Los abogados en entrevista con ElSiglo.cl apuntaron al Gobierno como responsables de querer perpetuar la impunidad relativizando los crímenes de la dictadura.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. “Hay una ofensiva por parte de órganos del Estado (Corte Suprema) para profundizar la impunidad”, dijo el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, en conversación con el ElSiglo.cl.

La organización fue una de las que estuvo activa en la protesta en contra del nombramiento como ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Mauricio Rojas, quien escribió un libro junto a Roberto Ampuero -actual ministro de Relaciones Exteriores- donde, entre otras cosas, criticaron el rol del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Específicamente, Rojas dijo que “era un montaje”. Tras lo cual el mundo de las culturas, las artes y la sociedad civil rechazó su nominación e hicieron tal presión que terminó con la renuncia del ministro que tan solo duró 90 horas en el cargo.

Margotta indicó que con la salida de Rojas “triunfó la cultura de los derechos humanos por sobre la cultura de la muerte”, además, dijo que con la presión social quedó claro que “el problema de los derechos humanos no es un asunto que solo concierne y que solo es de ocupación y preocupación de los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos, sino que hay una sensibilidad muy grande del punto de vista mayoritario en la sociedad chilena y eso es lo relevante”.

Asimismo, Margotta recordó que “lo que movilizó a la gente en dictadura para recuperar la democracia fue la bandera de los derechos humanos y en estas semanas quedó demostrado que los derechos humanos pueden ser un elemento articulador y convocante del conjunto de la sociedad chilena para avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática”.

Y destacó que “hay una ofensiva por parte de órganos del Estado (Corte Suprema) para profundizar la impunidad, pero se ha encontrado con un movimiento social organizado muy fuerte que trasciende a las agrupaciones y a los organismos de derechos humanos y creo que hubo una respuesta muy contundente de la sociedad chilena diciendo que no quieren estar en una sociedad fundada en el crimen ni en la impunidad, sino que en una sociedad verdaderamente democrática fundada en el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

En peligro los avances

En la misma línea, el abogado de derechos humanos, Eduardo Contreras, declaró a ElSiglo.cl que “aquí hay una ofensiva planificada por la derecha -aprovechando el Gobierno de derecha- para detener y hacer fracasar los enormes logros alcanzados desde enero de 1998 con la primera querella que presentó Gladys Marín, hasta hoy, donde hay más de mil quinientos juicios en trámite”.

Hace unas semanas la Segunda Sala de la Corte Suprema entregó beneficios carcelarios a siete exuniformados, lo que encendió las alarmas, ya que hay otros 74 reos que están postulando a lo mismo. La situación generó varias acciones de repudio -todavía se están desplegando- desde el mundo social y político, lo que gatilló que los diputados de la oposición estén estudiando una acusación constitucional en contra de los jueces que concedieron esas libertades, ya que habrían pasado a llevar la normativa nacional e internacional respecto a los requisitos que deben cumplir los genocidas para recibir algún tipo de libertad.

También, partidos políticos de la oposición están preparando una presentación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar al Estado chileno por no cumplir con tratados internacionales en esta materia.

Frente a ese escenario, el abogado afirmó que “acá no hay casualidades, o sea, es muy curioso que apenas asumió Piñera empezó a dictar decretos de indultos, inmediatamente el contralor general de la república autorizó que estos decretos queden liberados del trámite de control de su legalidad, que se llama toma de razón, durante un año, y todavía es más extraño que el Tribunal Constitucional, también integrado por gente que no es precisamente progresista, haya empezado a aceptar una serie de peticiones que hacen los abogados defensores de los criminales, que si bien no logran éxito, al menos demora meses y hasta años el resultado de los juicios”.

Y subrayó que “si a todo esto, le agregas los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema, tenemos todo el derecho de pensar que aquí no hay coincidencias ni casualidades, aquí hay una ofensiva planificada para llevar adelante una campaña en contra de los avances en materia de juzgamientos de los criminales de lesa humanidad”.

Sobre la acusación constitucional y la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prepara la oposición, el jurista señaló que “el recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es eficaz es de larga duración. Asimismo, la acusación constitucional contra los jueces todavía no está resuelta, pero de ir no va a producir el efecto de cambiar, aun cuando fundamento jurídico tiene la acusación, porque esta Corte ha violado de manera directa y clara la legislación sobre la materia tanto nacional como internacional”.

