Desde el punto de vista del modelo de crecimiento esto implica una reducción del Estado por medio de las privatizaciones y concesiones.

Comisión nacional de economía. Partido Comunista. En el discurso a la nación del pasado 1 de junio, se apreciaron muchas menciones al crecimiento económico y algunas a empleo, pero no se nos muestra cómo se pretende cumplir con el principal caballito de batalla del gobierno, siendo la principal pista de esta la frase “la mejor política pública es el crecimiento económico y la mejor política laboral es el pleno empleo”. Lo que nos quiere decir el presidente Piñera, es que hemos vuelto a la política del chorreo, donde lo importante no es como se reparte la torta sino crecer, y que es el crecimiento, donde solo algunos se enriquecen, el que les dará empleo al resto de la población. Esta política, muy en boga con el auge del neoliberalismo, mostró su fracaso profundo en la crisis del año 2009 y, mientras los países desarrollados empiezan a moverse en sendas alternativas al neoliberalismo, este gobierno nos anuncia su regreso en estado salvaje.

Desde el punto de vista del modelo de crecimiento esto implica una reducción del Estado por medio de las privatizaciones, concesiones o entregar sectores al  mundo privado, ejemplos de esto son: el nuevo crédito universitario; la expansión de jardines infantiles y las cunas con la entrega de la cobertura a privados; la reforma de la salud a favor de las Isapres y consecuente reducción de FONASA disminuyendo los programas asegurados; la reforma a las pensiones a favor de las AFP aumentando los recursos a administrar por las mismas; la nueva institucionalidad ambiental que busca apurar los procesos de inversión con perjuicio al medio ambiente y a la participación; y, finalmente, la reforma tributaria que busca reintegrar los impuestos para devolver recursos de impuestos al 1% más rico. Así mismo, el modelo neoliberal que se busca profundizar, implica disminuir el poder de negociación de los trabajadores, y que se ejecutarán con anuncios ministeriales tales como huelgas que no paralicen la producción, la interpretación de servicios mínimos que vulneran la huelga y la extensión de beneficios históricos. Este es un eje fundamental, pues el neoliberalismo requiere la súper acumulación de capital que proviene de sindicatos sin poder de negociación.

Se nos sigue proponiendo un modelo de crecimiento espurio y extractivo basado en la exportación de materias primas, el cual  necesita empleos de baja calidad y bajos salarios para ser competitivo a nivel internacional. Lo señalado solo puede ser revertido a través de una diversificación productiva de la industria nacional, lo cual no es (interesadamente) considerado por la actual administración.

El neoliberalismo salvaje está de regreso, y nos esperan años de retorno hacia la mirada tecnocrática, donde el bien común se debe supeditar al crecimiento macroeconómico y, como consecuencia, solo cabe esperar que la desigualdad siga aumentando.

Crecimiento económico que no convence

El año 2017 se dio un fenómeno de crecimiento por sobre las expectativas a nivel mundial, lo que se tradujo en un crecimiento de 3,8%, el más alto desde el año 2011.

Este crecimiento se ha mantenido durante el primer semestre de este año, aun cuando  se ha ido haciendo más lento, particularmente en la zona europea, Japón, así como el sector industrial y la inversión en China.

La guerra comercial entre China – Estados Unidos es la primera explicación, lo cual afectará el crecimiento de China durante este año y va a golpear la economía mundial, sobre todo a la inversión, al precio de los commodities tales como el cobre, y a las condiciones financieras de los países emergentes. Si se llegase concretar la implementación de un arancel adicional del 25% a otros US$200.000 millones de exportaciones, el impacto para china seria de un punto de menor crecimiento el año 2019 y un alza de la inflación en EE.UU.

En Chile, el crecimiento del primer trimestre alcanzó a un 4,9%, medido por el IMACEC. A pesar de ello comienzan a observarse señales de agotamiento, la proyección de crecimiento del segundo semestre estará en torno al 3%, por una base de comparación más alta con respecto al segundo semestre del año 2017.

