Factores, hechos, ideas que marcaron, en lo global, el segundo mandato de la primera mujer Presidenta del país.

Hugo Guzmán. Periodista. Tres elementos marcan en lo global-estratégico la presidencia de Michelle Bachelet Jeria (2014/2018): renovó el contenido de la agenda/país; inició reformas que gravitan en derechos de la población; amplió/profundizó el marco democrático del país.

Como todo proceso político/gubernamental, el pavimento mostró baches, pero de acuerdo al trazado definido por la jefa de Estado, y el conglomerado oficialista (Nueva Mayoría), hubo logros sustanciales/objetivos. Un elemento de medición/balance, es el contenido del programa establecido.

También 48 meses donde se produjeron hechos informativos/noticiosos de impacto político negativo, como el Caso Caval, las extendidas situaciones de financiamiento irregular de la política, pugnas intra/oficialismo, cambios de Gabinete, procesamientos de parlamentarios, empresarios y dirigentes políticos por cohecho y delitos tributarios y financieros, mega fraudes en el Ejército y Carabineros, incumplimiento de los objetivos trazados en su verdadera dimensión y contenido, baja en el respaldo a la mandataria y cuestionamiento extendido a los partidos políticos y sus dirigentes.

En el camino se toparon alternativas y se materializó una fuerte disputa por el proyecto/país, donde en lo sustancial chocaron las fuerzas/expresiones progresistas y transformadoras, con las fuerzas/expresiones conservadoras y contra-reformistas.

Lo anterior no tuvo expresión solo en las fuerzas políticas -principalmente la Nueva Mayoría y Chile Vamos-, sino entre sectores sociales (trabajadores-empresariado), en el seno de la sociedad civil y en la estructura de medios de comunicación.

Son, en todo caso, múltiples los hechos ocurridos en los cuatro años de esta segunda administración bacheletista, donde un recuento no permite del todo clarificar en blanco y negro la síntesis del proceso, pero sí establece una serie de sucesos que marcan lo ocurrido.

En ese camino, se podrían tener en cuenta algunas situaciones/logros del periodo: se cambió el sistema electoral binominal por uno proporcional acotado; se otorgó el derecho a voto de los chilenos residentes en el exterior; se instaló una nueva Ley de Partido Políticos destinada a transparentar y normar el funcionamiento de las colectividades y se avanzó en normativas anti-corrupción en la política; se dieron pasos importantes en ampliar derechos laborales, dando pasos para desmantelar, en concreto, el Plan Laboral dejado por la dictadura; se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y entre otras cosas en este ámbito, se legisló para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, colocando a Chile en un estándar internacional; se avanzó en generar una nueva institucionalidad para la infancia, dejando atrás el Sename y normativas obsoletas; se dio inicio a una transformación en educación, estableciendo la gratuidad para cientos de miles de jóvenes y colocando sobre la mesa varias medidas para avanzar en educación pública y de calidad, lo que incluyó la materialización de la carrera docente; se dieron los pasos para contar con cambios en el sistema de pensiones, hegemonizado hasta ahora por los grupos financieros a través de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).

Todo eso tuvo un apoyo consistente de distintos sectores de la sociedad y del movimiento social, pero también fuertes cuestionamientos de segmentos políticos y de la derecha política y económica.

Algo que distintos analistas han señalado, fueron deficiencias comunicacionales en la instalación de los proyectos y logros del Gobierno, a lo que se sumó una sostenida línea editorial de los hegemónicos medios conservadores/privados y vocerías de la derecha, destinado a desacreditar las reformas.

Se sumaron elementos como la deficitaria labor comunicacional gubernamental; un botón de muestra fue el continuo cambio de jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, y que esa entidad jamás asumiera un plan/definición en cuanto a la gestión/desarrollo de la agenda y propósitos del Gobierno y de la Presidenta.

En ese cuadro, no ayudó una situación económica adversa en el mundo y América Latina, que afectó a Chile (el magro crecimiento de la economía chilena estuvo en el promedio latinoamericano y no constituyó, como se quiso establecer, una negativa excepcionalidad), así como la importante baja en el precio del cobre.

