Mauricio Daza, abogado querellante, dijo que el fiscal Manuel Guerra se transformó “en un abogado defensor de Délano, Lavín y Wagner”.

Equipo ES. En entrevista con el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de radio Nuevo Mundo, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, explicó las aristas del Caso Penta, del cual fue querellante.

El jurista abordó el acuerdo con el cual se cerró el proceso que dejó a los controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, junto al ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, libres del delito de cohecho, luego que el fiscal a cargo, Manuel Guerra, llegara a un acuerdo con las defensas de los privados, desconociendo así gran parte de la investigación.

¿Cómo se explica que a una persona por robo le den diez años de prisión y a los responsables del Caso Penta le den dos o cuatro años de pena remitida?

Es difícil de explicar racionalmente y ese es el problema. Esto obviamente afecta a la credibilidad del sistema de persecución penal en general, porque la forma en que se llevó a cabo el cierre del Caso Penta –el caso de corrupción más importante de los últimos años- es absolutamente impresentable. Obviamente, los costos se pagan en el aspecto de que las personas no se van a querer someter sus conductas al sistema penal, porque hay personas en Chile que hacen lo que quieren y esa es una realidad que hoy quedó expuesta.

Nosotros (Ciudadano Inteligente) llevamos el caso junto al Consejo de Defensa del Estado hasta las últimas consecuencias en términos tales que la única posibilidad de desmontarlo fue ejecutar esto de manera bastante burda y desvergonzada. Ese es nuestro sistema de persecución penal que es bastante distinto a lo que ocurre, ni siquiera en países de la OCDE que es la comparación que siempre hacen las autoridades, sino con lo que ocurre a nivel regional, lo que pasa en Brasil o en Perú, sin ir más lejos, que da cuenta de un Ministerio Público que hace el trabajo, lleva las causas a tribunales y pelea los juicios, en Chile es impensado que eso pase.

¿Qué pasó con la acusación de cohecho?

Ocurrió algo bastante escandaloso. En marzo de 2015 se formalizó a los imputados del Caso Penta –Délano, Lavín y Wagner- que se les estaba investigando por dos hechos, el primero que el señor (Pablo) Wagner, cuando fue subsecretario de Minería del primer Gobierno de Sebastián Piñera, recibió pagos ilegales de parte del Grupo Penta y lo segundo era que Wagner en el periodo que recibía esos pagos hizo gestiones en favor del Grupo Penta. Después de dos años de investigación, donde se reunieron cientos de antecedentes para acreditar estos dos hechos, resulta que se cierra la investigación y lo que hace el Ministerio Publico es una presentación formal ante los tribunales donde acusa a estas personas, entre otros delitos, por cohechos reiterados y pide que vayan a juicio oral con penas para Délano y Lavín de diez años de cárcel. Acto seguido, a comienzos de 2018, sin ningún antecedente nuevo el fiscal Manuel Guerra comunica que lo que se presentó ya no vale y avisó que llegó a un acuerdo con las defensas de Lavín y Wagner donde se eliminaron todos los delitos de cohecho.

La Fundación junto al Consejo de Defensa del Estado estábamos en la postura de que si el Ministerio Público no quiere llevarlos a juicio lo podíamos hacer nosotros. Esta semana ocurren cosas bastante increíbles, la primera es que al comenzar la audiencia el fiscal Guerra dijo que iba a omitir todos los pagos que recibió Wagner y que iba a omitir todas las pruebas, por tanto solo iba a pedir cuatro años para Délano y Lavín y de dos años para Wagner.

Como el Ministerio Público eliminó todos esos hechos nosotros no podíamos invocarlos, lo que consideramos que es abusivo, además, se traspasaron todos los límites cuando Guerra eliminó la mitad de la imputación con la única finalidad que el Consejo de Defensa del Estado y nosotros no nos pudiéramos oponer si quiera a lo que él estaba haciendo en ejercicio de nuestros derechos, con ello el fiscal Guerra se transformó en abogado defensor de Délano, Lavín y Wagner, no sabemos cuáles son las razones de esto.

