía Pulso con el diario La Tercera, desmanteló todo el equipo del diario La Hora y dicho trabajo fue absorbido por el diario La Cuarta, donde también hubo varias desvinculaciones, asimismo, La Tercera puso fin a las secciones Tendencias y Finde.

Todos estos cambios en Copesa aumentaron significativamente la carga laboral, ya que los profesionales de La Tercera y La Cuarta, también con planas reducidas, debieron asumir las labores de todo el personal despedido.

A esta situación se agrega el proceso que hace algunos meses vivió Canal 13, donde se despidieron al menos a 270 profesionales.

Hace un año, en El Mercurio fueron despedidos más de 120 empleados que laboraban principalmente en áreas técnicas y de talleres.

Hay que recordar que hace pocos años, en Televisión Nacional de Chile fueron cesados alrededor de medio centenar de trabajadores, en un contexto de ajuste financiero y de funcionamiento del canal público.

Estas situaciones fueron justificadas por los controladores aduciendo ajustes financieros, razones de productividad, cambios en la industria mediática, restructuración de directivos, entre otras cosas.

Este año, además, por graves problemas financieros dejó de circular la emblemática revista Punto Final, también, tuvo que ser suspendida por los mismos motivos, la versión semanal de El Siglo, la misma suerte estuvo a punto de correr la edición chilena de Le Monde Diplomatique, que para seguir circulando debió rebajar su publicación de 40 a 32 páginas y así abaratar un poco los costos.

Medios como Le Monde Diplomatique Chile, Punto Final y El Siglo han exigido al Estado una distribución equitativa del avisaje estatal y no monopólica como sucede hoy, y que el Estado asuma la responsabilidad, como en muchos otros países, de garantizar la diversidad de información y líneas editoriales y el derecho a la comunicación como bien social.

En definitiva, lo que está ocurriendo es que la opinión pública chilena se está quedando sin la visión y la información distinta a la que entregan los medios conservadores.

En este escenario la labor del Colegio de Periodistas es esencial, tanto para respaldar los derechos de los trabajadores, como también para empujar una ley de medios que democratice las comunicaciones, es decir, que establezca garantías para los tres sectores de la comunicación; público, privado y comunitario. Una ley que regule la concentración de la propiedad de los medios. Donde el Estado no solo promueva la existencia de medios públicos, regionales, sino que vele por su estabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

Porque el rol de la Orden es garantizar a los chilenos y chilenas la libertad de expresión y el derecho a la información veraz y oportuna, basada en principios fundamentales de ética pública y el apego irrestricto a los derechos humanos.

Es deber del Colegio, asimismo, velar por una información pluralista, seria, despojada de todo lenguaje sexista, discriminatorio, que tergiverse u omita temas fundamentales como la realidad de los pueblos originarios, la migración, el medio ambiente, los temas de género, la infancia, juventud y tercera edad.

Para todo ello es fundamental la participación de los y las periodistas, en especial, de los más jóvenes, porque los desafíos son innumerables, precisamente por esta feroz realidad de concentración mediática que golpea la situación laboral de uno de los gremios más grandes del país y afecta a toda la ciudadanía que debe recibir una información efectiva.

Los días miércoles 29, jueves 30 y el viernes 31 de agosto el gremio de los reporteros renovará a todas las directivas del país para el período 2018-2020, se escogerá la presidencia nacional y las presidencias regionales, igualmente, se elijarán a los consejeros nacionales y a los respectivos consejeros de cada región.

Como en todo ejercicio democrático la invitación es a que participe la mayor cantidad de personas para dar legitimidad a los escogidos y porque el Colegio se hace entre todos y todas. Las trasformaciones necesarias y el rumbo que se debe seguir para caminar hacia un nuevo periodismo, más digno, más inclusivo, más ético y de calidad, solo es posible con el compromiso y las voluntades de todos y todas.