La querella es por la filtración de información contra Francisco Orrego. “Ha buscado una televisión pública dócil a los intereses económicos”, dijo Daniel Núñez.

Santiago. Hasta la Fiscalía Nacional llegó el diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, para estampar una denuncia penal contra Francisco Orrego, el cuestionado presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN)l por hacer públicos los informes de la Contraloría interna del canal, donde se daban detalles contractuales de sus ejecutivos.

El diputado Núñez sostuvo que “todos los antecedentes que se conocen apuntan a que Francisco Orrego sería el responsable de esta filtración y queremos que esto lo determine en forma fehaciente la justicia. Este hecho de filtrar antecedentes reservados es algo grave y algo que está penado en la ley de TVN y evidentemente implica que si se comprueba que él filtró estos antecedentes, queda inhabilitado para ejercer su cargo y debe ser destituido”.

El jefe de la bancada PC, asimismo, detalló que las filtraciones eran parte de una operación política destinada a fortalecer la presencia del “piñerismo” dentro del directorio.

“Esto forma parte de un problema político mayor, porque en la filtración de estos antecedentes hubo una operación política digitada desde La Moneda que tenía dos finalidades: por una parte establecer el control del piñerismo sobre TVN para avanzar en la privatización del canal público y censurar cualquier tipo de denuncias contra los poderes económicos”, detalló Núñez.

El parlamentario agregó que Francisco Orrego fue presidente de Sonapesca, de la Sociedad Nacional de la Pesca y fue la persona mandatada a “encubrir y limpiar la imagen de la industria pesquera después del caso Corpesca”.

“Acá hay un intento de censura que tiene que ver con una televisión pública dócil a los intereses económicos, que no haga esta denuncia de los abusos que comete”, concluyó Núñez.

En tanto, el abogado Luis Cuello detalló que la última modificación de la ley de TVN estableció una sanción penal respecto de aquellos directores que infrinjan el deber de reserva de los directores en el ejercicio de sus funciones, tal como establece el artículo 9 de la ley 19.132.

“En este caso, se ha filtrado y entregado a los medios de comunicación, un informe de la Contraloría interna, que califica como documento de carácter reservado. Incluso el mismo documento que fue publicado por algunos medios de comunicación, está señalado como de carácter confidencial, destinado exclusivamente al presidente y a los directores. Todo esto configuran los elementos del tipo penal”, recalcó Luis Cuello.