Activistas y familiares de víctimas de la dictadura lanzaron panfletos al interior de la Corte Suprema en rechazo a los fallos que entregaron beneficios a represores.

Santiago. Este martes un grupo de miembros del espacio de memorias Londres 38 y de diversas organizaciones de derechos humanos llegaron hasta la Corte Suprema para rechazar el fallo que otorgó, el 31 de julio pasado, la libertad condicional a Gamaliel Soto Segura (73), Felipe Luis González Astorga (79), Hernán Ernesto Portillo Aranda (66), Manuel Antonio Pérez Santillán (67) y José Quintanilla Fernández (67), todos condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura.

Al interior del máximo tribunal los manifestantes lanzaron un centenar de panfletos con las consignas “Rebajas sobre rebajas para asesinos y torturadores” e “Impunidad garantizada” aludiendo a la decisión de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra, de entregar el beneficios a dichos exreos de Punta Peuco.

El accionar fue tildado de “panfletazo” y se enmarcó en la Campaña “Toda La Verdad, Toda La Justicia” impulsada año a año por Londres 38. La iniciativa tiene por objetivo evidenciar la deuda pendiente en verdad y justicia en causas de derechos humanos e investigar el destino final de las y los detenidos desaparecidos.

La manifestación es una reacción, también, a declaraciones que niegan la gravedad de los crímenes de lesa humanidad, como las del exministro de las Culturas, Mauricio Rojas, y los dichos de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien afirmó que “en ninguna norma del derecho internacional está considerado el arrepentimiento” como una exigencia para que los criminales de lesa humanidad puedan acceder a beneficios penales.

Las organizaciones de derechos humanos buscan relevar la ausencia de justicia en la actualidad y cuestionar la impunidad que permite que violadores a los derechos humanos puedan acceder a beneficios, igualando su condición a la de reos comunes. Por otra parte, critican que la justicia chilena tome distancia con el Estatuto de Roma, que establece que frente a estos casos debe haber cumplimiento de la mitad de las condenas y arrepentimiento por los actos cometidos en el pasado.