Saber la verdad, surgió como imperativo. Siguen versiones confusas, exigencias y reclamos por el no cierre del penal de represores.

Gonzalo Magueda. Periodista. Como en otros temas de derechos humanos, el imperativo que se está estableciendo es que se sepa la verdad respecto a si existió o no la decisión de cerrar el exclusivo penal Punta Peuco, donde cumplen largas condenas ex uniformados, autores de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En las últimas horas de la tarde de este martes, surgió una mirada que apunta, precisamente, al esclarecimiento de lo sucedido en los últimos días del Gobierno de Michelle Bachelet, en cuanto a la decisión de cerrar o no ese recinto a cargo de Gendarmería. Incluso se habla de que un camino era el traslado de algunos presos a otras cárceles.

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo a la prensa que “lo que corresponde es que los protagonistas den a conocer (y) transparente lo acontecido”. Luego acotó: “Eso va a evitar que haya especulaciones de todo tipo. Y que la opinión pública pueda formarse una opinión respecto de lo acontecido”.

El ex vocero de La Moneda y académico, Francisco Vidal, expresó en esa misma línea, que hay “dudas” de los chilenos respecto a si estaba tomada o no la decisión (el fin de semana recién pasado) de cerrar el penal para represores e indicó que “sería muy bueno que se diera una versión oficial por parte del Gobierno de la Presidenta Bachelet…ya no es Gobierno, pero que haya dos versiones de dos autoridades no es bueno”.

Precisamente, en La Tercera salió este martes una versión vinculada al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, salida de fuentes del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), en el sentido de que el ex titular de Justicia habría sostenido dos reuniones donde se habría negado a firmar un documento respecto al cierre de Punta Peuco y traslado de represores desde ese lugar. La idea, según esas versiones, era dejar en ese lugar sólo a los ex uniformados con enfermedad terminal o “situación vulnerable”, y a los presos llevarlos a otros penales. Pero Campos indicó que no hubo decreto al respecto.

Ernesto Velasco, presidente del PRSD, dijo a ese medio de prensa que “el ministro tiene una versión y no tengo por qué dudar de ello. Hemos pedido máxima transparencia, que se informe lo que aquí realmente ocurrió. Y que transparenten las cosas”.

Ocurre que el lunes circuló un Twitter de la periodista Mónica Rincón, de CNN-Chile, que afirmaba: “…la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries confirmó que ‘el decreto de Punta Peuco fue firmado por la Presidenta Bachelet. No lo cerraba, lo redestinaba para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad’”. “Yo vi los documentos, el documento estaba firmado, faltaban algunos pasos más. No sé qué pasó entre medio, habría que preguntárselo a quienes tengan la respuesta final de esto”, declaró Fries a T13 Radio.

Hay que recordar que el día sábado, desde fuentes gubernamentales, en efecto, se dijo que se podría producir el traslado de represores a otros penales y que existiría el documento de cierre de Punta Peuco. Pero nada se pudo confirmar, ni nada se desmintió.

Lo más oficial que existe hasta estos días, es lo que declaró la ex vocera de La Moneda, Paula Narváez, quien dijo el domingo a la prensa que “no se pudo” concretar una gestión para cerrar Punta Peuco.

En medio de esto, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, indicó que todo este episodio de “dimes y diretes”, es “un agravio adicional para el mundo de los derechos humanos”. Entrevistada por radio Cooperativa, expresó que “si se hizo el decreto, si no se hizo, si estaba en el cajón uno o en el cajón dos, si le hicieron la media firma, la mosca, la firma entera, es irrelevante, y toda esta discusión sólo añade agravio” a las familias de las víctimas.

Hertz sostuvo que “aquí lo único real es que Punta Peuco seguirá siendo una cárcel de privilegio para los genocidas”.