A raíz de los preparativos del proyecto de reforma previsional, surgen problemas reales respecto de los cuales poco y nada se dice.

Pedro Aravena Rivera

Abogado

A raíz de los preparativos del proyecto de reforma previsional y de las posiciones que se cruzan en torno a esta materia, surgen problemas reales respecto de los cuales poco y nada se dice, como es el caso de la morosidad previsional que afecta especialmente a los trabajadores de los sectores económicos en donde la informalidad es el pan de cada día. Precisamente son ellos los que presentan los menores niveles de cotizaciones previsionales al cumplir la edad para pensionarse y pese a haber trabajado toda una vida, su historial como cotizante ni siquiera alcanza para obtener una pensión solidaria, de solo $104.646 mensuales.

Desde el año 1981 hasta 2017, la deuda previsional acumulada alcanza a los $3.356.282, esto es US.$ 5.455 millones (El Mercurio, cuerpo B, del 08/07/2018). No obstante las responsabilidades legales que se desprende de esa exacción, pues implica responsabilidades  incluso  de índole penal por parte de los empleadores que han incurrido en dicho ilícito, sin perjuicio de su obligación de restituir las sumas retenidas de las remuneraciones y no enteradas en las cuentas de ahorro previsional, más intereses y reajustes y el grave perjuicio que causan las lagunas previsionales del imponente, al momento de calcular la pensiones.

La cuestión es que más allá de las culpas individuales, estamos frente a otra expresión social de la amoralidad individualista, que forma parte de la cultura de estos tiempos, del hombre nuevo del neoliberalismo y de un sector del empresariado carente de principios.

Las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) vuelven a mirar para el lado frente a este problema y con muy escasa originalidad exigen incrementar las medidas de cobranza judicial,  pero omiten señalar que ellas estaban legalmente obligadas a efectuar dichas cobranzas oportunamente, conforme a las normas de la Ley N° 17.322, que estableció las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, incluyendo, por supuesto, al Instituto de Previsión Social (IPS), y que establece la obligación de estas instituciones de pagar dichas deudas, en caso de negligencia de su parte, al ser requeridas por los imponentes ante los Juzgados del Trabajo, para que den cumplimiento a su obligación de evitar la evasión previsional, mediante los correspondientes apremios judiciales.

Una reforma previsional efectiva en este ámbito debiera establecer expresamente que aquel imponente afectado por lagunas previsionales y cuya deuda no ha sido solucionada por los empleadores, al momento de pensionarse, tendrá derecho a completar su ahorro previsional,  con cargo a las cuantiosas utilidades de la respectiva AFP, consecuencia obvia del incumplimiento en que han incurrido, al no haber adoptado la medidas necesarias para recaudar esas cotizaciones faltantes, una de las obligaciones principales en el ejercicio de su administración y que el artículo 39 del D.F.L. N° 3.500/1980, ya declara, en principio.

Aunque estas administradoras intenten solicitar amparo y refugio en el Tribunal Constitucional, no resiste análisis alguno que las cosas sigan como hasta ahora,  esto es, que cada trabajador asuma el costo de la deuda previsional que no pagaron sus empleadores, cuestión que no resiste análisis alguno y es una desigualdad legal flagrante que coloca en una condición de desmedro al cotizante previsional víctima de la evasión, pues en la administración negligente de los negocios privados los administradores deben responder con su patrimonio de por su culpa o negligencia, ante sus mandantes.