Alineados con la desaceleración del crecimiento, los salarios han ido a la baja y la masa salarial ha crecido solo un 0,1% en junio de 2018. Esta tendencia es consistente con un mercado laboral que ha bajado el nivel de salarios, de las horas trabajadas y subido la tasa de desempleo a 12 meses a un 7,2%.

A esta situación se le agregan los indicadores de  junio de 2018 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que nos muestra un aumento de 56% en las quiebras a igual periodo del año pasado. Una posible explicación es que exista un problema estructural de sobre endeudamiento de las empresas chilenas, el cual esté construido sobre la base de capitales especulativos en moneda dura, tales como el dólar y el euro, y debido a que una vez que se comienza a revertir la tendencia de bajo crecimiento, los capitales especulativos se retiran sin renegociar la deuda y las empresas se ven enfrentadas a serias dificultades que las llevan a quebrar.

Si además analizamos las razones de la baja crediticia para Chile, por un lado podemos ver la razón coyuntural de la rebaja, el aumento de la deuda publica en los últimos años, pero por otro lado existe una razón más estructural en la economía chilena que nos ancla a un bajo crecimiento. Esto son el bajo nivel de ingreso de la población con respecto a países comparables, una alta dependencia de productos básicos y puestos de trabajo de baja productividad, todo lo que nos lleva a niveles de crecimiento en el largo plazo en torno al 3%, sumado a un precio de largo plazo del cobre anclado en niveles de $2,5US la libra. En resumen, la matriz productiva del país bajo el neoliberalismo ha tocado techo y el cual no se puede romper sin alterar o transformar el modelo de crecimiento.

La respuesta a esta situación de parte del gobierno ha sido volver a un neoliberalismo salvaje, es decir, aplicar la receta para obtener nuevos espacios de ganancias para las empresas, lo cual se realiza principalmente con el abaratamiento de los costos de producción de la fuerza de trabajo. La batería de proyectos de ley del gobierno tiene por objeto flexibilizar el trabajo, rompiendo la jornada laboral y con esto precarizar el trabajo. Esta precarización se da, además, en un contexto en que el 50% de la población tiene un sueldo de $379.000 pesos o menor, donde las brechas salariales entre el 20% más rico y el 20% más pobre han aumentado y el índice GINI ha vuelto a superar la barrera del 50% (encuesta CASEN 2017).

El debate del crecimiento debe llevarnos a buscar soluciones estructurales, tanto en la matriz productiva como en el mercado laboral, donde el crecimiento este guiado por los salarios, es decir, que hacer crecer la participación de los salarios en la riqueza nos permita hacer crecer al país por sobre el techo neoliberal. Los componentes estructurales de la política pública debiesen ser la diversificación de la matriz productiva, la compresión de la brechas salariales, la recuperación de la seguridad social, la protección del empleo a nivel legislativo, los procesos de educación y capacitación laboral, así como  un Estado más fuerte, capaz de compensar e impulsar los procesos de inversión intensiva en mano de obra. Todo ello debiera impactar positivamente en los niveles de productividad de la economía  y por lo ende en el crecimiento del país.

Tema semanal: salario mínimo.

Para abordar la problemática del Salario Mínimo, es necesario partir por la aceptación de que el Estado chileno ha adherido al Convenio 131 y el Acuerdo 134 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los cuales establecen que el país debe definir un salario mínimo para sus trabajadores y que este debe aspirar a elevar las condiciones de vida de los trabajadores y a generar el mayor empleo posible. Esto se traduce en que el país debe considerar sus recomendaciones las que establecen, entre otros aspectos, que la definición del salario mínimo deberá constituir un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y para asegurar las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el  país,  del  costo  de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel  de  vida  relativo  de otros grupos sociales.

