Comenzó ola de otorgamiento de libertad condicional a autores de crímenes de lesa humanidad. Corte Suprema acoge tesis de “la familia militar”.

Equipo ES. Miembros de la Corte Suprema, junto a abogados de ex uniformados, desarrollan una tesis jurídica destinada a otorgar beneficios a represores condenados por violaciones a derechos humanos y ser autores de crímenes de lesa humanidad.

La idea central es sacarlos de recintos carcelarios como Punta Peuco y Colina I donde cumplen condenas -muchos de ellos con cadena perpetua o decenas de años de presidio por delitos de secuestro, ejecuciones, torturas- aduciendo buen comportamiento o mal estado de salud.

El objetivo es que al menos 74 ex uniformados puedan salir con arresto domiciliario, libertad condicional y obtener otras garantías.

Al mismo tiempo está en trámite la petición de indulto presidencial para cuatro presos por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos. El Presidente Sebastián Piñera otorgó hace varias semanas indulto a un represor cumpliendo condena.

En lo que sería una ola de beneficios a ex represores, la Corte Suprema resolvió la libertad condicional para 7 condenados, en menos de 24 horas. El martes anunció que cinco de ellos gozarían del beneficio y al atardecer del mismo día, en total sigilo, integrantes del Tribunal tenían los documentos firmados para sumar a otros dos.

De acuerdo a fuentes del sector Justicia y abogados, en la Corte Suprema habría otros casos en carpeta, las que contienen argumentos establecidos por defensores de los ex uniformados, lo que sumaría más ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que podrían acceder a beneficios carcelarios.

74 podrían irse a sus casas

Raúl Meza, abogado defensor de un buen grupo de ex agentes del Estado que cometieron graves crímenes, confirmó que desde marzo de este año existe una lista de 74 solicitudes para que los detenidos puedan irse a sus casas a cumplir las condenas.

Una fórmula para llegar a eso, es que el Servicio Médico Legal, algo que ya se solicitó, haga una evaluación médica y mental de quienes piden el beneficio. Según Meza, eso es importante “ya que podrían salir en libertad con arrestado domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro (Mario) Carroza podría adoptar la misma decisión”.

Esa línea jurídica es coincidente con lo planteado y reivindicado por familiares de represores, personeros del pinochetismo, parlamentarios y dirigentes de derecha, abogados de los ex uniformados y agrupaciones de ex militares y carabineros.

Un argumento clave de los integrantes del máximo Tribunal de Justicia del país es que “las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional y, concordantemente”. Lo que coincide con la defensa de los ex uniformados.

La mano de “la familia militar”

El otorgamiento de libertad condicional y otros beneficios se inscribe asimismo en la promesa del entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, y el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, hecha a “la familia militar” y grupos organizados de uniformados pensionados, en el sentido de mejorar la situación de los violadores de derechos humanos detenidos en Punta Peuco.

La operación que está en desarrollo y que abrió una ola de beneficios a represores, cuenta de hecho con el respaldo tácito del Gobierno de derecha, cuyos integrantes siempre estuvieron por posibilitar los beneficios a quienes realizaron ejecuciones, torturas, secuestros y participaron en acciones como arrojar al mar cuerpos de detenidos desaparecidos, entre ellos oficiales y suboficiales de las cuatro ramas de las FFAA y de Carabineros.

En ese marco, nadie se atreve a descartar que Piñera otorgue todos o algunos de los pedidos de indulto a ex uniformados presos en Punta Peuco.

El senador de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Iván Moreira, uno de los constantes defensores de los autores de violaciones a derechos humanos, puso a los ex uniformados en una categoría similar a otros delincuentes y sostuvo que “cualquier persona tiene el derecho a beneficios penitenciarios”. Indicó que reivindicar el derecho internacional y leyes chilenas respecto a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, entre ellos ejecuciones y desapariciones de personas, constituye “una actitud de venganza” y afirmó que “hemos visto en estas últimas décadas que los derechos humanos terminaban siendo inhumanos”. Añadió que con estas resoluciones se “está abriendo un camino de paz y sin presión política alguna”.

Hasta el 1 de agosto obtuvieron la venia de la Corte Suprema, Gamaliel Soto Segura, José del Carmen Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda, Manuel Antonio Pérez Santillán, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Emilio Robert de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos. Los responsables del otorgamiento de beneficios a los ex uniformados son los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Antonio Barra, del alto Tribunal del país. En concreto, aceptaron “el derecho a la libertad condicional impetrado” para los autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

Ese trámite, y en concordancia con las tesis de los abogados defensores de esos condenados, no exige que los beneficiados hayan reconocido culpa, pedido perdón o entregado información que permita esclarecer los delitos y, sobre todo, poder encontrar a alrededor de mil detenidos desaparecidos de los que aún no se sabe nada.

Suprema como en tiempos de dictadura

Es en ese contexto que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, declarara que  “con este tipo de resoluciones, la Corte Suprema se pone al mismo nivel que estuvo durante los años de la dictadura cívico militar”.

Añadió que “estamos frente a un Gobierno que ha anunciado la libertad de genocidas, ya sea vía indultos, o a través de este proyecto de ley mal llamado ‘ley humanitaria’, y tanto ellos como la Corte Suprema con esta liberación de genocidas lo único que hacen es pasar a llevar a nuestros familiares y los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos”.

El diputado Jaime Naranjo (Partido Socialista) declaró ante las resoluciones que “esos miembros de la Corte Suprema que procedieron de esa manera, se están saltando normas internacionales y están poniendo a Chile en una situación extraordinariamente compleja y difícil. Si siguen en esa conducta reiterativa, puede dar motivo por la gravedad de las resoluciones”.

En declaraciones difundidas por www.emol.cl, el parlamentario planteó que “aquí queda en evidencia que no da lo mismo quiénes son los miembros de la Corte Suprema. Aquí se produjo un cambio en la composición de la Sala Penal e inmediatamente se empezó a aplicar un criterio totalmente distinto en la Corte Suprema”.

Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas (JJCC), sostuvo que los “jueces de la Corte Suprema pasan por sobre la Comisión de Libertad Condicional, de la Corte de Apelaciones y de tratados internacionales firmados por Chile. Están inaugurando un mecanismo ilegal en favor de la impunidad con el silencio cómplice del gobierno”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, dijo el martes que “es peligroso para la institucionalidad del país, que tiene que estar acorde a los estándares internacionales y además es peligroso porque en definitiva está estableciendo una fórmula de impunidad a estos criminales, que no corresponde a un país que ha pasado por décadas de impunidad por el exterminio de los ciudadanos”.