A la larga lista de organizaciones sindicales y de trabajadores se sumó la asociación de abogados laboralistas. Dirección del Trabajo en la mira.

Santiago. Mediante una declaración pública la Asociación Gremial de abogados y abogadas laboristas rechazó los últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo respecto a los Grupos Negociadores.

“Los y las abogadas laboralistas nos enfrentamos una vez más a cambios sin considerar los principios del Derecho del Trabajo, que seguramente expresan una mirada más en sintonía con un modelo político y económico centrado en el mercado”, indicaron desde la agrupación.

Asimismo, explicaron que “el Director del Trabajo, ha emitido el dictamen 3938/33 en el que, modificando la jurisprudencia administrativa, no solo reconoce titularidad para negociar colectivamente a grupos negociadores que no están contemplados en la ley, sino que asigna a los pactos que emanen de tales negociaciones el carácter de instrumentos colectivos, debilitando el ya cuestionado sistema de negociación colectiva reglada en el Código del Trabajo, por cuanto debilita los derechos de los trabajadores. Facilitando con esto nuevamente se cometan prácticas antisindicales autorizadas, esta vez por la autoridad administrativa”.

“El dictamen antes mencionado viola el principio de legalidad que es el soporte de nuestra institucionalidad y que contribuye a la estabilidad en las relaciones laborales y al dialogo social”, agregaron”.

Los y las juristas sobre los grupos negociadores señalaron que “no están contemplados hoy en nuestra legislación laboral, aunque el Tribunal Constitucional, al hacer control de la Ley 20.940 que pretendía modernizar el sistema de relaciones laborales, estimó que deberían existir no pudo reinstaurarlos, porque esta es una materia propia de ley. El Tribunal Constitucional no dicta ni genera la ley, sino que sólo puede controlar su constitucionalidad”.

Los profesionales, igualmente, añadieron que “esta admisión de grupos negociadores al margen de la ley, sumada a los criterios restrictivos sobre los derechos sindicales por la vía interpretativa, deja de manifiesto el propósito del Gobierno de eludir el debate parlamentario e imponer por la vía administrativa sus criterios basados en el trabajo como un simple factor económico y no como un sujeto de derecho que aporta a la construcción de una sociedad plena y justa”.

Además, hicieron un llamado a “las organizaciones sindicales, así como a los juristas laboralistas a preparar una respuesta a esta política antisindical lesiva a los ya limitados derechos de los trabajadores y a denunciar ante el Congreso Nacional esta gravísima actuación que desconoce la soberanía popular”.