Hechos intolerables han impulsado a movilizarse a miles de chilenos, los que siempre han luchado contra la impunidad.

Julia Urquieta

Abogada

No cabe duda que el día 15 de agosto de 2018, marca un antes y un después en el compromiso nacional por los derechos humanos.

Para quienes estuvimos presente en el multitudinario acto en el Museo de la Memoria, sentimos que después de mucho tiempo miles de chilenos volvían a asumir su compromiso con la verdad y la justicia.

Esto no fue casual. Las aberrantes declaraciones del ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, fue la chispa que encendió la pradera, donde uno de los artífices de este repudio fue nuestro gran Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, quién llamó a la desobediencia en contra de este nefasto personaje que pretendía burlarse de lo más profundo de nuestro sentir nacional, como es la Memoria que todos tenemos respecto al genocidio cometido en Chile y que se expresa en el Museo de la Memoria. Los repudiables dichos de Rojas generaron tal indignación que en pocas horas ya existía un concierto generalizado del mundo de los derechos humanos, de la cultura y del país en general, de que este sujeto no podía ser Ministro y que debía renunciar.

La convocatoria fundamental del mundo de la cultura y los derechos humanos, generó ese memorable acto en el Museo de la Memoria que volvió a sellar un gran compromiso con la verdad, la justicia, la memoria y el No a la impunidad. La alegría por este exitoso acto viene a sumarse a la que todos sentimos, al conocer la renuncia del ex ministro Rojas, producto de la movilización y el repudio generalizado. Ahora debiera renunciar el Ministro de Relaciones Exteriores, quien también es parte del negacionismo condenado internacionalmente.

Este acto fue el broche de oro del conjunto de movilizaciones convocadas por las Agrupaciones de Familiares de víctimas, para rechazar y denunciar el inaceptable fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema que permitió que a siete criminales contra la humanidad se les diera el beneficio de la libertad condicional, transgrediendo abiertamente la legislación internacional en materia de derechos humanos. Este fallo generó las condiciones para que las diversas bancadas parlamentarias de oposición acordaran presentar una acusación constitucional en contra de los Ministros de la Corte Suprema que dictaron este fallo aberrante. Ante esta decisión, el Pleno de la Corte Suprema, sacó una declaración que nos hizo recordar aquellos trágicos años de la dictadura, donde el máximo tribunal en vez de asumir su responsabilidad de proteger el respeto de los derechos humanos de todos los chilenos, guardó silencio cómplice, lo que permitió por años la impunidad de los crímenes.

Después de años de lucha en la búsqueda de la verdad y la justicia y lograr encarcelar en cárceles privilegiadas a los violadores a los derechos humanos, son los mismos tribunales que por años ampararon la impunidad, los que les vuelven a otorgar la libertad. Es por eso que rechazamos esa defensa corporativa del Pleno, que pretende inhibir el rol de otro poder del Estado, como es el legislativo, señalando los riesgos que la acusación constitucional tiene para el estado de derecho. Ahora se habla del estado de derecho y no levantaron su voz para defender el estado de derecho que fue destruido por la dictadura, ni para cuestionar la Constitución pinochetista.

Son todos estos hechos intolerables los que han impulsado a movilizarse a miles de chilenos, los que siempre han luchado contra la impunidad, porque lo que sí es evidente en nuestro país, es que el tema de los derechos humanos atraviesa la realidad nacional, y que se expresa en que los principales conflictos de la transición estuvieron vinculados a los derechos humanos, como el Boinazo, los Ejercicios de Enlace, la Mesa de Diálogo y las mayores movilizaciones también han sido convocadas por este tema, como se expresa año a año en las marchas del 11 de septiembre.

A raíz de los hechos ocurridos se ha vuelto a poner al centro del debate nacional el tema de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, y lo más indignante es que el Gobierno que dice estar por la plena vigencia de éstos, es el mismo que trata de justificar los crímenes en “el contexto” en que se dieron. Ningún contexto, ni nada justifica el genocidio que existió en Chile. La derecha que hoy nos gobierna, es la misma derecha que gobernó con el dictador Pinochet, ministros como el de Justicia amparaba a Colonia Dignidad lugar donde se hizo desaparecer y ejecutó a personas, el ministro del Interior era parte de los antorchistas que respaldaron a Pinochet, por tanto, nadie les cree y más aún cuando están impulsando una operación de impunidad, concediendo indultos y libertades condicionales a los criminales de lesa humanidad.