En muchas de estas materias e iniciativas, surgió un muro fáctico, con decisiones del Tribunal Constitucional -con las características que tiene esta entidad en Chile- que evitaron, por ejemplo, mayor profundización en derechos laborales, ciudadanos y de los consumidores.

Se instaló otra agenda

Uno de los factores presentes fuertemente en la administración de Michelle Bachelet, es que se instaló en Chile una renovada agenda/país. Temas antes vetados, omitidos, olvidados, postergados, se abrieron paso con consistencia.

Es así que hoy desde la izquierda y hasta la derecha, se discute/polemiza y se afinan iniciativas, en materias como pensiones, derechos de la diversidad sexual y de la mujer, ampliación de derechos laborales, gratuidad en educación, más democracia y participación, e incluso, al término de su mandato, Bachelet envió el proyecto de nueva Constitución.

La agenda del país contempla hoy transformaciones progresistas e incluso de corte revolucionador, en que son emplazadas fuerzas políticas y sociales.

Todo indica que la nueva administración de la derecha en el Ejecutivo, está precisamente tensada y complicada por esta nueva agenda.

Una agenda que encuentra asidero en amplios sectores de la sociedad, transversalmente.

En ese marco, y si bien en este Gobierno no se avanzó lo que se debía, y pese a las maniobras conservadoras de invisibilizar esos temas, se instaló la discusión y las propuestas, sobre un nuevo modelo de desarrollo que permita, por ejemplo, pasos de industrialización nacional, donde la administración de los recursos naturales nacionales (cobre, litio, agua) por parte del país y no de trasnacionales y consorcios privados, sea un eje fundamental para el real desarrollo del país, dejando atrás el modelo extractivista y mercantilista.

Demandas desde el campo democrático-popular

En estos cuatro años, como era de esperar, nada fue fluido ni lineal para el Gobierno desde una perspectiva del campo democrático/popular. Si bien hubo explícitos respaldos y aplausos a muchas de las reformas y medidas, también hubo críticas y cuestionamientos.

Como en todo proceso de estas características, el tema de la amplitud y profundidad “de los cambios”, fue algo presente de manera permanente e incluso generó situaciones de contradicción y de rechazo al Gobierno y a la NM.

Es en ese marco de fondo, más allá del anecdotario, que en el periodo bacheletista incuba y de desarrolla una nueva fuerza política: el Frente Amplio.

Pero algo que demostró lo anterior, es que amplios sectores del pueblo demandan mayores y más profundos cambios y transformaciones en el país, sobre todo en temas como educación, salud, vivienda, trabajo, previsión, diversidad sexual, descentralización, transporte, salarios, etc.

Desde el campo democrático/popular, se hicieron explícitos reclamos y cuestionamientos por frenos, distorsiones, malas decisiones y contenidos, en cuestiones como la reforma tributaria, que tuvo aspectos positivos (captación de 8 mil millones de dólares para planes sociales), pero limitada por la acción de lo que se llamó “la cocina”, como definición de operaciones entre cuatro paredes para echar abajo partes sustanciales de ese proyecto; fallas, errores e inconsistencias en materia de salud pública, sobre todo de atención primaria, acceso a los servicios públicos e infraestructura hospitalaria; deficiente y abusivo sistema de transporte, y pocos avances en el servicio del Transantiago; una política exterior subordinada a las tesis estadounidenses y de la derecha latinoamericana, en la cual tuvieron peso no solo las fuerzas conservadoras del país, sino segmentos de la propia NM; deficiencias comunicacionales que gravitaron en incomprensiones, confusiones, distorsiones y lo que se define como “mala pedagogía” política y comunicacional, que incidió negativamente en la labor gubernamental; bajo compromiso en la defensa de las riquezas nacionales para ir avanzando en un modelo de desarrollo propio y soberano, lo que se mostró cabalmente en el deleznable acuerdo entre Corfo y Soquimich para la explotación del litio y la persistencia de una Ley de Pesca originada en un proceso marcado por el cohecho; no culminar el penal de Punto Peuco, un reclamo de hace tiempo de las agrupaciones de derechos humanos.

