Este lunes los parlamentaros confirmarán la medida en contra de ministros de la Corte por la liberación de represores. PC y PS acudirán a organismos internacionales.

Santiago. Este lunes las bancadas de diputados de la oposición se reunirán para estudiar una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema por “notable abandono de deberes” por la libertad provisional de seis reos de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad.

El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, dijo que la acusación está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009.

“Tenemos en este momento estudiando a juristas sobre la posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros por notables abandono de deberes, y en qué nos basamos, en que ellos han pasado a llevar diversas normas internacionales, principalmente en Estatuto de Roma, que establece requisitos muy concretos para quienes deben ser juzgados por esta situación. En ese sentido tiene que ver con un arrepentimiento eficaz, con haber colaborado con la justicia, con una sanción proporcional al delito, situaciones y requisitos que las personas que se acogieron a este beneficio no cumplían”, explicó el parlamentario.

Además, el PS y el Partido Comunista (PC) acudirán a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar al Estado chileno por esta situación.

Asimismo, el presidente del PC, diputado Guillermo Teilier, sostuvo que “el Partido Comunista ha expresado el rechazo a resoluciones de la Corte Suprema sobre derechos humanos, y donde vemos el peligro de que por esa vía se pueda desocupar Punta Peuco. Como Conferencia (del Partido Comunista) le estamos dando todo el respaldo a los familiares de las víctimas, a nuestra bancada en el Parlamento, y tengo entendido que mañana (este lunes) se van a reunir bancadas de la oposición para aprobar la presentación de una acusación constitucional contra la Corte Suprema”.

“Esa acusación la deben presentar, cuando menos, diez diputados, y nos estamos poniendo de acuerdo las bancadas para ver qué diputadas y diputados la presentan. Y vamos a recurrir a los organismos internacionales, el Partido Socialista ya lo anunció, y vamos a apoyar en eso a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados”, agregó Teillier.

Y subrayó que “el PC acordó, además, exigirle al Gobierno que se avance en verdad y justicia, porque no está haciendo nada en este sentido y solo está favoreciendo la libertad de quienes fueron responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, el diputado PS, Fidel Espinoza, señaló que “hay dolor en los familiares de las víctimas, se podría haber hecho más. Es triste pero hoy los violadores de los derechos humanos están de fiesta” y recalcó que “si tenemos que conseguir los votos para una Acusación Constitucional contra los jueces, lo vamos hacer”.

En tanto, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, indicó que “aquí estamos en presencia de una acción política más que jurídica, aquí hay una acción que, por lo demás, empieza a marcar un camino, porque primero fueron cinco casos, después fueron otros dos casos. Ahora nos encontramos con que hay 74 detenidos en Punta Peuco que están solicitando beneficios carcelarios, libertad condicional, y otros. Entonces, estamos en presencia de una operación con la cual se pretende liberar y dejar en la impunidad a quienes han cometido estos delitos”.

Activistas contra “supremazos”

“Los criminales están en la calle” se tituló la carta que firmaron organizaciones sociales en contra de la libertad entregada a seis represores de la dictadura.

A continuación, texto completo de la misiva:

Este lunes 30 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a cinco reos de Punta Peuco y Colina 1. Gamaliel Soto Segura (73), Felipe Luis González Astorga (79), Hernán Ernesto Portillo Aranda (66), Manuel Antonio Pérez Santillán (67) y José Quintanilla Fernández (67), saldrán de los centros penitenciarios engrosando la lista de beneficiados a la que ingresó el 17 de julio pasado el ex piloto Luis Polanco Gallardo (73).

La decisión contradice los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos, que exige que la concesión de beneficios no se transformen en formas encubierta de impunidad, que se debe considerar especialmente la gravedad de los delitos de desaparición forzada de personas y la obligación del Estado de sancionar los crímenes de lesa humanidad de manera proporcional.

El giro de la Sala Penal de la Corte Suprema revoca la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y concede finalmente la libertad condicional a los cinco reos, estimando que no era necesario que los condenados cumplieran los dos tercios de la pena como lo había establecido previamente la Corte Suprema, ni considera el tipo de delitos que los privaba hasta hace poco de libertad.

La decisión se da con la nueva conformación de la Sala, con ausencia del ministro Haroldo Brito y del emblemático Ministro Milton Juica, quien dejó su cargo hace algunas semanas.

La Corte ni siquiera tuvo en consideración la existencia de procesos pendientes para determinar la libertad condicional de los criminales de lesa humanidad, e inclusive teniéndolos presente, como en el caso de Quintanilla Fernández, el tribunal igualmente concedió la libertad con el voto disidente Ministro Valderrama.

A estos casos se suman el recurso de amparo acogido a favor de Emilio de la Mahotiere, piloto de la Caravana de la Muerte e involucrado en lanzamiento de personas al mar, que obliga a la Comisión de Libertad Condicional a un nuevo pronunciamiento y el recurso de amparo acogido en primera instancia a favor de otro piloto de la Caravana de la Muerte, Felipe Polanco, que está pendiente de fallo ante la Corte Suprema.

Esta decisión se suma a la campaña mediática promovida por la derecha y el propio presidente de la República, sectores de la oposición y de la iglesia católica que, bajo el argumento de una preocupación “humanitaria”, han promovido el otorgamiento de beneficios a criminales de lesa humanidad, preocupación que no alcanza a las víctimas para quienes aún no se han obtenido bases mínimas en materia de verdad y justicia.

En efecto, en paralelo a esta campaña, los procesos judiciales se han venido cerrando sin avances significativos en materia de verdad, especialmente en el caso de las personas detenidas desaparecidas, con escasos procesamientos y bajas condenas: menos del 10 por ciento de los procesados se encuentra cumpliendo una condena.

La señal que se da a la sociedad y a las propias fuerzas armadas y de orden es muy grave, es una señal de impunidad, particularmente cuando estas están siendo objeto de investigación por delitos de megacorrupción y violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones sociales y políticas firmantes, rechazamos esta decisión de los tribunales que, una vez más, incurren en un acto de denegación de justicia para las víctimas que hace recordar las conductas de otros jueces, que fueron la norma durante la dictadura.

Londres 38, espacio de memorias

Agrupación Providencia

Corporación Memoria Borgoño

Corporación Memoria Lonquén

Comisión FUNA

Desclasificación Popular

Comisión Ética Contra La Tortura

Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad

Mesa Unitaria de exPres@s Polític@s – Chile

Corporación Casa La Morada

Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres

Coordinadora 8M

FEMChile

Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile

Fundación Ciudadana de DDHH

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Observatorio de la Escuela de las Américas

Archiveros sin Fronteras – Chile

Agrupación de exPresas y exPresos Políticos V Región

Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile (OCAC)

Familiares de los 119 D.D. de Bélgica-Liege

Corporación Humanas

CINTRAS

Jornadas de DD.HH. y Salud Pública- Escuela de Salud Pública U. de Chile