Hoy más que nunca se hace necesario que en nuestro país se apruebe el proyecto de ley que sanciona el “Negacionismo” de aquellos que pretenden negar o minimizar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile, por los agentes del Estado, que pusieron en práctica una política de exterminio diseñada por el dictador Augusto Pinochet y sus cómplices civiles, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Tanto el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, son una demostración indesmentible de la verdad que muchos quisieron ocultar. Es una verdad histórica que nadie puede desconocer. Lamentablemente esa verdad hasta hoy no ha podido ser plena, ya que aún no sabemos el destino de los detenidos desaparecidos, ni tampoco tenemos toda la justicia, porque no todos los criminales han sido identificados o están presos. Por tanto, sigue estando vigente el clamor de verdad total y justicia plena, nada más y nada menos.

El negacionismo tiene muchas caras, no solo negar los crímenes, sino también despojar a las víctimas de su identidad política, sus banderas, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los torturados, los prisioneros políticos, los exonerados, los exiliados, fueron hombre, mujeres, jóvenes, niños, con identidad, que fueron perseguidos en primer lugar por sus ideales, porque el Golpe de Estado, tuvo como principal objetivo fue derrocar el Gobierno del Presidente Salvador Allende, que llegó al poder por una elección democrática. Las Fuerzas Armadas y Carabineros dieron ese sangriento golpe para que nunca más en Chile las ideas que sustentaba el Gobierno de Salvador Allende volvieran a renacer. Esa es la derrota principal de los golpistas; las ideas no se pueden  exterminar y ellas crecen día a día en la juventud.

El Negacionismo niega la memoria, quiere despojarnos de lo más profundo que tenemos como seres humanos, que es el recuerdo de aquello que para cada uno de nosotros es valioso y recordado. Han pretendido privarnos de la verdad, la justicia y ahora quieren privarnos de la memoria, que no recordemos, que no tengamos ideales, que no tengamos historia, que dejemos de ser.

Esa aberración es lo que ha generado este repudio generalizado. La memoria es lo que nos permite impedir la impunidad, porque la verdad histórica es lo que permitirá que las generaciones futuras no olviden, para que el NUNCA MAS sea una realidad, es lo que nos da fuerza para seguir luchando por la verdad, la justicia y contra la impunidad. Nada, ni nadie está olvidado, y aunque pasen mil años seguiremos buscando. Por eso este 11 de septiembre debe ser una gran conmemoración por la verdad total, la justicia plena y la memoria. Para demostrar que somos muchos más, los que estamos por construir una verdadera democracia, donde estén plenamente vigente los derechos humanos.

En nuestro país aún se violan los derechos humanos, de los pueblos originarios y en especial del pueblo mapuche que sufre los efectos de la ley antiterrorista, la persecución.

Tenemos que levantar las banderas de la plena igualdad de sus derechos. También los migrantes son objeto de la discriminación y la falta de condiciones mínimas para vivir en forma digna.

En Chile las condiciones de desigualdad social, lleva a que sean permanentemente violados los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a una educación gratuita y de calidad, una salud digna y vivienda social para una gran mayoría que no tiene donde vivir.

Seguiremos marchando todos los viernes junto a las Agrupaciones de Familiares, para exigir el cierre de Punta Peuco y que los criminales sean trasladados a una cárcel común. Resulta inconcebible que ellos gocen de condiciones privilegiadas de prisión y no sean tratados como todos los criminales, esta es una deuda con la sociedad chilena. La normativa internacional ha sido clara en cuanto al tratamiento para los criminales de lesa humanidad, y por tanto Chile está en deuda con la comunidad internacional, que fue tremendamente solidaria con la lucha que dio el pueblo chileno por terminar con la dictadura.