El factor del “fuego amigo”

Algo que sin duda afectó en estos cuatro años, fue la situación del conglomerado de la Nueva Mayoría, cruzado por la disputa de sectores transformadores y contra/transformadores, que frustró mucho de la concreción efectiva del programa de Gobierno, promovió el “fuego amigo” fatal en la política, las deslealtades y conflictos que diezmaron finalmente el acuerdo/trabajo de la NM y afectó de manera determinante a La Moneda. Lo que se llamó “las dos almas” dentro de la NM. Como sintetizó el analista Patricio Palma, la NM fue “un barco con muchos forados, por donde entró mucha agua”, desestabilizando la armazón para navegar.

Las cosas llegaron a tal punto, que fue constatable que ministros nombrados por la propia jefa de Estado, en carteras estratégicas como Interior y Hacienda, terminaron desoyendo y contradiciendo a la Presidenta y entrando en choque con el programa de Gobierno. El peor de los mundos para cualquier administración.

Obviamente traspasa el concepto de “fuego amigo”, pero para nadie es un secreto que el involucramiento del hijo y la nuera de la mandataria en un grave y enredoso proceso judicial por irregularidades y posibles delitos financieros, el ya famoso Caso Caval, fue un torpedo de magnitud contra la Presidenta y La Moneda. Tan así, que terminados los cuatro años el tema sigue instalado y las esquirlas continúan dañando a Michelle Bachelet.

Lo que agudizó ese episodio, es que se produjo en medio de una ola de casos de corrupción empresarial y política, sobre todo con el financiamiento ilegal de campañas electorales, labores de personeros políticos e influencia en aprobaciones de leyes, en medio de lo cual la Presidenta aparecía con su rasgo de austeridad y transparencia, lo que se desvirtuó -injustamente o no- con el Caso Caval.

Además, ese fue el inicio del fin de colaboradores claves para Bachelet, como el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y otras/otros que se desempeñaban en oficinas de La Moneda.

No hay que olvidar que después de eso, se vino un andanada de notas en medios de prensa respecto a reales o falsos detalles del episodio, pero además, una constatable intención de echar abajo la imagen presidencial y dañar a la mandataria en su condición personal, queriendo establecer, por ejemplo, que estaba bebiendo mucho alcohol y tomando delicadas medicinas.

Fin del camino

Unas declaraciones del ex ministro, Francisco Vidal, precisamente respondiendo a análisis lapidarios de los cuatro años del Gobierno de Michelle Bachelet, apuntaron a una especie de síntesis de este periodo. Afirmó que, como sea, “el país avanzó en lo que la coalición (NM) y Bachelet se propuso, (eso) es sin duda completamente verificable”.

Sostuvo también: “Que no se lograron todos los objetivos propuestos es claro. No acompañó a ese cumplimiento errores políticos nuestros. Pero por otro lado, Bachelet corrió el cerco de la sociedad chilena en múltiples políticas a través de las reformas y hace que este país sea un poco más justo que hace cuatro años”.

Hay elementos novedosos de todo tipo en lo que fueron estos 48 meses. Por ejemplo, Michelle Bachelet estuvo al frente de un conglomerado que por primera vez en toda la historia, convocó y reunió a comunistas y democristianos.

Hubo asuntos que, en realidad, no tuvieron que ver con que ella o el programa de la NM pasaran una retroexcavadora, sino que simplemente se recuperaran derechos que habían sido conculcados a la ciudadanía en el periodo dictatorial: como la existencia de gratuidad en educación, despenalización del aborto en algunas causales, realización de huelga sin reemplazo de los trabajadores.

De tal manera que el proceso de reformas no tuvo que ver solo con cuestiones nuevas y transformadoras, sino con recuperación de derechos, algo que reduce el tono dramático que se quiso poner al proceso.

Hubo sí pasos novedosos, como el derecho al voto de residentes en el exterior, unión civil para parejas diversas, creación de los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de las Culturas, la nueva política para la infancia y el echar adelante el cambio de la Constitución del país.

Luces y sombras, como suele ocurrir. Pero todo indica que más allá de debates sobre si este fue o no uno de los mejores gobiernos contemporáneos, claramente fue una administración que modificó la agenda del país, impuso temáticas de hondo alcance, fijó un trazado transformador (que puso/pone en modo desafío al progresismo, la izquierda y la derecha) y echó a caminar modificaciones estructurales en ámbitos muy sensibles para la gente.