Requiere actualizar los marcos jurídicos con comprensión del fenómeno que empuja a miles de personas a dejar sus barrios, ciudades y países de origen.

Fernando Bahamonde

Profesor. Punta Arenas

Posiblemente uno de los mayores desafíos civilizatorios del presente dice relación con el flujo de personas que rompen las barreras de las fronteras políticas de los países. Según datos oficiales el curso de 4 años las cifras de extranjeros en nuestro país aumentaron de 426 mil, que representaban el 2.3% a casi un millón en 2017 equivalente a 5.5% de la población total. De ese número, estima el Ministerio del Interior, que 300 mil extranjeros se encuentran en situación irregular. Desafío que posee un componente legal lo que requiere actualizar los marcos jurídicos con comprensión del fenómeno que empuja a miles de personas a dejar sus barrios, ciudades y países de origen. Los Estados sólo tienen dos posibilidades, implementar legislación restrictiva al estilo Trump que no sólo vulnera los derechos humanos, sino que estimula las condiciones para el tráfico de seres humanos en consecuencia la doble barbarie del Estado amurallado y de las inescrupulosas mafias que juegan con la vida de los más pobres. Una segunda postura es aplicar criterios flexibles en función de establecer mecanismos óptimos para el ingreso, regularización e incorporación de los extranjeros, en especial latinoamericanos. Esta es una la realidad que desplaza a las personas y lo seguirá haciendo producto de un mundo donde la figura del Estado-Nación se resquebraja a propósito de las fuerzas centrífugas y destructoras de la globalización capitalista.

Un segundo punto es el económico con la incorporación de nuevos trabajadores a la fuerza de trabajo en sectores específicos como servicios formales como comercio, aseo, servicio doméstico, etc. Y en el ámbito informal como comercio ambulante; y un segmento importante de trabajadores extranjeros latinoamericanos que se han incorporado a labores transitorias o temporales en la construcción y la agricultura. Sin embargo, el rasgo común es la precariedad laboral. Precariedad que se deriva de del marco legal existente que afecta a todos los trabajadores residentes en Chile por igual y conlleva el aprovechamiento empresarial de trabajadores indocumentados que son contratados de manera informal con remuneraciones y en condiciones de seguridad que vulneran la ley. Como el caso de cerca de 300 trabajadores, en su mayoría haitianos, que se tomaron un fundo en Chañaral Alto comuna de Monte Patria, medida desesperada por el no pago de sus sueldos.

Socialmente el concepto clave es la inclusión de los migrantes a la salud, educación, vivienda y trabajo dignos desde la amplia perspectiva de los derechos humanos, del mismo modo que cualquier persona que habita en nuestro país. La agenda desplegada por el gobierno de derecha en materia social varía entre la entrega de subsidios parciales y focalizados, bajo condiciones muy específicas que implican letra chica que finalmente discriminan a las personas.

Vinculado al proceso de regulación de extranjeros impulsado por La Moneda mediante decretos, que concluirá el 2019, se desprenden aristas mañosas. Todo el proceso durará un año desde el inicio del trámite, en el cual se elimina la posibilidad de solicitar el visado temporario por motivos laborales a contar del 23 de abril de este año, lo implica institucionalización de la explotación y la precarización laboral del extranjero-trabajador al tener la necesidad sustentarse a través de su trabajo estará sometido a una remuneración fuera de los márgenes legales, y a expensas de la voluntad de su empleador en tanto la duración y modalidad de la jornada laboral. Esto es una vuelta de mano de la administración derechista al empresariado. Un segundo punto, eventualmente, es que el migrante se le dificulte encontrar empleo cuya consecuencia es arrojarlo a buscar diferentes formas para subsistir que a la postre será de utilidad para la agenda política gubernamental que utilizará los medios de comunicación para demostrar que migrante es automático sinónimo de delincuente. La derecha sostiene un doble discurso porque la naturaleza del capitalismo es vivir a expensas de la precariedad del trabajo para lo cual el flujo migratorio le es necesario para incrementar sus ganancias, pero, por otro lado, transforma al extranjero en el extraño del cual hay que desconfiar y expulsar para introducir la idea de la comunidad de iguales o compatriotas apelativo con el cual el primer mandatario suele iniciar sus alocuciones.

Discurso con dobleces de la derecha, la agenda del miedo y desconfianza que impulsan la mayoría de los medios de comunicación y la permanente perorata política que emana desde el gobierno, permea a incipientes grupos neofascistas que comienzan a germinar en el país que aprovechan la ventana que les abrió el gobierno de Piñera. No obstante, lo más preocupante es el cómo el mensaje es asimilado por el grueso de la población. Desde el pequeño comerciante, el trabajador de la construcción, el temporero y los pobladores rápidamente pueden observar como ese otro diferente y demonizado extranjero, ocupa “sus” puestos de trabajo, “sus” poblaciones e irrumpe en el comercio informal que compite “deslealmente” con el almacén de la esquina. Hoy la realidad de la migración es nuestro país es uno de los principales retos sociales para construir comunidad, que no sólo considere a los extranjeros, sino la riqueza de la diferencia mediante la lucha contra cualquier tipo de prejuicio, discriminación y  abuso a esa diferencia de la cual todos somos parte.