No es casualidad que las autoridades del sector educación envíen mensajes a través de los medios de comunicación.

Fernando Bahamondes

Profesor. Punta Arenas

Uno de los desafíos de la administración de derecha en materia educacional es como lidiar con la entrada en régimen de múltiples leyes que nacen en el marco de la Reforma Educacional. En este sentido resulta emblemático el protocolo emanado del Ministerio de Salud para vulnerar la Ley de aborto en tres causales. Por otra parte, un segundo desafío es como hacer frente a la crisis en la educación municipal por el financiamiento, problemática que es estructural, pero que ha estallado por falta de gestión y transparencia en el uso de recursos públicos, en especial en municipios gobernados por alcaldes oficialistas como Viña del Mar, La Florida y Punta Arenas.

Por ello, no es casualidad que las autoridades del sector educación envíen mensajes a través de los medios de comunicación. El pasado domingo 6 de mayo “La Tercera” publicó nota donde se da cuenta de la poca flexibilidad que posee la Ley SEP para que los establecimientos educacionales puedan ejecutar gastos con estos recursos que benefician a estudiantes prioritarios y preferentes. El punto en cuestión es que el Ministerio de Educación ha constatado que entre el 2014 y 2016 los establecimientos y sostenedores del sistema municipal y particular subvencionados han dejado de gastar $862.200 millones de pesos por la rigidez de la propia ley. Cabe recordar que, durante la administración anterior, la Subvención Escolar Preferencial (SEP) se incrementó un 25% incorporando a estudiantes preferentes. Luego, el 08 de mayo, en la mismo medio, el superintendente de Educación , entidad que fiscaliza el uso de estos recursos, Sebastián Izquierdo informa que ya ha recibido el mensaje desde el Ministerio de Educación, al indicar que “sin dejar de velar por el cumplimiento de la Ley SEP, estamos flexibilizando criterios específicos, como, por ejemplo, que determinadas remuneraciones y bonificaciones para los profesores o inversiones en mantención de inmuebles puedan ser solventadas con dichos recursos, en pos de mejorar la calidad de la educación”. Declaraciones que sacaron aplausos de la CONACEP, organización que agrupa a sostenedores particulares subvencionados.

Paralelamente, el Ministro de Educación Gerardo Varela señala: “estamos escuchando con atención a aquellas municipalidades, que, cumpliendo con el requisito de la ley, nos están solicitando quedarse dentro del sistema municipalizado”.  Declaraciones que surgen a propósito de las discrepancias en la interpretación en el artículo transitorio 10° de la Ley 21.040 que crea el sistema de Nueva Educación Pública (NEP), en tanto postergar y/o paralizar el proceso de desmunicipalización.

En síntesis, frente a esta trama es necesario establecer tres dudas razonables:

1.       Con la magnitud de recursos que aporta la SEP y las complicaciones derivadas del gasto, ejecución y rendición por parte de los establecimientos educacionales, nos debieran hacer pensar en la modificación del sistema de financiamiento basado en subvención por asistencia. La Ley SEP se fundamenta en la existencia de políticas públicas focalizadas, en circunstancias se requiere un sistema de financiamiento basal, propio de políticas públicas universales, dirección en la cual se intentó avanzar con la Reforma Educacional.

2.       En rigor, uno de los efectos derivados de los recursos SEP, es la burocratización administrativa del sistema escolar debido a que las escuelas y liceos del país deben dedicar gran parte de su tiempo en gastar y rendir dinero. Este punto, nos hace pensar que es cuestionable que SEP “es una política que ha sido muy efectiva en la mejora de la calidad y equidad (…)”. Como declaró el domingo 06 de mayo el Subsecretario de Educación Raúl Figueroa.

3.       Por último, la búsqueda de la flexibilidad en la utilización de recursos SEP, se puede explicar por el estado de catástrofe en que viven muchas Corporaciones municipales de educación al permitírseles usar dineros públicos casi a voluntad- corporaciones de derecho privado que tal vez, son uno de los principales focos de corrupción pública en nuestro país-. Por otra parte, esta propuesta atiende a que determinados municipios puedan refinanciarse y de este modo mantener bajo su alero la educación, hecho que segmentará aún más el sistema educativo al mantener establecimientos educacionales particulares pagados, particulares subvencionados, municipales y Servicios Locales de Educación (SLE presente en Ley de Nueva Educación Pública), con el objetivo de agudizar la competencia entre las distintas dependencias.