La diputada Karol Cariola y organizaciones requirieron fiscalización para que las privadas cumplan con la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

Santiago. La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, junto a representantes de la sociedad civil como el Colegio de Matronas, la ONG Acción Mujer y Madre, la Corporación Humanas, además de las concejalas Grace Arcos (Conchalí), Judith Rodríguez (Cerro Navia), Elena Salazar (Independecia) e Irací Hassler (Santiago), presentaron un requerimiento ante la Superintendencia de Salud para que fiscalice y asegure el cumplimiento de las prestaciones y derechos de salud de las mujeres, frente a la posibilidad de que las clínicas con las cuales tienen convenios sus planes de Isapre, se declaren con objeción de conciencia.

La diputada Karol Cariola señaló que “las mujeres tienen derecho a recibir las prestaciones relacionadas con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales sin excepción. La objeción de conciencia no puede ser un obstáculo ni un impedimento para el ejercicio de este derecho.”

La parlamentaria integrante de la Comisión de Salud de la Cámara agregó que “no existe en ningún otro país del mundo una situación como esta en donde las instituciones sean objetoras de conciencia. Llamamos a que las usuarias no solamente denuncien cuando se generen situaciones de discriminación desde las instituciones, sino que también cuando las Isapres se nieguen a entregar la cobertura necesaria en cada una de estas prestaciones”.

E insistió en solicitar “una primera fiscalización del cumplimiento de la ley y por otro lado también asegurar que el superintendente de salud fiscalice el cumplimiento del actual decreto que establece los protocolos para la objeción de conciencia, por tanto se garantice la cobertura para cualquier tipo de plan, incluyendo los planes cerrados y planes preferentes de las Isapres, que es en lo que aún quedan vacíos en el decreto pero no en la ley”.

En ese contexto, la legisladora añadió que las Isapres no pueden encarecer los planes de salud a las mujeres por estas prestaciones, ni tampoco pueden aumentar el costo del copago cuando el prestador preferente esté obligado a hacer la derivación porque es objetor de conciencia.

“En este caso la ley y el protocolo son claros: el costo de derivar a una paciente es de cargo de la clínica donde se produce la objeción de conciencia y de la Isapre”, detalló.

En tanto, la Vicepresidenta Metropolitana del Colegio de Matronas, Katiuska Rojas, señaló que fiscalizarán “el acceso universal en salud cubriendo todas las prestaciones”, en la misma línea, Kena Lorenzini de la Corporación Humanas agregó “hacemos un llamado a las mujeres a que se acerquen a Corporación Humanas y a otras ONGs cuando este servicio no se les preste”.

Virginia Palma, de la ONG Acción Mujer y Madre, destacó que “nosotras apoyamos abiertamente la decisión de estar fiscalizando, tenemos el deber de resguardar que las tres causales se mantengan intactas”.

A nombre de las concejalas, Irací Hassler sostuvo que “hemos presentado el requerimiento junto a la diputada Karol Cariola, para que las mujeres y niñas de nuestro país puedan acceder a este derecho que tanta lucha nos costó. Es una lucha histórica desde que la dictadura en su último año nos arrebata el derecho a decidir sobre el embarazo”.

Por último, Karol Cariola planteó sus dudas respecto a la voluntad del Gobierno con respecto a la revisión del protocolo de objeción de conciencia, señalando que  “cuando el ministro dice que está abierto a revisar el protocolo, el mismo día de ayer en la comisión de Salud le hice un emplazamiento a explicar cuál es el sentido de la revisión del protocolo, porque si esto va en la línea de restringir el derecho de las mujeres, de las usuarias que van a necesitar la prestación, claramente vamos a salir en oposición de aquello”.