Surge una oportunidad para enfrentar todos los cuestionamientos derivados de la Ley de Pesca, cuya nulidad legislativa fue solicitada.

Carlos Arrúe

Abogado

Los recursos pesqueros pertenecen a todos los chilenos. No obstante, fueron entregados en propiedad por 20 años a través de la Ley de Pesca, Ley 20.657, mediante licencias de pesca.

Con la presentación del proyecto de ley corta presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que tramitó el proyecto original, surge una oportunidad para enfrentar finalmente, todos los cuestionamientos derivados de la aprobación de esta norma, cuya nulidad legislativa fue solicitada. Aquí nos proponemos brevemente abordar dos preguntas.  ¿Puede el Estado disminuir el plazo de entrega de estos recursos a, por ejemplo, 10 años? ¿Y de hacerlo, podrían las empresas afectadas, tener derecho a ser indemnizadas?

Los recursos de todos los chilenos pueden ser entregados en comodato, arriendo, se pueden vender incluso. La Constitución, por su parte, permite establecer concesiones y, para proteger a los privados frente a eventuales acciones arbitrarias del Estado, se inventó por parte de nuestro sistema jurídico, la aberrante protección del dominio sobre los derechos reales, como la concesión. Pero lo que no se puede hacer es regalar en propiedad los recursos como se hizo con los recursos pesqueros empleando para ello, el instrumento conocido como “licencias pesca” que fueron entregados por la Ley de Pesca por 20 años. La ley corta presentada por el gobierno actual, pretende reemplazar este sistema por licitaciones y eliminar la posibilidad de renovar estas licencias tras cumplirse los 20 años. Esto, es insuficiente.

¿Qué ocurrió con la Ley de Pesca? Dicho en pocas palabras, la codicia llegó a niveles inusitados y desconocidos de la mano de una soberbia pos-electoral del gobierno anterior de Sebastián Piñera. Presentado en diciembre del año 2011, la bizarra y mala idea de entregar recursos en propiedad, se discutió con dudas relevantes sobre la forma correcta de administrar estos recursos. De hecho, la Constitución dice claramente, en su Art. 19 Nº 24 que “nadie puede sr privado de su propiedad sino en virtud de una ley”. Eso incluye al Estado que tampoco puede ser privado de su propiedad sobre los recursos pesqueros. La única forma de hacerlo es mediante una ley y si alguien priva por ley al propietario de un bien, deberá indemnizarlo, cuestión que aquí no ocurrió, porque las empresas aun no indemnizan a los chilenos por haberlos privado por 20 años de la propiedad sobre los recursos pesqueros.

Ahora bien, los recursos fueron entregados en esa modalidad, mal entregados, pero fueron entregados. Pero ¿puede el Estado ahora disminuir el plazo de licencia? Por cierto que sí. La consideración aquí es la siguiente: Si el Estado entregó estos recursos en propiedad por ley por un plazo de 20 años, puede dejarlo perfectamente en 15, 10 o en 7. No hay ningún impedimento al respecto; solo debe hacerlo por ley. Para eso, debiera servir la ley corta. De hecho, preguntémonos lo mismo al revés. ¿Puede el Estado, mediante una ley, aumentar el plazo de vigencia de la licencia? Por supuesto que sí.

En definitiva, lo que las empresas tienen al poseer estas licencias, es una transferencia temporal de propiedad, no el dominio mismo.

¿Pueden las empresas alegar el derecho de ser indemnizadas al respecto? Es decir, ¿pueden decir que detentan de buena fe estas licencias y por ende, al reducir el plazo de 20 a 10 años, generar en su beneficio, una indemnización?

Estoy seguro que lo dirán, pero sería un chiste sabiendo, como sabemos hoy, que empresas como Corpesca diseñaron indicaciones al proyecto que fueron enviados e ex Ministro Longuiera; sabemos de sobornos pagados a parlamentarios y asesores por parte de la industria pesquera, sabemos que influenciaron dirigentes y familias de pescadores con el objeto de desunir la resistencia a la tramitación del proyecto, etc. O sea, no es posible, bajo ningún efecto, alegar la buena fe respecto del traspaso de licencias.

Hay un mínimo de decoro, pudor y vergüenza que ha de tenerse y es de esperar que quienes se hicieron de manera fraudulenta de la propiedad de los recursos pesqueros, coimeando al Congreso y al Gobierno, reconozcan que carecen de título para pedir indemnización. Más bien, nos están debiendo a todos.

La ley corta debe terminar hoy con las licencias de pesca.