En abril de 1976, por la “Operación Cóndor”, la DINA y la Policía Federal de Argentina, secuestraron a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo.

Ricardo Klapp Santa Cruz. “Escuché llegar allí a tres personas, pedían agua, no habían tomado agua en todo el trayecto, venían desde Mendoza”. Gabriela Salazar, detenida en Cuatro Álamos desde marzo de 1976.

“Entré en contacto con un detenido que venía de Argentina. Era Luis Muñoz. Se encontraba en muy mal estado por las torturas sufridas y se quejaba por el dolor. Luis, me contó que había sido detenido en Mendoza junto con dos compañeros. Después de pasar por una unidad militar en Argentina, fueron trasladados a Chile la misma noche del secuestro, en la parte trasera de una camioneta, cruzaron los pasos fronterizos. Luis, me dijo también que habían sido torturados”. Juan Carlos Feres, sobreviviente de Villa Grimaldi en abril de 1976.

La Operación Cóndor, fue un pacto y una organización criminal clandestina internacional para aplicar el terrorismo de Estado (asesinatos y secuestros conjuntos), en coordinación con los Estados Unidos, a fin de eliminar opositores, principalmente a militantes de izquierda. La primera reunión se realizó en la Casa de Piedra en San José de Maipo (Chile), entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. Estuvieron presentes organizaciones criminales de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Inauguró el encuentro Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Brasil participó como observador, y se sumó formalmente en 1976. En 1978, se incorporaron Perú y Ecuador.

El 3 de abril de 1976, en el marco de la “Operación Cóndor”, la DINA y la Policía Federal de Argentina, en Mendoza (donde la DINA tenía un cuartel), secuestraron a tres jóvenes socialistas en Avenida Belgrano 1270, alrededor de las 17:30 horas, con un gran despliegue armado que copó las calles adyacentes. Siendo testigos de ello, José Cerda, Alex Muñoz y Cecilia Muñoz.

Fueron detenidos Juan Hernández Zaspe, presidente de la Fede­ración de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile (FEITECH); Luis Muñoz Velásquez, contador, ex dirigente estudiantil de Puente Alto y dirigente socialista en San Bernardo, y Ma­nuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción. Los jóvenes eran parte la reorganización clandestina del socialismo chileno.

Los secuestradores los llevaron al Regimiento Maipo de Mendoza. En la noche los trasladaron a Chile por el paso fronterizo “Los Libertadores”, en una camioneta con toldo. Los entregaron al campo de torturas “Cuatro Álamos”. En la mañana, los trasladaron al centro de torturas y exterminio “Villa Grimaldi”. Juan Feres Nazarala, estuvo en la misma cajonera y separada por tabiques de madera con Luis Muñoz. Él, al ser liberado, le informó al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, sobre los secuestrados de Mendoza. Don Jaime le informó a una hermana de Luis, para presentar los respectivos recursos de amparo.

Durante el Gobierno de Salvador Allende, los tres jóvenes participaron en trabajos voluntarios, movimientos estudiantiles y respaldando la lucha campesina. Desde su secuestro a la fecha, sus familiares han pedido justicia, interpuesto recursos de amparo, participado en huelgas de hambre, denuncias ante la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas y la Vicaria de la Solidaridad. Además de querellarse hace 18 años, ante el juez Garzón y ante el Juez Guzmán.

En el caso de los tres jóvenes, el Juez Mario Carroza dictó procesamiento hace 26 meses contra 29 genocidas por secuestro calificado, entre ellos a los generales Iturriaga Neumann (Jefe DINA exterior), Willeke Floel (Jefe DINA en Argentina), Espinoza Bravo (2° Jefe de la DINA), e integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA.

Actualmente en el caso Operación Cóndor, el Tribunal Constitucional (órgano de mayoría pinochetista y piñerista), no solo modifica arbitrariamente las decisiones del Poder Legislativo en materia de Sernac, salud y educación, también obstaculiza la función de los Tribunales como parte de la impunidad y la protección a genocidas, para retardar la tramitación de las causas penales, solicitando la suspensión, sin ningún fundamento jurídico y mantener paralizada la investigación y fallo de las causas en los tribunales de justicia por meses y años.

En los juicios en Argentina con otras familias víctimas de la Operación Cóndor, los genocidas están en cárceles comunes y sin privilegios. Muy distinto a Chile, que necesita enfrentar y revertir la impunidad.

Todos los años en abril, los familiares, amigos y compañeros, realizan actos conmemorativos de homenaje. Estos jóvenes estaban comprometidos con el socialismo, luchaban contra la oligarquía y eran latinoamericanistas. Tenían sólidos valores, principios e ideales. Dedicaron y ofrendaron sus vidas a la transformación social y por eso fueron perseguidos. Son herederos del allendismo y su lucha merece todo el homenaje y respeto, ya que sus silencios permitieron que muchos militantes clandestinos siguieran con vida.