La diputada Carmen Hertz será la encargada de interrogar al ministro de Justicia respecto al retiro del proyecto de ley de reparación a víctimas de la dictadura.

Valparaíso. Con 67 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados dio luz verde a la interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para que explique las razones del intempestivo retiro del proyecto de ley de reparación a víctimas de la dictadura y dé cuenta de la política de Derechos Humanos del Gobierno de Sebastián Piñera.

Para el próximo 6 de junio quedó finalmente la interpelación al ministro Hernán Larraín y será la diputada Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la encargada de realizar el cuestionario al titular de Justicia.

“Es trascendental esta interpelación al ministro de Justicia por el retiro intempestivo del proyecto que entregaba un aporte reparatorio, que por lo demás era bastante miserable a las víctimas de prisión y tortura. Nosotros necesitamos consultar cómo este retiro afecta obligaciones internacionales del Estado de Chile. Este no es un tema de reivindicación sectorial, es un tema que tiene que ver con el ADN del pacto social, porque estamos hablando de las víctimas de prisión política y tormentos atroces por parte de agentes del Estado”, sostuvo la parlamentaria.

En cuanto a las razones enunciadas por el ministro Larraín, quien ha sostenido la falta de financiamiento para llevar adelante el proyecto, la diputada Hertz fue categórica en señalar que se demostrará lo contrario durante la interpelación.

“Nosotros vamos a demostrar que la falta de financiamiento es una falacia, en primer lugar existe el financiamiento de este proyecto de ley que por lo demás era complementario de una ley anterior (Ley 20.584) y va con el informe financiero correspondiente, estaba muy claro que existe una partida del Tesoro Público que tiene que ver con los financiamientos comprometidos”, agregó.

Finalmente, la diputada Hertz sostuvo que este es un tema del Estado de Chile, “en que el Estado no puede pretender que no tiene fondos para reparar, incluso de forma mezquina y tardía a quienes vieron truncadas sus vidas por la prisión y la tortura”.