No es efectivo que estos trabajadores poseerían el privilegio de la inamovilidad en sus cargos, ya que solo un tercio de ellos tienen cargos de planta.

Pedro Aravena Rivera

Abogado

Con motivo del próximo cambio de gobierno, se han publicado una serie opiniones en medios escritos orientadas a justificar anticipadamente la procedencia de despidos en la Administración del Estado, de notoria motivación política y excediendo el normal recambio de los equipos que el nuevo ejecutivo requiere.

Se ha empezado a poner en duda la legitimidad de los concursos, del traspaso a la contrata de personas que estaban a honorarios y los aumentos de dotaciones necesarias para cubrir necesidades derivadas de determinadas políticas públicas. Lleva la delantera en esta campaña la Fundación Jaime Guzmán, que a través del abogado Máximo Pavez ha preparado un instructivo para despedir funcionarios públicos desde el presente mes de marzo.

Por otra parte, se desliza en diversos medios, la existencia de una presunta investigación de la Contraloría General de la República, a raíz de denuncias de parlamentarios. Igualmente, se ha cuestionado que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, que permite que personas contratadas a honorarios sean prioritariamente nombradas en calidad de contrata.

El Mercurio, en un estilo menos estentóreo, ha editorializado en torno a la protección laboral de los trabajadores del Estado y citando las opiniones de Patricio Valdés, ex Ministro de la Corte Suprema, contrarias a la aplicación de normas del Código del Trabajo al sector público, ha criticado que la actual Cuarta Sala del máximo Tribunal haya hecho extensivo ese Código a los  funcionarios públicos, cayendo en los mimos lugares comunes que se utilizan para desprestigiar a los funcionarios del Estado, sobre una supuesta inamovilidad funcionaria.

Las sentencias de la Corte Suprema nunca han aplicado las disposiciones propias de las relaciones laborales del ámbito privado, sino que se han limitado a señalar que los trabajadores públicos tienen la posibilidad de hacer uso del procedimiento de Tutela Laboral, cuando se vean afectados en sus derechos fundamentales, a causa de acciones u omisiones de la autoridad en el marco de las normas administrativas que regulan los vínculos laborales del sector público.

De manera que oponerse a que los trabajadores públicos puedan recurrir al amparo del procedimiento de Tutela Laboral, constituye negar la vigencia de los derechos fundamentales en orden laboral administrativo, dando origen a una discriminación que infringe el principio de igualdad ante la Ley. Desconociendo de esta forma, la relevancia de los derechos fundamentales como un avance que amplía la protección de la dignidad de todas las personas y que sintetiza los derechos humanos, económicos y sociales emanados de los instrumentos del derecho internacional, con los derivados de la Constitución y demás normas del derecho interno.

Ahora bien, en el caso de los trabajadores a honorarios, se ha logrado que el Poder Judicial, en numerosos y reiterados fallos les haya reconocido la calidad de trabajadores bajo vínculo de subordinación y dependencia, poniendo término a la simulación de una inexistente condición legal de trabajadores independientes que arriendan sus servicios

No es efectivo que los trabajadores del Estado poseerían el privilegio de la inamovilidad en sus cargos, ya que solo un tercio de ellos tienen cargos de planta y están afectos, no solo a sumarios, sino a diversas otras causales de cesación de servicios y más de dos tercios de los trabajadores públicos están una condición precaria, ya sea por estar nombrados a contrata o contratados a honorarios, es decir, dependiendo de la buena voluntad de la autoridad de turno para su continuidad laboral.