Más de 2 mil 600 trabajadores cesantes en pocas semanas. Aumentó solicitud de quiebra de empresas. Distintos sectores afectados.

Equipo ES. En los últimos quince días se anunció el cierre de tres empresas ubicadas en regiones del país que significará que alrededor de 2 mil 609 trabajadores pierdan su fuente laboral. La cifra podría superar los tres mil nuevos cesantes si se suman los despidos en el sector público, medios de comunicación y otros centros laborales. Hace mucho tiempo que no ocurría un episodio de esta envergadura en tan poco tiempo.

La primera fue Maersk que es una firma danesa instalada en el Puerto de San Antonio cuyo rubro es la fabricación de contenedores refrigerados. Su cierre deja 1.209 desempleados. Después vino Cial, una empresa constructora emplazada hace 38 años en Temuco, que dejará a 1.200 cesantes más y se sumó el cierre de la planta de Curicó de Pastas Suazo donde 200 personas quedarán sin trabajo. Y en estos días está fuerte la versión de que la planta Iansa también podría cesar labores.

La situación encendió las alarmas en el mundo laboral, político y empresarial, ya que se trata de cierres que acarrearán una crisis social en los lugares donde operan, ya que son zonas con altos porcentajes de cesantía. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la provincia de San Antonio fue la segunda con mayor tasa de desempleo de la Región de Valparaíso con un 8,3% en el trimestre mayo-junio-julio de 2017.

En tanto, La Araucanía se ubica como la región con mayor desempleo en el país con una tasa de 8,8% durante el trimestre móvil noviembre-enero del 2018. Curicó también tiene cifra rojas en este ámbito: según el INE, en el trimestre móvil diciembre 2017 y enero-febrero 2018, el desempleo llegó hasta el 10,1%.

En este cuadro negativo, en los últimos días medios de prensa informaron sobre el aumento las solicitudes de quiebra tanto de personas como de empresas a lo largo del país. Según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la liquidación de bienes de personas deudoras creció 70% el período enero-mayo de 2018 en comparación con el año anterior. Por su parte, la liquidación de empresas aumentó 56% en igual período. Esto podrá tener un impacto altamente negativo en el empleo y las condiciones de los trabajadores.

A todo ello se suma los despidos de cientos de empleados del sector público, que desencadenó diversas protestas y la denuncia de que esto seguirá, como el centenar de cesados en el Ministerio de Bienes Nacionales. Se añade asimismo, las decenas de desvinculaciones en los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales ye impresos, por ajustes de las empresas periodística y televisivas, destacando los despidos en Canal 13 y en Copesa (Consorcio Periodístico S.A.).

Esta realidad tiene que ver con el temor a quedar desempleados que ronda a trabajadores de distintos sectores, empresas y consorcios, y a la precariedad laboral que existe en el país.

También se produce este oleaje de despidos en medio de la discusión por el salario mínimo que están llevando a cabo trabajadores y el Gobierno. En ese marco, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apuesta por un monto que permita que las familias superen la línea de la pobreza, es decir, un piso mínimo de 400 mil pesos. Este tema cruza la realidad del empleo en Chile y la forma en que el sector empresarial asume los derechos de los asalariados, que un porcentaje muy alto viven en la línea o bajo la línea de la pobreza en Chile.

“Pésima noticia”

Frente a este escenario la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) dijo que “es una pésima noticia”, y Alfonso Sweet, presidente de dicho organismo, reconoció que “analizado los números en frío el panorama no es alentador”.

Desde Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la CPC, insistieron en que el Gobierno debería retomar la propuesta de reducir de manera gradual el impuesto a las compañías desde 27% al 25%, para que no sigan ocurriendo estos cierres. Eso, en la línea del empresariado de responsabilizar de los despidos a situaciones como los impuestos que deben pagar las grandes empresas y los consorcios nacionales y trasnacionales.

En esa línea, por cierto, desde ámbitos del mundo privado circularon versiones de que en el cierre de fábricas tiene que ver la realización de huelgas, petitorios de los sindicatos e inclusive la supuesta intromisión del Partido Comunista (PC). Esto fue desmentido por dirigentes sindicales e incluso por medios de prensa dedicados a temas económicos y laborales, explicando que hay varios factores que incidieron, por ejemplo, en el cierre de las plantas en San Antonio, Temuco y Curicó.

Es así que no solo en el caso de las fábricas, sino de la situación en medios de comunicación y otros centros laborales, se aduce problemas de gestión empresarial, distorsiones o problemas de mercado, crisis financieras de las compañías, mal manejo presupuestario y equivocadas estrategias de negocios, en lo cual los trabajadores y empleados tienen nada o poco que ver.

Incluso en algunas de las empresas que anunciaron el cierre o reducción de personal, los sindicatos llevaban tiempo denunciando incumplimiento de contratos, faltas a las normativas laborales, prolongación irregular de horarios laborales, bajos sueldos, etc.

En todo este contexto, por lo demás, aumentan las preocupaciones en el mundo laboral, con proyectos que rondan y que estarían impulsados por el Gobierno respecto a fórmulas de contratación de estudiantes o jóvenes, extensión del tele trabajo o trabajo a distancia, condiciones laborales nuevas para adultos mayores, que irían en la línea de vulneración de derechos, ocultamiento de cesantía real, precarización laboral y situaciones injustas para una gran cantidad de desempleados o subempleados en el país.

Es así que esos más de 2 mil 600 trabajadores despedidos en las últimas semanas podría ser una señal, una alerta, de una negativa situación que se empiece a instalar con más fuerzas en el país.