La oposición sigue vendiendo la represión y la violación a ddhh, no aceptan que sus manifestaciones son violentas y que dentro de sus simpatizantes están los grupos armados.

Jessica Leiva y Fabiola Amador

Analistas

Han pasado tres meses desde que las primeras protestas violentas se desataron en la capital del pequeño país centroamericano, importando desde Managua hacia los departamentos del país una campaña intensiva de desinformación por redes sociales y medios tradicionales en colaboración con dirigentes de ONG’s fuertemente financiadas por la NED y USAID.

Se ha hecho creer al mundo que el gobierno de Nicaragua es un régimen totalitario y que existe una amplia y generalizada lucha popular contra este régimen. Sin embargo, la oposición desde hace tiempo venía buscando una excusa de corte social para generar un estallido popular, se intentó -sin tener éxito- el 12 de abril con el incendio en la reserva natural Indio Maíz, movilizando estudiantes universitarios, para inculpar al Gobierno de negligencia en la atención a este desastre, difundiendo en redes sociales imágenes falsas de animales quemados que no pertenecían a la fauna propia de la reserva.

A partir del 18 de abril -por medio de noticias falsas- lograron alzar a un sector importante de la población, incluyendo a estudiantes que fueron manipulados, al viralizar a través de redes sociales y medios tradicionales la existencia de un estudiante muerto en la Universidad Centroamericana (UCA), no obstante, la muerte nunca existió, pero sirvió como detonante social para que la empresa privada y partidos políticos tradicionales salieran con la bandera nacional “en apoyo a los estudiantes” que se alzaron en contra de las reformas al Sistema de Seguridad Social (INSS), derogadas el 22 de abril por el Presidente de la República, llamando ese mismo día a la apertura de un Diálogo Nacional, en aras de frenar la violencia desatada desde el 19 de abril como forma de protesta, que van en detrimento del Estado de Derecho.

Esto ocasionó el surgimiento de movimientos emergentes estudiantiles, quienes al inicio también se plantearon con una fuerte crítica a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) por no salir a las calles en apoyo a las protestas contra el INSS. El discurso de los líderes de estos movimientos directamente vinculados con el MRS (Movimiento Renovador Sandinista, disidente del FSLN desde 1994) cambió al llegar a la mesa del Diálogo Nacional en forma de “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” acuerpados por la Empresa Privada, la alta jerarquía de la Iglesia Católica y dirigentes de ONG’s, las críticas al manejo del movimiento estudiantil histórico y legítimo pasaron al olvido, asimismo las reformas al INSS, los dirigentes se concentraron en la renuncia del ejecutivo, develando su agenda política.

Desde el inicio de las protestas, los manifestantes de la oposición quemaron y dañaron instituciones del Estado, los primeros casos fueron el Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Familia, trabajadores tuvieron que salir del lugar bajo la agresión de estos grupos violentos, al pasar el tiempo, la ola de la violencia fue incrementando, se marcaron las casas de jóvenes militantes con el siguiente mensaje; “Aquí hay JS”,  torturaron, mataron y quemaron en vías públicas a combatientes históricos sandinistas, policías y a civiles que no tenían ninguna preferencia política, violando los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 46  de la Constitución Política y 16 artículos de los 30 que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los tranques, cuyos actos han sido justificado con auto-ataques desde el 20 de abril.

El gobierno, desde semanas antes de iniciar el Diálogo Nacional, acuarteló a la Policía Nacional, mientras las noticias falsas y vídeos de ataques a barrios y universidades nunca dejaron de fabricarse. El primer estudiante que muere fue en la ciudad de León, un joven sandinista defendiendo el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) cuando fue atacado por los manifestantes, el joven Cristian Cadena de 23 años fue quemado vivo junto con las instalaciones que defendía; el mismo día muere el adolescente Álvaro Conrado en Managua por un balín de un arma artesanal, mientras entregaba víveres a los manifestantes que se hicieron llamar como “Auto convocados”, quien termina falleciendo por no tener la atención médica necesaria de forma oportuna, ya que lo dirigen a un hospital que no podía atender esa urgencia por no contar con especialistas y equipos, no obstante, las versiones de los medios tradicionales arguyen que Conrado muere porque el sistema público de salud lo rechazó.

