Al rojo vivo acusación constitucional contra magistrados. Los supremos se defendieron con apoyo de la derecha. Los parlamentarios insisten en trámite.

Equipo ES. Una declaración de la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista (PC) sintetizó lo que está ocurriendo en torno de la acusación constitucional programada en contra de miembros de la Corte Suprema, después que otorgaron libertad condicional a ex uniformados presos por ser autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos.

El grupo parlamentario comunista expresó a través de un comunicado que “lamenta la declaración del Pleno de la Corte Suprema sobre la acusación constitucional anunciada por la oposición”, en la cual esa entidad afirmó que se pone en riesgo “la vigencia del Estado de Derecho”.

El texto del PC indicó que “a diferencia de lo que ocurría bajo la dictadura de (Augusto) Pinochet, cuando guardaba silencio frente a desapariciones y otros crímenes, hoy (la Corte Suprema) saca la voz para defender la impunidad que generan las recientes libertades condicionales concedidas a genocidas. Son algunos de sus magistrados quienes han vulnerado el derecho al otorgar beneficios carcelarios a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

Para las y los legisladores comunistas, “resulta inconcebible pretender que la independencia del Poder Judicial significa, en la práctica, la imposibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política de sus ministros por notable abandono de deberes. Ello constituye un grave error y un desafío al sistema republicano que la Corte Suprema debe enmendar”.

Se argumentó que “mediante recientes resoluciones algunos de sus ministros infringieron de manera grave su deber de aplicar las normas nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, incurriendo así en la causal del notable abandono de deberes, frente a esta situación el Parlamento debe ejercer su potestad fiscalizadora que le otorga la Constitución y por tanto no vulnera el estado de derecho”.

Prácticamente todos los partidos de la oposición, más las agrupaciones de familias víctimas de la dictadura, abogados y académicos, coincidieron la semana pasada en que miembros de la principal entidad del Poder Judicial no cumplieron con su deber al pasar por encima de leyes nacionales e internacionales y procurar la permanencia en prisión de criminales de alta peligrosidad, y por tanto corresponde en rigor jurídico y legislativo una acusación constitucional que ya está en marcha.

Pero los magistrados indicaron que “se cumplió con lo que dice la ley” y en un comunicado, la Corte Suprema expresó que “lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades”.

Añadió el organismo que “presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla”.

Ante eso, Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo que “no se puede pretender que el uso por parte de la Cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad”.

El diputado Jaime Naranjo, expresó que “tenemos esa facultad de acusar a los jueces por abandono de deberes” y opinó que con ese comunicado, “los supremos” quieren restringir ese derecho, además de estar desconociendo la ley en el caso de los beneficios carcelarios a represores.

Tomás Hirsch, legislador del Partido Humanista, consideró “extremadamente grave que la Suprema esté sacando declaraciones ante el anuncio de una acusación constitucional, porque huele casi a una amenaza”. Indicó que “¿cómo podría afectar al Estado de Derecho una acusación que justamente está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional, para evitar que uno de los poderes del Estado, como se dice en ‘chileno’, se ‘arranque con los tarros’?”.

La acusación constitucional será presentada en los próximos días en contra de los tres magistrados que aprobaron las libertades condicionales de siete represores. Ellos son Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama. El trámite es promovido por parlamentarios de toda la oposición, desde la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, hasta el Partido Comunista.

Se prevé que estos serán días tensos entre la Corte Suprema y el Parlamento y que se reforzará un debate respecto a esta situación planteada, en medio de que se acrecentaron debates y exigencias en materia de derechos humanos en todo el país.