Por un lado, se habla de modernizar la legislación y por otra se orquesta campaña en  medios de comunicación contraria a presencia de población migrante.

Pedro Aravena Rivera.

Abogado.

El Derecho a la Inmigración se ha situado en el centro del debate político y evidencia las profundas diferencias existentes respecto del ejercicio de este derecho humano, denotándose un creciente interés por restringir este derecho en sectores estrechamente vinculados a los grupos de poder hoy dominantes en nuestra sociedad. Por un lado, se habla de poner orden y de modernizar la legislación  y por otra parte se orquesta una campaña en  los medios de comunicación contraria a la presencia de población migrante en nuestro país, descargando toda suerte de prejuicios racistas, clasistas y excluyentes, que caen en la infamia, la vulgaridad y la falta de humanidad, inherentes al pensamiento neo conservador dominante.

Tras estos denuestos se esconde un  miedo a la diversidad, en especial frente a las personas afrodescendientes,  recurren a frases  como la  “importación de pobreza” y se intenta crear la sensación  de pérdidas económicas para Chile, omitiendo que los inmigrantes ocupados pagan un impuesto a la renta por un total de casi 328 mil millones de pesos,  cercanos a los 500 millones de dólares, de acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos.

Incluso se ha tenido que intervenir la Corte Suprema ante medidas ilegales y arbitrarias en que ha venido incurriendo la PDI instalada en el aeropuerto Arturo Merino,  enseñándoles que  Chile suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que este prohíbe las expulsiones colectivas, o  la salida obligatoria de grupos de extranjeros, catalogando la actuación de los funcionarios de la PDI como ilegal y arbitraria y el alto mando de la PDI ha guardado un inexplicable silencio, argumentando que no comenta los fallos de los tribunales, lo que puede ser, pero otra cosa es dejar impune los atropellos a la legislación nacional y los pactos internacionales ratificados por Chile. Por mucho menos, otros funcionarios públicos han sido sancionados severamente y no se entiende el motivo por los cuales los responsables de tales desatinos salven indemnes.

Recordemos que Chile ha ratificado ante la comunidad internacional la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que entró en vigor el 1º de julio de 2003, ratificada por nuestro país el año 2005, instrumento que garantiza el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales y previene en contra de  condiciones de vida y de trabajo inhumanas, abuso físico y sexual y trato degradante, entre otras disposiciones y  que se otorgue a la población migrantes el acceso a los servicios educativos y sociales, entre otras materias. También el país es parte de la Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de septiembre de 2016, llamada la “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”, la que ha venido a señalar textualmente que “recordamos que las obligaciones que hemos contraído en virtud del derecho internacional prohíben todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, en muchas partes del mundo observamos, con gran preocupación, respuestas cada vez más xenófobas y racistas ante los refugiados y los migrantes.”

Los primeros anuncios que hemos conocido hasta ahora sobre una nueva política migratoria, lamentablemente tienen una notoria intención discriminatoria de carácter ideológico, al pretender dar un trato diferente para el ingreso de migrantes al país, según sea la nación de donde provengan, muy similar a las políticas norteamericanas, que fomentan la llegada de población cubana y, en cambio, construyen murallas y militarizan sus fronteras en contra del resto de la población latinoamericana.

No podemos olvidar que quienes emigran hacia Chile son víctimas de un modelo transnacional que ha establecido una nueva división del trabajo internacional, destruyendo  la agricultura,  la industria y la cultura de diversas regiones de nuestro continente, privando a millones del derecho al trabajo, lo que los obliga imperiosamente a buscar nuevos asientos para ellos y sus familias.

Se estima que en el mundo, alrededor de 250 millones de migrantes buscan reiniciar sus vidas en otros países o se la juegan en un viaje riesgoso, enfrentando  condiciones inhumanas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, violencia, esclavitud, secuestros y para no pocos  se trata de un viaje que a veces puede ser el último, a causa de las guerras llevadas a cabo por los Estados Unidos y sus aliados o el saqueo y destrucción de las economías nacionales.

La migración es una consecuencia inherente a las condiciones impuestas por el capitalismo financiero transnacional en América Latina y esa población representa una realidad que debemos entender como parte del nuevo orden mundial  y ante el riesgo que el actual gobierno adopte una política de mayor segregación en contra de la ciudadanos de determinados países , las organizaciones humanitarias, entre otras iniciativas, pueden solicitar la presencia del Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas,  el abogado chileno Felipe González Morales, para denunciar tales medidas y las condiciones inhumanas de vida, a que se ven sometidos un sector importante de lo migrantes.

Probablemente, a partir del nuevo contexto político que impera en el país, se han ido posesionando paulatina y crecientemente ideas de sectores dominantes sobre la inmigración de ciudadanos de diversos países del caribe y Sudamérica que se orientan a demonizar al migrante y la externacionalización de nuestras fronteras.

Así es como se han como se comienza a naturalizar que el gobierno de la Nueva Mayoría habría dejado una herencia de pobreza por las condiciones de vida que afectan a la población migrante, que se estaría importando miseria, que muchos migrantes no tienen

Demonizar al migrante y externalización de fronteras

La  demonización de los migrantes y los refugiados como una amenaza de seguridad, las políticas migratorias agresivas basadas en la militarización y externalización de fronteras y, en el mejor de los casos, en la disuasión, no aportan soluciones a lo que constituye una crisis humanitaria. De hecho, debilitan aún más la condición ya de por sí frágil de estas personas en movimiento e introducen de manera implícita (o explicita) un elemento de complacencia hacia esas muertes de inocentes como “daños colaterales” asumibles en aras de la seguridad, la soberanía y la protección de las fronteras.

Diez millones de apátridas vagan o malviven por el mundo sin nacionalidad, sin derechos y sin libertades básicas. Otros 65 millones de personas en todo el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares, entre ellos más de 22 millones de refugiados, casi la mitad de la población española. Cerca de 244 millones de migrantes se buscan la vida en otros países o se la juegan en un viaje vital, a menudo enfrentándose a condiciones inhumanas, detenciones ilegales, agresiones sexuales, violencia, esclavitud, secuestros. Un viaje que a veces resulta ser el último.

Asimismo, el 22 por ciento de los ocupados inmigrantes pagaría impuesto a la renta por un total de casi 328 mil millones de pesos, es decir, casi 500 millones de dólares, de acuerdo con antecedentes que obtuvo “El Mercurio” por ley de transparencia desde el SII. Por cierto, esta no es la única contribución impositiva que hacen los inmigrantes al país. Una gran parte de sus ingresos es consumida en Chile y significa que por este hecho pagan otros impuestos, como el IVA o gravámenes específicos, que seguramente también suman un aporte relevante. Adicionalmente, no es claro que la mayor parte de las tareas que desempeñan en Chile puedan ser reemplazadas por trabajadores nacionales.

Incluso un intento por valorizar los beneficios sociales a los que acceden los inmigrantes no avala la imputación de que ellos superan la contribución que hacen a la economía del país. Por ejemplo, el valor de los beneficios que reciben los más de 17 mil niños y jóvenes inmigrantes en el sistema escolar chileno no debería pasar del orden de los 35 millones de dólares. Hay otros desembolsos asociados a las atenciones de salud y a beneficios como vivienda, pero cualquier estimación razonable de estos montos no supera la contribución que hacen los inmigrantes al país.

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