Senado dirimió contienda de competencia entre Contraloría y la Corte Suprema.  Por 16 votos a favor y 12 en contra acogió solicitud del ente contralor.

 Santiago. El Senado finalmente entró a dirimir la contienda de competencia surgida entre la Contraloría y la Corte Suprema respecto a la petición de 1.331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que solicitaban ser traspasados desde el sistema de AFP a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Por 16 votos a favor y 12 en contra la Cámara Alta acogió la solicitud del ente contralor que había rechazado la petición de los trabajadores, mientras que la Corte Suprema había aceptado el reclamo, generando la controversia.

Según informó El Mercurio, Contraloría ha establecido en múltiples ocasiones que estos funcionarios no cumplen con los requisitos para ser traspasados.  Los trabajadores acudieron a tribunales, que en primera instancia y en la Corte de Apelaciones les dieron la razón. En el máximo tribunal el proceso se paralizó, porque se presentó la contienda de competencia.  Contraloría pidió que se reconociera su jurisdicción sobre la materia.

La intervención del Senado no era para resolver la situación previsional de los trabajadores si no que para clarificar qué organismo tiene las atribuciones para determinar esta problemática.

Intervenciones en el Senado

El contralor Jorge Bermúdez y el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, expusieron los argumentos de ambas entidades para que por la tarde votaran los parlamentarios.

Bermúdez se refirió al impacto económico que produciría el traspaso de los 1.331 funcionarios que ascendería a $123 mil millones.  Precisó que cualquier cambio al sistema de previsión se debe hacer por la vía legislativa y no judicial.

El ministro Muñoz sostuvo que la situación no es un problema económico sino que jurídico y que el contralor no puede dictaminar en  materias litigiosas como ocurre en este caso y tampoco si están en conocimiento en tribunales.

Acción judicial

Los funcionarios e la DGAC interpusieron una acción declarativa de mera certeza ante el 29 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. La Corte la rechazó con los mismos argumentos usados por la Contraloría: en 1985 la ley 18.458 estableció las instituciones de las Fuerzas Armadas sometidas a Capredena, sin incluir a la DGAC.

Los trabajadores acudieron entonces a la Corte de Apelaciones de Santiago donde revocaron la decisión y acogieron la demanda. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema para anular el proceso acogido. En forma paralela la Contraloría pidió al Senado la contienda.