El TC juega un papel  de promoción de posturas conservadoras y de muro a tesis progresistas. El TC lleva tiempo restringiendo derechos sociales y ciudadanos.

Editorial. El Siglo. A estas alturas se puede aseverar que el Tribunal Constitucional constituye un peligro para la democracia y los derechos civiles y ciudadanos.

No es casual que las resoluciones de ese organismo afectaran la defensa de los consumidores, posibilitaran el lucro en educación, acotaran derechos laborales e incluso afectaran a casos en derechos humanos.

A eso se añade una situación distorsionadora y fáctica de mucha gravedad. Que el TC pasa por encima de proyectos y leyes aprobadas democráticamente por el Congreso Nacional. Ya no está velando para que no se vulnere la Constitución, sino que se mete en la redacción de las leyes, generando tergiversaciones.

Sin duda, el TC juega un papel  de promoción de posturas conservadoras y de muro a tesis progresistas. El TC lleva tiempo restringiendo derechos sociales y ciudadanos.

Varios juristas plantearon que, como en muchos países, se puede sostener la necesidad de una entidad como el Tribunal Constitucional, pero con condiciones y atribuciones distintas al actual organismo, que trae los resabios de la institucionalidad dictatorial.

Además, es urgente modificar el método para establecer sus integrantes, ya que claramente se arma en la actualidad de acuerdo a intereses políticos fácticos.

De allí que se llame con fuerza en estos días a reformar o transformar el TC y que cumpla una función institucional definida y limitada respecto a decisiones que afecten el funcionamiento del sistema democrático.

 

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