¿Cómo se entiende esa situación?

Acá hubo un esfuerzo claro para poder garantizar que este acuerdo se concretara, lo que para nosotros significa la más absoluta impunidad para un hecho que consideramos el caso de corrupción mas importante que se ha conocido en el país. En nuestro sistema los fiscales tienen atribuciones para llegar a acuerdos con las defensas, pero entendemos que no tiene las atribuciones para borrar hechos y antecedentes probatorios que se recopilaron durante más de dos años. Eso lo vamos a discutir a través de discursos que presentaremos en la Corte de Apelaciones, porque aquí más que criticar el acuerdo, lo inverosímil es la forma en que se llevó a cabo, donde se traspasaron los límites mínimos de control respecto de la actuación de un fiscal.

Acá existe una falta de poder absoluta cuando hay que ejecutar actos que requieren el realizar conductas impresentables, para los efectos de poder garantizar lo que es evidente, que un grupo de personas ejecutan toda clase de actos sin tener consecuencias, el mensaje es preocupante porque te dice que si formas parte de un importante grupo económico en Chile y sobornas a altas autoridades de la república, no se preocupe, porque en el caso extremo que lo lleguen a descubrir solo pagará una fracción de los beneficios que obtuvo a través de los pagos de las coimas, porque en Chile pagar coimas es un tremendo negocio y eso no es propio de un Estado de derechos y nos pone muy atrás en comparación con los países de la región y me llama la atención que no hay una reacción de la opinión pública, la ciudadanía, respecto a esto, en otros países la gente se moviliza y se organiza.

¿Qué pasa con los ciudadanos, dejaron de ser inteligentes?  

Creo que una variante de nuestro sistema político y económico que ha sido bastante bien vendido por las autoridades de manera transversal durante los últimos treinta años y eso involucra la visión materialista e individualista de la forma en que uno se mueve en la sociedad y la gente tiende a no involucrarse directamente más allá de la protesta en redes sociales, no hay interés de hacer algo para que estos actos de corrupción y la protección de quienes lo ejecutan tengan respuesta, pero es un proceso porque ya que se expongan estos casos ya es un paso, pero claramente nos quedan muchos años para avanzar, porque estamos muy atrás.

¿Cuáles serán los pasos que seguirán dando en este caso?

Vamos a presentar recursos de apelación en contra de la resolución de Pablo Wagner, los mismo hará el Consejo de Defensa del Estado, porque más allá del acuerdo de Manuel Guerra y las defensas es impresentable por las evidencias, además, la forma en que se ejecutó con la finalidad que no podamos seguir el caso es una ilegalidad que puede traspasar, incluso, este caso. Porque esto nos dice que los fiscales pueden hacer lo que se les antoja borrando la figura del querellante.

¿El Fiscal Nacional no tiene nada que ver con las decisiones de sus subordinados?

Si tiene que ver, la verdad es que es impensable el que este acuerdo se hubiese llevado a cabo sin que tuviera la venia del fiscal Jorge Abbott. Nuestras autoridades están al debe, porque acá había una petición de destitución del fiscal Abbott que se fundaba, entre otras cosas, en que él intervino en el caso Penta recibiendo al entonces senador Hernán Larraín para tratar la situación de Iván Moreira, además recibió a los abogados de Santiago Valdés el primer administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera, no obstante que él se había inhabilitado del caso porque tiene un nexo con Alfredo Moreno. Ahora esa petición está despareciendo, entonces, uno se pregunta hasta que punto nuestras autoridades van a fiscalizar y hasta que punto se van a escudar para no hacerlo.

Aquí hay una responsabilidad de Abbott, pero también de Manuel Guerra, si uno ve sus trayectorias, la verdad es que no se explica cómo llegaron a esos cargos y ahí hay que avanzar en el sentido de garantizar que personas tengas las competencias y las calificaciones necesarias para servir en estos cargos públicos.