Por tanto, el profesional apuntó que la única forma de frenar que se libere a nuevos reos es que “los ministros de la Corte Suprema se acuerden que su deber es hacer cumplir la ley y no los deseos de los gobernantes y en este caso hay una norma precisa en la propia Constitución de Pinochet, que establece que el Estado y los órganos del Estado están obligados a respetar los acuerdos y tratados internacionales ratificados por Chile”.

“Porque todos esos acuerdos y tratados coinciden en que no es la misma situación respecto a los beneficios carcelarios para autores de delitos comunes que para los autores de delitos de lesa humanidad y en ese caso los requisitos que son el arrepentimiento y la colaboración no ha existido en ninguno de ellos, al contrario, ellos se jactan de los crímenes que cometieron”, añadió

Relativización y negacionismo

Los fallos de la Corte Suprema en favor de los represores y los ataques al Museo de la Memoria ocasionaron acalorados debates en los distintos medios de comunicación y reflotó en varios personeros derechistas la relativización de estos crímenes, poniéndolos al mismo nivel que un crimen común y tratando de explicar el por qué las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir en el país.

Junto con ello, tras la salida de Mauricio Rojas, muchos apuntaron al canciller Ampuero, quien también lanzó duros epítetos en contra del trabajo del Museo de la Memoria y expresó que era una museo de “mala memoria”, sin embargo, la ministra vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, salió a defenderlo y afirmó que “llega un minuto en que uno tiene que decirle a cierta parte de la izquierda de este país, oposición a este Gobierno, que ¡basta!”. El canciller Ampuero cuenta con la confianza del Presidente Sebastián Piñera”.

La diputada del PC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz, luego de la salida manifestó que “hubo un grado de relativización. Lo que lamento en general, es que la derecha en Chile siga relativizando el tema de los crímenes contra la humanidad. Siguen relativizándolo; siguen instalando una teoría del empate –inexistente- y eso es desolador. Lo hemos dicho: eso implica una sociedad degradada, implica una parte de la clase política degradada. No es posible seguir insistiendo en esos términos en lo que aquí ocurrió y referirse de esa manera a la memoria colectiva”.

Asimismo, Carlos Margotta, sostuvo que “el museo fue construido y diseñado con estándares internacionales, no es un capricho de un Gobierno determinado” y recalcó que “el Gobierno pretende generar una relativización moral de la barbarie ocurrida durante diecisiete años”.

En tanto, Eduardo Contreras, aseguró que “en el actual Gobierno hay una mayoría absoluta de gente que estuvo de acuerdo con el genocidio, como lo demuestran las declaraciones de muchos de sus ministros y personeros. Lamentablemente vivimos un momento difícil del que podemos salir adelante siempre y cuando a la acción de los abogados y de los familiares se una la movilización social”.

En ese contexto, desde el Frente Amplio emitieron una declaración, donde resaltaron que si bien es algo positivo, la renuncia de Rojas, ello no salda la deuda que existe en materia de derechos humano y agregaron que “tampoco elimina la ambigüedad del sector político del Gobierno, toda vez que al mismo tiempo en que el Presidente afirma un compromiso con la defensa de los derechos humanos, dirigentes de los principales partidos de su coalición como Mario Desbordes (RN) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), defendieron los dichos del exministro bajo el argumento de que al Museo de la Memoria le faltaba el contexto que produjo la dictadura, misma línea que se ha dado a conocer del actual Canciller Roberto Ampuero”.

“Desde el Frente Amplio ofrecemos todo nuestro respaldo a las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos. En la misma línea, respaldamos la acusación constitucional contra los miembros de la Corte Suprema por la liberación de los presos de Punta Peuco”, destacaron.

Y llamaron al Ejecutivo a que “abra un diálogo con las organizaciones de derechos humanos para generar una agenda política sobre la materia. A la vez instamos al presidente Sebastián Piñera que, en consecuencia, con sus últimas declaraciones, tenga entre sus prioridades poner suma urgencia a 1) al proyecto de ley que actualiza los requisitos para optar a beneficios a criminales de lesa humanidad e impedir su indulto, la rebaja de condenas  así como la libertad condicional, para dichos crimínales, 2) al proyecto contra el Negacionismo e incitación a la violencia, 3) al proyecto que termina con el secreto Valech y 4) el que deroga la ley de amnistía. Constituyendo así un avance que como Frente Amplio no dudaremos en empujar y apoyar”.