Y lo hace dictando indultos para dejar en libertad  a los peores criminales de la historia del país. No le importa en absoluto lo que disponga el Derecho ni menos los compromisos del Estado.

Eduardo Contreras

Abogado

Y vaya que tiene aliados. Pero le cumple a la llamada “familia militar”, como se conoce al sector que le apoyó en su campaña y que integran los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet .

Y lo hace dictando indultos para dejar en libertad  a los peores criminales de la historia del país. No le importa en absoluto lo que disponga el Derecho ni menos los compromisos del Estado de Chile derivados de varios Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país y que disponen requisitos restrictivos cuando se trata de este tipo de asesinos.

Todavía más, el actual gobierno logró acuerdo con la Contraloría General de la República para liberar esos ilegales decretos de indulto del trámite de control de legalidad elemental como es la “toma de razón” que corresponde al órgano contralor.

No es el único mecanismo empleado por la Derecha para intentar frustrar la acción de los Tribunales de Justicia que, desde enero de 1998, llevan adelante los procesos judiciales por causas de detenidos desaparecidos, por ejecutados y por torturados por  agentes del Estado a partir del golpe de 1973 financiado por la CIA norteamericana, como consta en los propios documentos del gobierno de los Estados Unidos.

En efecto, los defensores de los genocidas han recurrido al llamado tribunal constitucional para que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de determinadas resoluciones judiciales. Saben perfectamente que es una gestión que será finalmente rechazada, pero logran retardar los procesos por varios meses y, en casos, por años. Son lo que el lenguaje popular entiende por “tinterilladas”, pero todo sirve a los propósitos de los defensores de los genocidas.

Pues bien, hoy le ha salido otro aliado a los defensores de los criminales. Son los recientes fallos de la Sala Penal  de la Corte Suprema mediante los que se ha dejado sin efecto las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional que había negado el beneficio a los recluidos en los penales de Punta Peuco y Colina 1.

Estima hoy la Corte Suprema que “no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad”. Lo que todo abogado o todo buen estudiante de Derecho sabe que es falso. Hay normas expresas del Derecho Internacional que prohiben todo beneficio carcelario a condenados por este tipo de crímenes que no cumplan los requisitos exigidos en tales instrumentos legales.

Sin embargo, en decisión unánime, la sala integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra revocó las resoluciones que habían negado el beneficio a los violadores de derechos humanos y se las concedió. Como si fuera poco, circula en tribunales la información de que en el estudio particular del abogado integrante Ricardo Abuauad trabaja además un abogado, Tomás Zamora, que habría asumido causas en defensa de violadores de los derechos humanos. Si eso es así, sería el colmo.

Los sentenciadores, entre los que se encuentra el ministro Hugo Dolmetsch, autor de ese engendro jurídico que se llamó “la media prescripción” para favorecer a los genocidas, coinciden ahora en que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Esto viene a cambiar, muy gravemente, la jurisprudencia unánime vigente hasta hoy que impide conceder beneficios carcelarios en los casos de condenados como autores de delitos de lesa humanidad.  Y  en rigor, ¿cuáles son los sustentos jurídicos que validan una u otra posición? Veámoslo

Como sabemos, la actual Constitución Política del Estado de Chile, pese a no ser precisamente un modelo de texto, establece obligatoriamente – como no podía ser de otro modo a pesar de su origen espúreo – el respeto “ a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

Así está sancionado en el artículo quinto de nuestra vigente Carta Magna que en su inciso segundo agrega que : “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

A mayor abundamiento, el artículo sexto establece que : “ Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”

De lo cual se desprende que la Corte Suprema – que es un órgano del Estado – está obligada  a respetar la Constitución Política. Y de consiguiente obligada respetar y promover los derechos humanos. Pero además hacerlo con fundamento en el propio texto constitucional “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes” No hacerlo equivale a no garantizar nada menos que el orden institucional de la República según el texto citado.

Pues bien, sabemos que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado una larga serie de documentos internacionales sobre la materia, todos los cuales se encuentran vigentes. Entre ellos los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica”, el llamado “Estatuto de Roma” de 1998

De los instrumentos jurídicos citados y en especial de esa suerte de síntesis que es el artículo 110 del Estatuto de Roma, se desprende que, cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, como es exactamente el caso de los sancionados que se encuentran presos en Punta Peuco y otros recintos, no procede de modo alguno concederles beneficios carcelarios de ninguna naturaleza, ni mucho menos la libertad, si ninguno de ellos cumpliera con los requisitos que exigen las normas jurídicas citadas.

¿Y cuáles son tales requisitos? La respuesta la da el Derecho Internacional, el “ius cogens” que la Corte Suprema, hasta ahora, había respetado a cabalidad. Conforme a lo cual ello sólo procede cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Pero además  siempre que el recluso haya manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con los tribunales en sus investigaciones y enjuiciamientos y además si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Justicia.

Todos  sabemos que ninguno de los condenados por los crímenes de la dictadura ha mostrado arrepentimiento alguno ni han cooperado en lo absoluto con la acción de tribunales. Por lo que hasta antes del actual gobierno nuestros tribunales, y en particular la Corte Suprema, respetaron rigurosamente las nomas referidas.

Los fallos de esta semana cambian para mal la actuación de los tribunales en Chile  e inevitablemente nos hacen recordar a esa Corte Suprema que, pasando por sobre la Constitución Política de la época, formó parte activa del complot sedicioso que abrió paso a la peor tragedia de nuestra historia y cuyos efectos perduran hasta hoy, como fue la dictadura de Pinochet, de los grupos empresariales, de los medios de comunicación de los poderosos, de los partidos reaccionarios y de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones de aquellos años.