La disyuntiva entre la desigualdad y la eficiencia, constituye el núcleo de muchos de los debates de políticas públicas, y es también el núcleo del debate de salario mínimo, disminuir la desigualdad es la motivación principal de nuestras propuestas. Existen discrepancias sobre el valor que debe asignarse a una disminución de la desigualdad en comparación con una disminución de la eficiencia. Para nosotros la desigualdad es el problema fundamental de la sociedad y debe ser reducida al máximo, preocupándose principalmente de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.

Creemos que no existe contradicción vital entre estos dos elementos. Es decir, que se pueden asignar eficientemente los recursos resultantes de una nueva distribución entre los agentes económicos, particularmente un nuevo salario mínimo nos dará una nueva asignación de recursos en la economía, la que a partir de esta distribución llegará a un funcionamiento eficiente.

Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2017 publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en julio del año en curso, el 50% de las personas ocupadas perciben ingresos menores a los $379.673 pesos/mes en  2017, las mujeres tuvieron una mediana de ingresos de  $319,725 y los hombres una mediana de $402.355, con una brecha de genero del orden del 20,5%.    El 52% de los que ganan ingresos bajo los $379.673 son mujeres, y el 54,6% de los ocupados que se ubicaron bajo el ingreso mediano correspondieron a trabajadores formales, en otras palabras, la mayoría de aquellos/as que ganan salarios bajo la media son trabajadores con contrato de trabajo.

Desde el punto de vista del debate de la pobreza en Chile, esta información nos dice que la mitad de los trabajadores perciben un sueldo que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, avaluadas en $422.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes donde uno solo trabaja, según las mediciones del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto  llevar el salario mínimo hasta la línea de la pobreza beneficiaria al menos al 50% de los trabajadores en Chile, pero más efectivamente al 54,6% de ellos que están formalizados.

Primero revisemos el salario mínimo de base, que es el salario sobre el cual se va a aplicar el reajuste, y que para el actual año es de 276 mil pesos. Dadas las mediciones estadísticas que provienen del INE, podemos aseverar que esta cifra ubica a un trabajador promedio, y a su familia, debajo de la línea de la pobreza, es decir, una persona que trabaja 45 horas semanales no alcanza a cubrir las necesidades básicas que le permitan reproducir su fuerza laboral.

Una familia del decil I y II generalmente está conformada por al menos 4 personas, donde a lo más solo una de ellas mantiene el hogar. Luego tomamos la canasta básica para una familia de 4 integrantes, que según el Ministerio de Desarrollo Social es $422.000 aproximado, por lo que para salir de la pobreza requieren que el salario líquido  ascienda a $422.000 pesos y, en términos brutos de $527.000 pesos mensuales.

Es relevante la distinción entre salario mínimo bruto y salario mínimo líquido, pues al hacer la comparación con la línea de la pobreza debemos fijarnos en el salario disponible para consumir, pues si tomamos como comparación el salario mínimo bruto podríamos pensar de manera equivocada que lograríamos, en el corto plazo, superara por ejemplo la línea de la pobreza extrema. Si miramos el salario mínimo líquido y lo comparamos con la línea de la pobreza y la línea de la pobreza extrema, vemos que, para junio del año 2018, la línea de la pobreza equivale a $422.000 pesos, la línea de la pobreza extrema a $281.000 pesos y el salario mínimo líquido a $226.500 pesos, es decir, el salario mínimo en Chile no alcanza a cubrir ni siquiera la línea de la pobreza extrema y solo cubre el 46% de la línea de la pobreza.

Al mirar la relación entre salario mínimo líquido y la línea de la pobreza, podemos notar que desde julio de 2015 a enero de 2018 el salario mínimo líquido ha cubierto una proporción menor de la línea de la pobreza, pasando de 50% en Julio de 2018 a un 46% en enero de 2018, es decir, que hemos tenido ajustes del salario mínimo de carácter regresivo, en el sentido que permite consumir una menor proporción de las necesidades básicas.

