Sería un compromiso político del Presidente y de miembros de su Gobierno, establecido precisamente con los violadores de derechos humanos.

Editorial. El Siglo. El actual Gobierno, y específicamente los ministros de Interior, Justicia y Derechos Humanos y de Defensa, están estudiando fórmulas para otorgar beneficios carcelarios a ex uniformados procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Eso podría llegar al indulto de represores que secuestraron, torturaron, ejecutaron e hicieron desaparecer a miles de chilenas y chilenos.

Aquello sería un agravio al país y especialmente a los familiares de las víctimas.

Sería una decisión que, inclusive, no se apegaría a normativas y medidas a nivel internacional.

El argumento de enfermedades terminales es discutible y relativo, y podría utilizarse para beneficiar extendidamente a represores que cometieron horrendos crímenes.

Se trata de ayudar a ex uniformados que de manera consciente y planificada actuaron para torturar, ejecutar y desaparecer, e implementar sistemáticamente el terrorismo de Estado.

No se debe obviar que prácticamente todos ellos se han negado a entregar información sobre el destino de cientos de detenidos desaparecidos y no han expresado arrepentimiento por sus actos represivos.

Más grave se torna este asunto, cuando se constata por declaraciones públicas, que el otorgar beneficios carcelarios e incluso el indulto a represores condenados, sería un compromiso político del Presidente y de miembros de su Gobierno, establecido precisamente con los violadores de derechos humanos, grupos de ex uniformados que reivindican a la dictadura y con partidos de la derecha.

En ese marco, cobra importancia cardinal la convocatoria de movilizarse, estar atentos, protestar e impedir que este tipo de medidas se materialice, hecha por las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, y otros sectores de la sociedad civil.