No es la excepción a los otros 364 municipios de Chile, producto de la “alcaldización” de la educación pública; baja sostenida de matrícula y escasa transparencia.

Fernando Bahamonde

Profesor. Punta Arenas

Hace cuatro semanas un número importante de profesores dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas, se encuentran movilizados producto del no pago de sus cotizaciones previsionales, salud y créditos obtenidos en cajas de compensación y otras entidades. Los efectos de estas deudas impagas son inconmensurables en la vida cotidiana de los docentes, desde no poder comprar bonos de salud hasta el pago de créditos hipotecarios cobrados, no pagados, pero los dineros en efecto han sido descontados de la remuneración mensual. Por otra parte, el paro, genera descontento en padres y apoderados, porque los estudiantes no son atendidos en los establecimientos. Además de la movilización de brazos caídos de los docentes, existe una arista legal en la cual se han presentado una serie de querellas, demandas tanto civiles y laborales contra la Corporación y el alcalde Claudio Radonich (RN), por parte de los profesores. Y un grupo de padres también han recurrido a esta vía interponiendo recursos de protección porque el servicio educativo se encuentra suspendido, lo cual vulnera el derecho a la educación de sus hijos.

La problemática se agudiza porque posee un componente técnico que se refiere a la gestión de la deuda y un componente político voluntades para superar el conflicto. El primer componente implica despejar las múltiples variables de la deuda, establecer prioridades de corto, mediano y largo plazo y realizar gestión con los instrumentos que se poseen para ello. En paralelo la voluntad política implica que diversos actores como: alcalde, concejo municipal, Ministerio de Educación, parlamentarios de la zona y docentes, sean capaces de buscar una rápida salida, que por de pronto es concluir la movilización sobre la base del compromiso de gestión de la deuda. Cabe recordar que el sistema se financia por la asistencia de los estudiantes, situación que obviamente no ocurre por la movilización. Es decir, a la deuda de 14 mil millones 5 mil de los cuales corresponden a cotizaciones de los trabajadores, día a día se produce otro déficit por la movilización. No obstante, luego de un mes, ninguno de los dos componentes técnico-político hace vislumbrar una salida, muy por el contrario, el conflicto se profundiza con declaraciones cruzadas, mesas de diálogo donde no asiste el alcalde que además preside la Corporación que adeuda los dineros, y la acumulación de tensiones en el interior de escuelas y liceos donde el clima laboral se ve afectado por la relación de tensión entre los distintos estamentos.

El martes 12 de junio los directorios comunal de Punta Arenas y regional de Magallanes del Colegio de Profesores A.G, fueron recibidos en la comisión de educación de la cámara de diputados, en síntesis las conclusiones de los diversos actores presentes concuerdan en dos puntos; primero, que no existe solución en el corto plazo debido que los instrumentos financieros que se pueden disponer no cubren el total de la deuda, y que la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas, no da garantías de gestión incluso si se le inyectara recursos. No obstante, este cuadro dramático que afecta a trabajadores, estudiantes y sus familias, existe una responsabilidad política en la figura del alcalde de Punta Arenas quien evidencia un notable abandono de deberes frente a la crisis luego de cerca de dos años de gestión. Y, por tanto, la actual situación al no existir ni el compromiso ni la capacidad para sostener la educación pública de la comuna se debiera iniciar anticipadamente un eficaz trabajo para desmunicipalizar en Magallanes.

Más allá de la contingencia el conflicto tiene un contexto definido y es la destrucción de lo público durante la dictadura cívico-militar. Entre 1973 y 1975 es la fase de la discusión interna sobre el modelo económico a seguir, entre los distintos grupos que apoyaron el Golpe de Estado: nacionalistas corporativistas, nacional productivistas y gremialistas neoliberales. La fase posterior, de 1975 a 1982, implicó la penetración del grupo gremialista en una segunda línea de cargos gubernamentales, pero poderosa en términos de gestión y construcción del marco legal para llevar cabo el asalto final al viejo Estado nacional-productivista. De esta forma nacen la Constitución Política de 1980, el Código del Trabajo de 1981, la reforma provisional y nacimiento de las AFP en 1981, y un nuevo Código de Minería en 1982. En educación la reforma neoliberal significó la municipalización del sistema público en la enseñanza básica y media y la reforma a la educación superior en 1981 que implicó, entre otros retrocesos, la pérdida de la gratuidad en educación superior.

Punta Arenas no es la excepción a los otros 364 municipios de Chile, producto de la “alcaldización” de la educación pública; baja sostenida de matrícula, escasa transparencia y desorden en el uso de recursos públicos, contrataciones injustificadas. El diagnóstico es claro, los análisis previos a la promulgación de la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública describe cuatro puntos claves que explican la crisis:

1.       Ausencia de horizontes de desarrollo y proyección a largo plazo. Lo que significa una carencia de planificación estratégica y, en el mejor de los casos, de existir depende del ciclo político electoral al cual está sujeto el alcalde.

2.       Baja rendición de cuentas por lo propiamente educacional y dilución de responsabilidades. Se traduce en una deficiente gestión educacional que no tiene consecuencias salvo para quienes la sufren trabajadores de la educación, estudiantes y sus familias. Lo que en la mayoría de los casos la administración educacional no es percibida como una prioridad que debe asumir el municipio.

3.       Capacidades dispares e insuficientes. Las capacidades y recursos son distribuidos inequitativamente, enfatizándose el foco en los aspectos administrativos de gestión y dejando de lado los aspectos técnicos-pedagógicos. Donde solo el 22.5% del personal trabaja en funciones educacionales propiamente tal.

4.       Atomización y escala inadecuada. Debido al aspecto geográfico de nuestro país resulta imposible que los 345 municipios puedan articularse para crear un sistema nacional de educación pública.

Quedan pocas oportunidades para salvar la educación pública de la crisis, pero a diferencia de otras épocas donde los pingüinos el 2006 y los universitarios el 2011 gritaron en las calles por una educación pública gratuita y de calidad, hoy hay una ley de Nueva Educación Pública la cual hay que ocupar.