Ahora, si nos propusiéramos mejorar el salario mínimo de manera de alcanzar la línea de la pobreza extrema en un año, deberíamos reajustar el salario mínimo en un 27%, y si quisiéramos alcanzar la línea de la pobreza, deberíamos hacer un reajuste de un 52%.

Si al análisis le agregamos la variable de las transferencias monetarias que el Estado les realiza a los dos primeros deciles, 90 mil pesos aproximadamente, y les restamos estos subsidios a los 422 mil pesos que conforman el cálculo de la línea de la pobreza equivalente para 4 personas, resultaría un salario mínimo liquido cercano a los 332 mil pesos, y un salario mínimo bruto cercano a los 415 mil pesos.

Podríamos en este punto asumir que el salario mínimo relevante para salir efectivamente de la pobreza, considerando las transferencias del estado a las familias del decil I y II, es de $ 415.000. Por lo que una política pública eficaz es la que combina salario mínimo y transferencias de recursos a las familias más pobres, y por lo tanto en este debate es relevante además de fijar el salario mínimo, fijar el compromiso fiscal del gobierno con las familias más pobres, de cara a la ley de presupuesto para el año 2019.

Para evaluar el efecto macroeconómico de fijar un salario mínimo en la línea de la pobreza, se debe tomar en cuenta que existe un salario mínimo muy cerca del salario medio de la economía, o sea, como Chile tiene salarios bajos, y una economía en recuperación, no hemos alcanzado la utilización plena de los recursos en la economía, existiendo espacio para la mejora de los salarios sin desatar la inflación. Al aumentar el salario mínimo va a predominar el efecto sobre la demanda agregada, es decir el aumento de salarial se va a ver reflejado en mayor consumo y mayor inversión, lo que redundara en el aumento del PIB.

En el caso de que la curva de oferta agregada se desplaza muy poco, mientras la curva de demanda agregada lo hace mucho como resultado de la disminución de la desigualdad salarial (suponiendo que la propensión al consumo de los asalariados de menores ingresos es mayor que la de altos ingresos). El resultado es un fuerte aumento en el nivel de producción y de empleo con un efecto muy pequeño en el nivel de precios, especialmente si hay margen amplio de subutilización de los recursos.

La propuesta de gobierno en cambio, se construye bajo el supuesto microeconómico de que subir el salario mínimo desencadena un aumento del desempleo, por lo que sus recomendaciones son subir los salarios en un porcentaje que considere el IPC y un 2% de reajuste real, llevando el salario mínimo en agosto de 2018 a $386.000, en marzo de 2019 a $300.000 y en marzo de 2020 a $315.000 pesos. El problema de esta propuesta es que sigue un aumento que podría llevarnos en el mejor de los casos a superar la línea de la pobreza dentro de 26 años más. Por otra parte se funda en el supuesto microeconómico que es erróneo para una política pública de carácter macroeconómico y que vulnera la libertad sindical y el convenio 131 de la OIT.

De acuerdo al convenio 131 de la OIT, ratificado por chile en agosto del año 1997, la fijación de un salario mínimo requiere el dialogo social del gobierno con empresarios y trabajadores. El dialogo social impulsado por la OIT es un componente esencial del convenio y su no cumplimiento puede gatillar la imposición de quejas contra los estados.

La propuesta del gobierno incorpora un reajuste automático, eliminando el dialogo social como principio de la fijación del salario mínimo y vulnerando el convenio OIT ratificado por Chile. Es por ello que consideramos que el salario reajustado debe ser solo a un año plazo, de manera de mantener un fluido dialogo social entre gobierno y trabajadores, permitiendo que se ejerza la completa libertad sindical.

De acuerdo a los antecedentes presentados, podemos concluir que aumentar el salario mínimo puede ser una parte fundamental del crecimiento económico sostenido y sostenible en Chile, lo cual pareciera no ser el interés del actual gobierno.