La organización solicita que la Comisión exija al Estado chileno información sobre los beneficios concedidos a seis condenados por crímenes de lesa humanidad.

Santiago. A través de un comunicado el espacio de memoria Londres 38 informó su decisión de acudir a la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) para que el organismo le exija al Estado información sobre los beneficios carcelarios que la Corte Suprema entregó a condenados por crímenes de lesa humanidad al margen del derecho internacional.

En el texto la agrupación señaló que “la Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente. En cumplimiento de su mandato, la Comisión recibe, analiza e investiga peticiones individuales relacionadas con violaciones a estos derechos cometidas por Estados miembros de la OEA; publica informes especiales; realiza visitas a los países denunciados para analizar en profundidad la situación y recomienda a los Estados la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos”.

Es por ello que enviaron una misiva donde destacaron que “la Corte Suprema chilena ha otorgado la libertad condicional a seis criminales de lesa humanidad que se encontraban cumpliendo condenas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico miliar: Gamaliel Soto Segura (73), Felipe Luis González Astorga (79), Hernán Ernesto Portillo Aranda (66), Manuel Antonio Pérez Santillán (67), José Quintanilla Fernández (67) y Moisés Retamal Bustos (68) por la vía de acoger recursos de amparo presentados por los agentes”.

“A otros dos condenados, los pilotos de la Caravana de la Muerte Luis Polanco Gallardo (73) y Emilio de la Mahotiere González (81) les fueron acogidos sus recursos aunque en el primer caso está pendiente de fallo de apelación ante la Corte Suprema y en el segundo se ordenó a la Comisión de Libertad condicional volver a evaluar su solicitud de libertad condicional”, agregaron.

Además, señalaron que “la decisión del máximo tribunal constituye un vuelco jurisprudencial; Corte denegaba la libertad condicional cuando los informes sicológicos eran negativos, mientras que en esta oportunidad sostuvo que éstos atendían a “elementos psicológicos de carácter estrictamente personal”. Esta doctrina se contrapone con lo señalado recientemente por la Corte IDH, quien sostuvo que, para los casos de indultos, se debiese tener en consideración “el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares” (Corte IDH, caso Barrios Altos y caso la Cantuta vs. Perú, sentencia de supervisión de cumplimiento, 30 de mayo de 2018, párr. 57)”.

 

Por otra parte, la Corte Suprema afirma que no se puede atender al Estatuto de Roma, el cual prescribe que para reducir la pena a un criminal, éste debe haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, por cuanto dicha normativa sólo tendría aplicación para la Corte Penal Internacional, y no para los tribunales nacionales; señala también que en la supervisión del cumplimiento del caso Barios Altos con Perú, la Corte sólo cuestiona el otorgamiento indebido, que a juicio de la Corte Suprema no ocurre en los presentes casos.

Asimismo, argumentaron que “la Corte Suprema estima que la gravedad de los crímenes de lesa humanidad sólo incidiría en la determinación de la pena de los responsables y no en la forma de ejecutar las sentencias. Ello, se contrapone no sólo con lo planteado por la Corte IDH en el fallo recientemente citado, sino que también con lo señalado en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la que en 2013, recomendó a Chile que tuviese en consideración “la especial gravedad del delito al momento de evaluar la concesión” de beneficios intrapenitenciarios, por tanto, con mayor razón cuando se trata de libertades condicionales. (A/HRC/22/45/add.1, párr. 32)”.

Y recalcaron que “a estas decisiones es necesario sumarle otras decisiones que generan mayor clima de impunidad en materia de verdad y justicia, como el otorgamiento de indultos por parte del Presidente de la República y la paralización de proceso en causas de derechos humanos, por parte del Tribunal Constitucional”.