¿Qué hay detrás de este ambicioso proyecto? Sin duda, la posibilidad de perpetuar la lógica del mercado y su idea de libertad como principio fundante.

Claudio Rodríguez. Trabajador Social. El reciente mensaje presidencial da cuenta de la estrategia desarrollada por la derecha para viabilizar su segundo gobierno y proyectar un tercero que consolide sus objetivos. Piñera llama a generar las condiciones para la Unidad y el Progreso, y dar inicio a la segunda transición política, esta vez con la esperanza de que su conducción la ejerza su sector. La Transición, desde su óptica, ha sido el periodo más próspero del país por lo que sería lo que éste requiere para salir de la crisis generada por el gobierno de la Nueva Mayoría. Esta nueva Transición tendría sentido político pues, al igual que la pos dictatorial, vendría a superar un período de divisiones y polarización, haciendo de paso un símil entre la Unidad Popular y el gobierno de la Presidenta Bachelet, representado por la figura de la retroexcavadora.

¿Qué hay detrás de este ambicioso proyecto? Sin duda, la posibilidad de perpetuar la lógica del mercado y su idea de libertad como principio fundante del buscado ideal de ser por fin (ahora sí) un país desarrollado. Para ello, llama a la generación de grandes acuerdos nacionales, para dar gobernabilidad y generar las condiciones para el soñado desarrollo.

Sin embargo, desconoce SP la diferencia del contexto histórico, social, económico y cultural que hace que su invitación carezca de pertinencia política, apareciendo más bien como la necesidad de buscar acuerdos que permitan dar gobernabilidad al neoliberalismo.

En efecto, el pacto de gobernabilidad, que selló la Concertación con la derecha golpista y posibilitó la continuidad de su modelo de desarrollo, encontraba un escenario muy distinto al de 2018. En primer lugar, esta gobernabilidad se justificaba para algunos por la necesidad de asegurar un marco de paz social, que permitiera viabilizar la reducción de la pobreza y consolidar la democratización que el triunfo de la oposición abría como expectativa ciudadana. La existencia de enclaves autoritarios y la permanencia de un sector golpista con clara incidencia en el quehacer nacional, era una amenaza para el incipiente (y frágil) proceso democrático.  A su vez, este clima de beligerancia, encontraba aún a grupos que habían enfrentado al tirano y mantenían la violencia armada como medio de acción política.

Por otra parte, se heredaba de la dictadura un país con un sector importante viviendo en condiciones de pobreza. Cerca del 40% de la población aún sufría las consecuencias de las políticas de ajuste económico que el consenso de Washington había logrado imponer en la región. Ello daba cuenta de una real crisis social y política bajo la cual comenzaba la Transición. A la fecha, aún vigente la Guerra Fría, se generaba un escenario local, regional y global, que difiere de manera sustantiva al actual. En ese marco la apuesta, para bien o mal, fue sellar este pacto que condicionó el desarrollo de la política nacional generando un fuerte crecimiento económico, promoviendo la inversión extranjera y la privatización de los servicios sociales, con el diseño de políticas sociales residuales que permitieron reducir la pobreza, pero manteniendo el Estado Subsidiario consagrado en la Constitución de 1980 y generando una brecha de desigualdad que afectó la inclusión y cohesión social.

Este esquema, más allá de los juicios y valoraciones políticas, entró en estancamiento y se agotó con el paso de los gobiernos de la Concertación. En paralelo, una ciudadanía cada vez más activa, y el creciente desarrollo de los movimientos sociales, desoídos y excluidos de la Transición pos dictatorial, fueron generando una creciente valoración por el rol del Estado y una cada vez mayor centralidad a los derechos sociales. Ello, junto a una ciudadanía y actores sociales demandantes de mayor incidencia, transparencia y democracia, entró en colisión con el diseño de gobernabilidad y ejercicio de la política del período.

Así, se generaron las condiciones para dar un salto cualitativo a un nuevo cuadro político que permitiera enfrentar las grandes deudas de la Transición neoliberal: la profundización de la democracia y la alarmante desigualdad que azota nuestra sociedad. Estos fueron los objetivos a superar por el gobierno de la Presidenta Bachelet. Se conformó por primera vez en la pos dictadura, un gobierno que cuestionó de manera concreta distintas bases del neoliberalismo y se dio inicio a un proceso de reformas que, con todas sus limitaciones, junto con avanzar, encontró una férrea resistencia y oposición de los sectores políticos y hegemónicos nostálgicos del consenso pos dictatorial, incluso dentro del propio conglomerado de gobierno, representado por el denominado sector de los “Restauradores”.

En este contexto, el llamado a la Unidad y el Progreso de Piñera busca construir un nuevo marco de gobernabilidad. Por eso intenta aplicar la receta política de los de los años 90. No obstante, la derecha sabe a ciencia cierta que el país ya no es el mismo. Que el rol de los movimientos sociales y el sentir ciudadano es una amenaza a su proyecto hegemónico. Para ello, saca lecciones de su primer gobierno y en vez de invisibilizar y criticar el actuar de los movimientos -que finalmente deslegitimaron su conducción política-, trata de recoger las demandas sociales, resignificando sus sentidos y proyecciones en un marco subsidiario. Por ello también se abre a los denominados temas valóricos, y presenta una Agenda de Género, recogiendo demandas que no estaban en su programa, aun a sabiendas de las tensiones internas que ello genera con los sectores más conservadores. No casualmente, mientras enarbola el discurso de la libertad, el orden y el crecimiento económico, y ataca a la ex Nueva Mayoría, intenta apropiarse en muchas áreas de la continuidad de sus políticas: agenda de género para responder a las movilizaciones feministas; mantiene –contra su voluntad- el impuesto a las grandes empresas para financiar sus compromisos sociales, así como el 60% de gratuidad; busca ampliar la protección social y aborda la vulneración de niños y niñas.

Pero esta denominada “nueva derecha social” contiene dentro de sí a la misma derecha de siempre, neoliberal y conservadora, que en los aspectos en que el modelo se pueda cuestionar no duda en poner trabas, desconocer las mayorías por la vía de actos administrativos, la cooptación de la oposición llamando a acuerdos nacionales con un falso diálogo o el retiro de proyectos de ley en discusión. Es la que no permitirá avanzar en derechos laborales ni generar políticas previsionales en el marco de la seguridad social, ni avanzar en gratuidad en la educación, reconocer derechos a los pueblos indígenas, ni menos pensar en discutir una Nueva Constitución.

En este escenario, la oposición debe definir un campo de acción común que, sin negar la sal y el agua, permita distinguir aquellos aspectos importantes de acordar, de los que terminan cooptando a los actores políticos y sociales con el fin de consolidar el imperio del mercado. El punto de partida es no ser parte de esta denominada Segunda Transición. El neoliberalismo no llevará al camino del desarrollo. No confundirse. No virar derecha.