No será un sumario interno  el que resuelva esta cuestión, que más parece a estar sacando las castañas con la mano del gato.

Pedro Aravena

Abogado

Los antecedentes que se conocen  respecto de la actuación de altos mandos de Carabineros, son suficientes para afirmar que se ha quebrantado impunemente  el estado de derecho por parte de los mandos de la institución policial, al resistirse al cumplimiento de una diligencia judicial, usando la amenaza de la fuerza

Tan grave es la situación producida por la acción deliberadamente concertada de su alto mando, que han hecho oscilar a representantes de otros poderes del Estado, quienes finalmente se han situado en un punto equidistante como si su papel fuese  arbitrar una contienda entre iguales.

No será un sumario interno  el que resuelva esta cuestión, que más parece a estar sacando las castañas con la mano del gato.

Por el contrario, estamos ante una escala de la crisis que envuelve al cuerpo de Carabineros hace ya bastante tiempo, cuya matriz deriva de la dictadura, en la que una de sus más importantes unidades, denominada como  Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), ha sido respaldada corporativamente, no obstante la  denuncia judicial de que un grupo de sus oficiales han incurrido en los delito de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la justicia. De allí la gravedad que inviste la actitud desafiante del Director de Inteligencia y el uso de la fuerza para impedir la incautación de medios de prueba de tales acciones delictuales, poniendo en duda todas las investigaciones llevadas a cabo en la Novena Región.

El accionar de la Dipolcar cuyo nombre recuerda a la tristemente célebre Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), se funde en un espiral con  el fraude que ha envuelto a toda la rama de Intendencia de Carabineros y la frecuente ocurrencia de delitos comunes en que funcionarios de esa institución se han visto involucrados. En lo esencial, son evidencia de una crisis mayor, que amenaza con  dañar profundamente la seguridad interior del país, esto es, las mínimas condiciones que garanticen la vida y el bienestar de la población.

Por ello, que si bien es necesario poner término, cuanto antes,  al actual mando superior de Carabineros por su responsabilidad en los hechos señalados, las causas de su profunda conmoción institucional no se resuelven al interior de Carabineros, pues es un problema político y social, que requiere la participación de los poderes soberanos de la nación.

Así como la creación de Carabineros de Chile, hace ya más de 90 años, fue un  avance para la sociedad y el tipo de Estado que se construía en ese entonces, hoy se requiere la creación de una institucionalidad policial que reemplace a la actual sobre la de un nuevo policía, en cuyo profesionalismo destaquen los valores de la democracia, la integridad de los derechos fundamentales de todas las personas y la no discriminación, junto con el respeto de las diversas formas de vida social presentes en la actualidad.

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