A partir de este momento las muertes fueron manipuladas, a tal punto que se ocuparon nombres   y fotos de nicaragüenses que vivían fuera o dentro del país para reportarlos como muertos y desaparecidos. Se desmintieron desde el inicio los falsos secuestros y muertes, pero la CIDH en su informe nunca lo consideró, así como tampoco le dio importancia a un sin número de actividades realizadas por la oposición, como la quema de medios de comunicación sandinistas, el uso de armas en las protestas de los auto-convocados y la agresiones físicas y violentas a

Las muertes han sido los conductores sociales para que la oposición tenga respaldo popular, pero las actividades ilícitas y su vinculación con la importación de Maras Salvadoreñas, drogas, dinero, armas de alto calibre y artesanales desde los tranques ubicados en departamentos de importancia histórica para el FSLN y económicas para el país, hicieron que la convulsión social bajara su intensidad, aunque los medios tradicionales siguen manipulando imágenes de las primeras marchas. No se puede negar que la oposición tiene una considerable cantidad de personas afín a sus partidos políticos tradicionales, pero actualmente no han tenido el efecto en las calles que desean para exigir la renuncia del ejecutivo. La Alianza Cívica ha demostrado sus intenciones políticas y su propuesta de democratización del país a través de una agenda para el Diálogo Nacional revela un golpe de Estado que va en contra del orden constitucional, creando una crisis política y económica como medida de presión.

El gobierno utilizó todos los mecanismos de resolución de conflicto en la mesa del Diálogo Nacional para que la oposición retirara los tranques, la Alianza los justificó como única vía de defensa ante grupos paramilitares y de la policía nacional, sin embargo, la iglesia no pudo intermediar en los casos de tortura, incluso sacerdotes presenciaron esos actos de violencia ocurridos en los tranques en contra de sandinistas, maestros y policías. El caos iba en aumento y muchas muertes se dieron en los tranques porque las víctimas no lograron llegar a tiempo a los centros de salud y hospitales, así mismo se denunciaron violaciones sexuales y secuestro de transportistas centroamericanos por los tranquistas, quedando sin acceso a la salud y a su alimentación por más de un mes; esto conllevó a que el gobierno de Nicaragua a través de la Policía Nacional restableciera el orden y la seguridad a sus ciudadanos.

La oposición sigue vendiendo la represión y la violación a derechos humanos, no aceptan que sus manifestaciones son violentas y que dentro de sus simpatizantes están los grupos armados que instauran el terror, han creado una apología del delito y han hecho creer que los muertos en su totalidad ha respaldado su causa, la realidad es otra: de las 222 víctimas registradas hasta el 10 de julio, 13 han sido fuera del conflicto y no vinculadas a las protestas, 25 en fuego cruzado,  184 en el conflicto y de estos únicamente 10 son estudiantes universitarios y 13 policías, según la Comisión de la Verdad y Justicia.

Durante la presentación del Informe de la CIDH el pasado 11 de julio en la sesión extraordinaria de la OEA; de los 34 países que la conforman: 11 estuvieron a favor del Informe, 3 en contra y 20 países miembros no se pronunciaron, luego de las opiniones vertidas, por unanimidad se decidió que la votación del informe la harán en otra reunión del Consejo, en la que posiblemente se discuta y apruebe una resolución al respecto.

A pesar de todo lo antes dicho, el gobierno sigue dejando abierta la puerta del Diálogo Nacional para ponerle fin al conflicto, los puntos de agendas como propuesta, podrán ser discutidos siempre y cuando todas las partes aporten a detener la violencia venga de donde venga para garantizar la paz y la justicia a las familias, la admisión de organismos internacionales para acompañar el proceso del Diálogo da cuenta de la voluntad gubernamental para buscar una salida pacífica a la ola de violencia.