Eso no es un simple sueño. Lo ocurrido en 1971 con la nacionalización del cobre demostró que si la mayoría del país, privilegiando los intereses de Chile y no privados y trasnacionales.

Editorial. El Siglo. El 11 de julio, decretado como Día de la Dignidad Nacional, no es una simple fecha retórica. Marca un hecho de enorme significado histórico para Chile que, a su vez, señala con claridad un camino de desarrollo del país en beneficio de la población.

Ese día, en 1971, se formalizó la nacionalización del cobre chileno, en una medida respaldada absolutamente por todas las fuerzas políticas y promovida por el Presidente Salvador Allende. Se opusieron minoritarios segmentos de la oligarquía y el gran empresariado, las trasnacionales mineras y el Gobierno de Estados Unidos.

Con ello se dio paso a un formato de explotación y uso del cobre de manera soberana y promotora de la industrialización nacional. Se sostuvo, y así lo indicó el Presidente, que aquello además implicaba desarrollar tecnología propia y añadir valor al metal rojo, aparte de dejar los beneficios financieros de la exportación del mineral en manos del país para, principalmente, contribuir a garantizar derechos sociales y políticas públicas al servicio del pueblo.

Con la dictadura, la imposición del modelo extractivista, la nueva trasnacionalizacion del cobre, la destinación de las ganancias a manos de consorcios y países extranjeros, todo lo anterior cambio de rumbo.

A eso se añadieron prácticas corruptas, irregulares y maliciosas en el ámbito minero privado y trasnacional, con complicidad de funcionarios gubernamentales.

Así hoy, cuando se arriba a otro 11 de julio, el tema del uso adecuado de los recursos naturales en beneficio real de Chile y su población, adquiere vigencia y relevancia.

Eso tiene que ver con instalar otro modelo de desarrollo nacional, que se base en criterios productivos, soberanos, industrializados y generadores de riqueza para Chile.

En ese marco es relevante que se planteen hoy objetivos como nacionalizar el litio y crear una empresa pública para su explotación; de recuperar el agua para el sector público y su uso priorizando necesidades de los chilenos; contar con una nueva Ley de Pesca que permita que este recurso contribuya al bienestar de todas y todos los chilenos; y avanzar en medidas patrióticas y efectivas para el sector minero del cobre.

Eso no es un simple sueño. Lo ocurrido en 1971 con la nacionalización del cobre demostró que si la mayoría del país, privilegiando los intereses de Chile y no privados y trasnacionales, sobre todo fuerzas políticas y sociales, se deciden por un proyecto auténticamente chileno, soberano, de desarrollo e industrialización, de generación de valor agregado respecto a las materias primas, será posible transitar por caminos constructivos, equitativos y adecuados para Chile.