Bachelet presentó el proyecto con trazado de contenidos transformadores. La consagración de derechos, eje clave.

 Gonzalo Magueda. Periodista. Finalmente, y como estaba comprometido por este Gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de nueva Constitución, con el propósito de dotar al país de una Carta Magna aterrizada a los nuevos tiempos sociales y dinámicas institucionales, y dejando atrás normativas originadas durante el régimen dictatorial.

La propuesta de la Jefa de Estado, es que el nuevo texto constitucional sea aprobado por la ciudadanía en un plebiscito.

En los medios de prensa, en estas horas, se resaltaron cuestiones como que se establecería el tiempo de permanencia de las o los Presidente de la República por seis años, sin reelección, pero el contenido va más allá, en cuestiones estratégicas, estructurales y culturales para la sociedad chilena.

Por ejemplo, consagrar el derecho a la educación, la salud y los derechos de los pueblos indígenas. Que se consagre la equidad salarial (terminando la brecha entre hombres y mujeres), el respeto a la diversidad y el desarrollo personal, el derecho a la información y que se eliminen los quórum supra-mayorías y las decisiones se adopten por mayoría simple o mayoría absoluta.

Cuando Michelle Bachelet hizo la presentación del proyecto de nueva Constitución, se refirió al cuestionamiento que surgió de que lo presentó en la última semana de su mandato. “Vamos a gobernar hasta el último día”, sentenció, reivindicando la labor de su administración hasta el minuto de término.

En el enunciado del que sería el nuevo texto constitucional, se plantean también algunos valores como insoslayables: la equidad, la libertad, la democracia, los derechos sociales, la solidaridad.

Esta nueva Constitución eliminaría total y absolutamente la Carta Magna impuesta en 1980 por la dictadura, en un proceso irregular y que puso el acento en categorías mercantiles, privatizadoras, conservadoras, restrictivas y discriminatorias donde, por ejemplo, no se consagraban los derechos sociales y se establecían quórum altísimos para cualquier reforma crucial.

Entre los argumentos entregados por la Mandataria, fue la referencia a la realización a lo largo del país de procesos de participación y propuestas, de cabildos ciudadanos, incluso de consulta a los pueblos originarios. En todo ello participaron más de 200 mil chilenos. Se establecieron las Bases Ciudadanas que pasaron a ser componentes del proyecto de nueva Carta Magna.

Asimismo, la Presidenta dijo que se buscará “profundizar la democracia y se complementará a través de mecanismos de innovación democrática como lo es la iniciativa ciudadana de ley, que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio”.

En la presentación, la mandataria habló de que “se establecen nuevos derechos que dan cuenta de los cambios políticos, sociales y culturales que hemos experimentado en los últimos años” e hizo referencia a “los derechos de los niños niñas y adolescentes, el derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho de acceso a la información que obre en los órganos del Estado y reconoce a las aguas como bienes nacionales de uso público”.

Con la presentación de la iniciativa constitucional, que irá al Congreso, se continuó con el proceso iniciado durante la gestión de Michelle Bachelet, para avanzar hacia la materialización de una nueva Constitución para Chile.

Ahora vendrá un debate que no solo será legislativo, sino que político y social, cruzando, seguramente, a diversos actores de la sociedad chilena, principalmente del movimiento social, ante lo cual, como se sabe, la derecha política y segmentos conservadores del país, se oponen a la existencia de un nuevo texto constitucional.

Además, diversos sectores políticos y sociales están porque se concrete una Asamblea Constituyente para que lidere y resuelva lo sustancial respecto a los contenidos y normativas de una nueva Constitución.