Oposición sigue en pie con la acusación constitucional. Familiares llamaron a marchar contra la impunidad. Dan pie atrás con recurso para liberar a Krassnoff.

Equipo ES. Los coletazos por la entrega de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad apresados en Punta Peuco no paran para la Corte Suprema. Las agrupaciones de derechos humanos y las bancadas de oposición siguen estudiando la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal por “notable abandono de deberes”.

El jefe de la bancada del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, aseguró que hay varios parlamentarios que se están sumando a la medida. Dijo que “ya hay bancadas que decidieron presentar la acusación constitucional, tal como las bancadas PC, PPD, y ya ahora mismo hay bancadas que tienen disposición de apoyarla como Revolución Democrática y la Federación Regionalista”.

En la jornada de este martes los diputados democratacristianos también se sumarían a la acusación. Hasta el cierre de esta nota no había pronunciamiento sobre la decisión.

En ese marco, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, aseguró que “nos preocupa sobremanera el efecto expansivo que esta sentencia de la Corte Suprema pueda acarrear sobre otras resoluciones en la materia y es uno de los temas que vamos a tener presentes al momento de tomar una decisión como bancada”.

En tanto, los parlamentarios del Partido Socialista (PS) decidieron de forma unánime sumarse a la solicitud. El jefe de los diputados socialistas, Manuel Monsalve, señaló que “la unanimidad de diputados y diputadas del PS ha acordado impulsar la acusación constitucional tanto contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, como también los ministros de la Corte de Apelaciones que han votado favorablemente en lo que a nosotros nos parece una política de impunidad que va en contra de sus obligaciones constitucionales y que establece un claro abandono de deberes”.

Apoyando la acusación estarían, hasta el momento, las bancadas de PPD-PRO, PC, PS y PR.

La diputada del PC, Camila Vallejo, en entrevista con radio Universo, se mostró confiada en el progreso de la acusación en contra de los jueces que concedieron libertad a siete condenados por violar los derechos humanos en la dictadura cívico militar.

“Hoy se ve cada vez más posible que dentro de la oposición podamos tener una posición favorable para una acusación constitucional. Los argumentos jurídicos están sobre la mesa. Los tratados internacionales que están vigente y ratificados por Chile, como el estatuto de Roma que está vigente y son ley de la República. La Constitución política obliga al Estado a respetar los tratados vigentes”, indicó.

Y explicó que “según esos tratados se establece como tratar a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y la única razón para otorgarle libertad o beneficios carcelarios es sumamente clara y ninguna de esas se ha cumplido: que es haber mostrado arrepentimiento, que es haber colaborado de manera sistemática, desde un inicio con la justicia, en materia de verdad, de entregar información. Y nada de eso ha sucedido con estos criminales. Entonces razones hay para señalar que ahí hay un incumplimiento a la constitución política”.

Asimismo, sobre la presentación de la medida, la parlamentaria reiteró que “lo discutimos en el PC, vamos a ser parte de esta acusación, el PS también está en esa posición y esperamos que la DC y la FA ojalá se puedan pronunciar. Porque es importante que pueda ser una acción en conjunto de la oposición”.

La acusación constitucional se basa en la omisión que habrían hecho los jueces de la Segunda Sala tanto del ordenamiento jurídico nacional como internacional, respecto a las condiciones que debieran cumplir los condenados por crímenes de lesa humanidad para ser objeto de algún tipo de beneficio carcelario.

En esa línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), emitió una declaración pública donde aclaró que “es importante recordar que, en el caso de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, existen requisitos diferenciados que es deber de los poderes colegisladores regular adecuadamente”.

“Entre estos requisitos, el INDH ha afirmado que debe considerarse la especial gravedad del delito; haber escuchado a las víctimas o sus familiares; también que el condenado haya expresado su voluntad de cooperar con la investigación, y que la conducta del condenado durante su detención revele un auténtico arrepentimiento y en ningún caso conlleven impunidad”, subrayó el ente.

Impunidad Suprema

En declaraciones a radio Nuevo Mundo el abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que la Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.

Además, el jurista dijo que el máximo tribunal cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.

Igualmente, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales. Y dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de derecho efectivo.

Además, Tomás Hirsch expresó que, desde el término de la dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.

Para repudiar los “supremazos” las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos convocaron a marchar contra la impunidad este viernes a las 13 horas, en Morandé con la Alameda, justo frente a La Moneda.

El pie atrás con recurso de Krassnoff

Después de la liberación de los siete represores se supo que hay al menos 74 ex uniformados que presentaron recursos para obtener arresto domiciliario, libertad condicional y obtener otras garantías.

A ellos se informó que se sumaría el brigadier en retiro, Miguel Krassnoff, lo que inmediatamente encendió las alarmas, ya que es uno de los criminales insignes de la dictadura y quien suma nada menos que más de 400 años de condena por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, durante esta jornada el abogado Raúl Meza, quien representa a varios reos de Punta Peuco, anunció que suspenderán la solicitud por las “reacciones políticas” que ocasionaron las primeras libertades y porque se la oposición está estudiando la acusación constitucional contra los jueces.

“Después de hacer un análisis de las reacciones políticas que se produjeron a raíz de las libertades condicionales que otorgó la segunda sala penal, y especialmente las acusaciones constitucionales que fueron anunciadas por parlamentarios de la izquierda, se ha decidido suspender la interposición del recurso de amparo”, explicó Meza.

Pero resaltó que “vamos a seguir recurriendo a las instancias judiciales para exigir la libertad condicional de todos los internos que cumplan los requisitos objetivos para optar al beneficio”.

Frente a ello, el diputado pepedé, Tucapel Jiménez, expresó que “darle la libertad a Miguel Krassnoff, que tiene más de 300 años de condena por los crímenes más graves que pueda cometer un ser humano, me parece que es un atentado al corazón de la democracia, como ya lo han sido estas liberaciones de siete reos”.

Foto: Sergio Cárcamo